La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas está en vigor en el Estado español, pero este no investigará las desapariciones de la guerra del 36 y de la dictadura posterior porque la competencia del Comité sobre Desapariciones forzadas de la ONU está limitada por la fecha de entrada en vigor de la Convención, en diciembre de 2010. Ese es el argumento esgrimido por Madrid para rechazar esa investigación. No dice que no se deban investigar esas desapariciones, sino que no las va a investigar. Pero al justificar su negativa con un impedimento que no existe, el Gobierno español viene a decir de la forma más grosera que si la entrada en vigor de la Convención hubiera conllevado la investigación de todas las desapariciones, no la habría suscrito. Para él, la impunidad de los crímenes del franquismo es intocable.

Este, además, no es el único desprecio del Estado a un tratado internacional sobre derechos humanos al que se ha sumado. Recientemente ha sido condenado el Tribunal de Estrasburgo en virtud de uno de esos tratados y ha calificado la sentencia de «injusta» y de «insulto», e intenta retrasar su cumplimiento.