Tras su presencia en la manifestación de la AVT del domingo en Madrid, PP y UPN han optado por mantener el rechazo a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo (TEDH) presentando mociones en ayuntamientos vascos. El resultado fue que se quedaron solos y no recabaron ningún apoyo.

UPN abrió el fuego presentando el miércoles una moción en Tafalla para «condenar el currículum criminal» de Inés del Río, pese a que la alcaldesa, Cristina Soto, manifestó cuando la expresa abandonó la cárcel de Teixeiro que no tenía apenas ninguna relación con la ciudad.

Desde Bizkaia, la secretaria general del PP en este herrialde, Nerea Llanos, anunció que presentarán hoy una moción similar contra Juan Manuel Piriz, que abandonó la cárcel de Algeciras el día 25. En ambos casos, no consiguieron recabar ningún apoyo y mostraron la soledad de su posición, únicamente alentada por los sectores más ultraderechistas.

En Tafalla, todos los grupos de la oposición -Bildu, PSN e Iniciativa por Tafalla (IT)- se marcharon del Pleno al considerar que la moción presentada por UPN no aportaba nada y únicamente trataba de sacar rédito político de una situación delicada. Este fue el mensaje que lanzó el portavoz de Bildu, Arturo Goldaracena, y también la edil de PSN Verónica Olcoz, que, tras condenar «todas las formas de la violencia» y mostrar su apoyo a «todas las víctimas», destacó que tras el cese de la actividad armada de ETA «estamos ante una oportunidad histórica que requiere que se den pasos hacia una convivencia pacífica».

La moción de UPN iba en dirección opuesta, por lo que Olcoz anunció que el PSN abandonaría el salón de plenos sin votar la moción y animó a los otros dos grupos de la oposición a hacer lo mismo, recibiendo una respuesta positiva por parte de Bildu e IT.

Todo ello, delante de un elevado número de cámaras que acudieron al calor del morbo que provocaba la moción de UPN.

La reacción de Sota fue furibunda, pese a que la moción se aprobó gracias a los votos de UPN, los únicos que permanecieron en la sala. Acusó al PSN de «estar con Bildu» y calificó su postura de lamentable.

Al día siguiente, el secretario de Organización de UPN, Sergio Sayas, que acudió al Pleno de Tafalla ante lo que preveía como un triunfo de su estrategia, volvió a arremeter contra el PSN, calificándole de «vil, execrable y cobarde» y anunciaba que presentaría la misma moción ayer en Atarrabia y avanzaba que lo haría en otros municipios. Además, reclamó a Alfredo Pérez Rubalcaba que actúe contra el PSN.

Roberto Jiménez asumió la responsabilidad de lo ocurrido en Tafalla, mientras el secretario general del PSN, Santos Cerdán, pedía a Sayas que rectificase sus «miserables palabras» con la amenaza de romper relaciones. Sin embargo, horas después votaban juntos en el Parlamento.

La situación puede repetirse hoy en Portugalete, ya que el PSE permitirá que se vote la moción del PP contra Piriz, pero no la apoyará, según anunció Rodolfo Ares.

En Garinoain, Ayuntamiento gobernado por Derecha Navarra y Española (DNE) pese a la oposición vecinal, el equipo de gobierno aprobó una declaración de «persona non grata» contra Del Río.

Las declaraciones contra los presos a los que afecta la sentencia de Estrasburgo también llegaron desde el Congreso español, donde el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondiendo a UPyD señaló que el Gobierno busca fórmulas para que quienes salgan de la cárcel no puedan cobrar el paro.

Amenaza a Herrira

Asimismo, Fernández Díaz, en otra respuesta a UPyD, amenazó a «quienes clandestinamente intentan continuar con las actividades de Herrira, que sepan que están en libertad provisional y que está decretado el cese cautelar de sus actividades. Que se atengan a las consecuencias».

Desde la judicatura, el magistrado Enrique López (TC) defendió ayer la actuación de la Audiencia Nacional, que la semana pasada decretó la puesta en libertad de Inés del Río y de Juan Manuel Piriz. «Hizo lo que tenía que hacer y en el tiempo que tenía que hacerlo», señaló.

«Como ciudadano entiendo y comparto el dolor y la preocupación de las víctimas por esta resolución, pero como miembro de un tribunal tengo que respetarlo y aplicar la resolución. No hay que olvidar que lo que aquí está en juego es el principio de libertad, que es un principio soberano en la aplicación de la norma», destacó López.

Por otro lado, en el Parlamento de Gasteiz, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, remarcó que, lejos de lo que puedan opinar los magistrados del TS o del TC, es a la Audiencia Nacional a quien compete ejecutar el fallo de Estrasburgo. «Es verdad que el Constitucional y el Supremo pueden realizar pronunciamientos, pero la decisión de ejecutar la sentencia del Estrasburgo corresponde a las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional», subrayó.

Esta afirmación choca con lo dispuesto por la asociación Dignidad y Justicia, que ayer presentó un escrito de denuncia ante la Fiscalía General del Estado alegando que la liberación de Inés del Río y Juan Manuel Piriz es nula porque, a su parecer, la Audiencia Nacional no es el órgano competente para resolver.