La Abogacía del Estado español trasladó ayer al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la petición de que se anule la consulta sobre la desanexión de Igeldo de Donostia, después de que el titular del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de la capital guipuzcoana, ante quien inicialmente se presentó, plantease una cuestión de competencia para que se clarificase si debía resolver esta cuestión o debía inhibirse a favor de un ente superior.

La Diputación de Gipuzkoa informó de que el TSJPV le solicitó copia del expediente de Igeldo, por lo que será este tribunal quien decida sobre la celebración de la consulta.

«Forzar la ley para negar el derecho a participar y a votar en una consulta popular a los igeldotarras es inadmisible», destacó la Diputación de Gipuzkoa, que subrayó la gravedad de que se nieguen las competencias que le corresponden.