Cada vez que los sectores populares lanzaron desafíos profundos a las clases dominantes, consiguieron modificar el escenario político, tanto a escala regional como en cada uno de los países integran la región. En la década de los sesenta y parte de los setenta, fueron demandas obreras, campesinas y estudiantiles por derechos democráticos que se defendieron con tanta intensidad que hicieron tambalear las estructuras de poder y se saldaron, en general, con la instalación de regímenes autoritarios alineados con Estados Unidos.

Movimientos campesinos en Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia; levantamientos obreros en Argentina (los célebres Cordobazo y Rosariazo), mineros en Bolivia y de todos los sectores populares en Chile, cuya potencia puede expresarse en un solo dato: en 1970 cerca de la mitad de la ciudad de Santiago estaba «tomada» por pobladores que autoconstruían barrios, viviendas y servicios. Algo similar sucedía en otras capitales, conformando un amplio desborde popular desde abajo que sólo pudo ser contenido con represión y muerte.

Dos décadas después, cuando el modelo neoliberal hizo estragos entre los sectores populares y las capas medias, comenzó un nuevo ciclo que volvió a modificar el escenario político de la región, pero en sentido inverso, desgastando a los partidos tradicionales y facilitando así el acceso a los gobiernos de fuerzas progresistas y de izquierda. El punto de partida de este ciclo de protestas suele considerarse el Caracazo de febrero de 1989, el levantamiento masivo y macizo de la población de Caracas contra un paquete de alzas de precios decretado por el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (amigo personal de Felipe González).

El gobierno lanzó a los militares contra la población. Según las diversas fuentes masacraron entre 400 y tres mil personas, sobre todo en los cerros, los barrios más pobres de la capital. Fue el comienzo del fin del bipartidismo venezolano que despejó el camino al triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998. Luego suceden una decena de insurrecciones populares en Ecuador (donde cayeron tres presidentes), en Bolivia (dos «guerras» por el gas y una por el agua), en Argentina, Perú y Paraguay, además de importantes movilizaciones en Brasil, Chile y Uruguay. Este impresionante ciclo popular puso a la defensiva tanto a las derechas como a las burguesías aliadas de Washington y modificó el escenario político por lo menos durante una década.

Los actuales gobiernos progresistas de la región serían incomprensibles sin este ciclo de luchas que desbordó las instituciones existentes, tanto las estatales como las políticas. Los partidos que gobiernan Bolivia, Venezuela y Ecuador, por ejemplo, no existían antes que los pobres organizados en movimientos desarticularan las viejas gobernabilidades. A diferencia del ciclo de los sesenta, donde se registró un fuerte protagonismo de las guerrillas y los partidos comunistas, en el de los noventa los movimientos fueron capaces de auto-organizarse en base a sus comunidades territoriales en campos y ciudades. Mientras el primer ciclo fue protagonizado por obreros, campesinos y estudiantes, en el segundo jugaron un papel destacado los indígenas y los pobres urbanos y rurales, los llamados «margi-nales» por la sociología y parte de las izquierdas.

Ante nuestros ojos está despuntando, al parecer, un nuevo ciclo de protestas y movilizaciones. La resistencia está centrada en la minería y los monocultivos, en particular la soja, así como en la especulación urbana, o sea en los diversos modos que asume el extractivismo. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en la región hay 197 conflictos activos por la minería que afectan a 296 comunidades. Perú y Chile, con 34 conflictos cada uno, seguidos de Brasil, México y Argentina, son los países más afectados.

La resistencia es particularmente potente en Perú, donde el 25% del territorio fue concesionado a multinacionales mineras. La conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno de Ollanta Humala, llevó a la militarización de varias provincias y provocó la muerte 195 activistas entre 2006 y 2011. El proyecto Conga de minería aurífera en el norteño departamento de Cajamarca, sigue paralizado por la contumaz resistencia de miles de comuneros que acampan en las lagunas para impedir su contaminación.

La cordillera andina registra importante actividad anti-minera en Chile y Argentina. La canadiense Barrick Gold, la principal productora de oro del mundo, se vio forzada a suspender su proyecto Pascua Lama en la frontera entre Chile y Argentina, por la presión social que forzó decisiones judiciales adversas. La minería no sólo contamina sino que fuerza la construcción de mega-represas hidroeléctricas para sostener el elevado consumo de energía que requieren.

La resistencia a la soja, el principal cultivo transgénico en la región, se está haciendo sentir con fuerza en Argentina. Primero fueron las Madres de Ituzaingó que ganaron un juicio contra productores y fumigadores que provocaron muertes y enfermedades en la localidad de seis mil habitantes del sur de Córdoba, rodeada de campos de soja. Un pequeño grupo de madres descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional, porque el agua que consumen está contaminada con plaguicidas por las fumigaciones aéreas. El 80% de los niños de Ituzaingó tienen agroquímicos en la sangre y el 33% de las muertes son por tumores.

Estos días Monsanto debió paralizar la construcción de una enorme planta cerca de Córdoba, donde pretende instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico con el objetivo de llegar a 3,5 millones de hectáreas sembradas. Decenas de militantes acampan frente a las entradas de la planta en construcción y durante un mes impidieron el ingreso de camiones con amplio apoyo de la población. La cuestión ambiental está instalada en toda la región, pero lo novedoso es que ya no sólo se denuncia sino que se empiezan a conseguir victorias.

En Chile los estudiantes y los mapuche han conseguido un amplio apoyo a sus demandas. En Colombia se registró, entre agosto y setiembre, la mayor movilización campesina en décadas contra las consecuencias del TLC con Estados Unidos. El paro agrario nacional movilizó a miles de productores de alimentos que atraviesan una profunda crisis que los está forzando a abandonar tierras y cultivos. Sus movilizaciones confluyeron con los camioneros, los pequeños y medianos mineros y con una parte de la población urbana insatisfecha, como los trabajadores de la salud y la educación.

Finalmente, en junio estallaron las ciudades brasileñas. Luego de un intenso mes donde millones de manifestantes ocuparon las calles en 140 ciudades y consiguieron revertir los aumentos del precio del transporte en más de cien ciudades, una nueva juventud sigue en las calles demandando el derecho a la ciudad y la democratización de la vida urbana, lo que pasa por acotar la especulación y las grandes obras que demandan eventos como el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de Janeiro.

Aún es pronto para saber si este ciclo incipiente se consolidará. Menos aún para detectar los rumbos que irá tomando. Lo cierto es que apunta contra las facetas más depredadoras del modelo extractivo, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, y parece destinado a profundizar los cambios iniciados hace más de una década.