La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, tras incluir una serie de enmiendas introducidas por PNV y PP para que las nuevas fundaciones bancarias que surjan como consecuencia de la reestructuración bancaria no tengan que crear un fondo de reserva, condición establecida por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE), para hacer frente a «posibles necesidades de recursos propios» y «garantizar la liquidez».

Esta condición se recogía en el anteproyecto de la ley, que obligaba a las cajas que controlan más del 50% de un banco a dotarse de un fondo de reserva, una circunstancia que, en opinión del presidente de Kutxabank, Mario Fernández comprometería «seriamente» la obra social.

Según el portavoz económico del grupo parlamentario del PNV, Pedro Azpiazu, la enmienda introducida por PNV y PP posibilitará que las cajas no tengan que crear dicho fondo de reserva, lo que interpretó como una manera «satisfactoria» de dar «continuidad y futuro a la obra social de las cajas de ahorro».

Azpiazu, se mostró «satisfecho» por el paso dado ayer, ya que, y tal y como indicó, este proyecto de ley «ha contado, desde el principio, con enormes dificultades y restricciones para introducir variaciones» y «de constituirse el fondo de reserva en los términos inicialmente previstos en la ley, pondría en serio peligro la obra social de Kutxabank».

Además, a su juicio, la redacción original «hubiera supuesto también dejar a Kutxabank en una situación de desventaja competitiva con respecto a otras entidades financieras».

No obstante, y como contrapartida a la no obligatoriedad de crear dicho fondo, el texto pactado incluye un programa de desinversión por el que deberán vender parte de su accionariado hasta situarse por debajo del 50 por ciento, lo que posibilitará la entrada de nuevo accionariado de fuera de Euskal Herria.

Este programa de desinversión, según la redacción acordada, «será supervisado por el Banco de España, tendrá carácter reservado y deberá ser ejecutado en el plazo máximo de cinco años». En caso de que el Banco de España detecte incumplimientos, podrá exigir en un plazo de 20 días modificaciones del plan financiero que incluyan, ahora sí, la constitución del fondo de reserva.

El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, señaló el martes por la tarde que la solución alcanzada en Madrid por PNV y PP es «razonable». A su juicio, «aquí lo que se trata es de conseguir modificar lo necesario para que, desde el respeto que merecen las cajas, prescindiendo de los avatares personales, éstas no tengan que sufrir un perjuicio adicional que se traslade en `no obra social'».

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, mostró también su respaldo al acuerdo y calificó la enmienda como «alternativa» al fondo de reserva, que «cumple perfectamente su finalidad».

«Competencia autonómica»

Asimismo, el PNV incorporó cuatro enmiendas más al proyecto de ley, entre ellas una que «reconoce la competencia autonómica sobre el régimen de fundaciones», y otra de orden organizativo, que permite a las cajas de ahorros que deben transformarse en fundaciones poder continuar funcionando como cajas durante el periodo de transición, mientras realizan las modificaciones necesarias para la transformación.

La norma que fue aprobada por el Gobierno español establecía que las cajas que ejerzan su actividad mediante un banco o las que tengan una participación en una entidad de crédito de al menos un 10% deberán transformarse en fundaciones bancarias antes de fin de 2014.

Además, la ley, que da cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Memorándum de Entendimiento (MOU), incluye un nuevo marco jurídico para las cajas «vuelvan a su actividad natural, centradas en el negocio minorista y en su ámbito territorial».

Votaciones

La Ley fue aprobada con los votos a favor del PNV y del PP, mientras el PSOE lo rechazaba y CiU se abstenía, al considerar que es «indispensable» que en los futuros patronatos estén presentes las entidades fundadoras y porque ve necesario un mayor peso de los gobiernos autonómicos a pesar de que las cajas amplíen su negocio a otras regiones.

El portavoz del PSOE, Valeriano Gómez, explicó que su grupo votó en contra porque el diseño de la estructura del protectorado y de quién debe ejercer esa condición, en el ámbito de las cajas regionales, «no está suficientemente clarificado». Tampoco se mostró de acuerdo con el régimen de incompatibilidades, ya que, aunque acepta que se extremen las exigencias de profesionalidad, no ve bien que se haga tanto como en la ley.

El diputado del PP José López Garrido dijo que la norma «hace posible que las cajas sigan existiendo» y que al despojarlas de su labor financiera centrarán toda su actividad en la obra social. También dijo que la ley va a contribuir a que vuelva a fluir el crédito, gracias a que las cajas quedarán gestionadas «con los máximos niveles de profesionalidad y transparencia».