Las asociaciones de juristas europeos AED y ELDH afirman que el Estado español no respeta los compromisos adquiridos a nivel internacional, «violando una y otra vez derechos» reconocidos esos convenios y tratados», y reclaman la abolición de los tribunales de excepción y la finalización de la persecución de actividades legítimas. ¿Se dará el Gobierno español por aludido o solo habrá oído un «insulto a las víctimas»?