Los dispositivos de audio y video expuestos ayer en Donostia no les resultarán extraños a aquellas personas que sigan la actualidad de este país, pues en los últimos años se han detectado aparatos similares en un gran número de despachos, domicilios y vehículos. Representantes políticos, cargos electos, expresos, familiares... personas de perfiles diferentes se han visto sometidas al acecho de las fuerzas policiales y militares españolas, que ven en esta práctica una herramienta más a su alcance contra la insurgencia vasca. En este sentido, la denuncia realizada por Ernai, Sortu y LAB confirma que el Estado tampoco ha desactivado ese mecanismo de represión, intimidación y coacción contra la izquierda abertzale, y que no tiene ningún reparo en violentar la sede de un organismo legal.

Aun no siendo un elemento sorpresivo, la sucesión de casos de espionaje no puede derivar en una asunción casi normalizada de lo que constituye un hecho de extrema gravedad, que vulnera derechos fundamentales y es un ataque contra los esfuerzos desarrollados por abrir escenarios de distensión y acuerdo. Una parte importante de este país lleva demasiado tiempo condicionada no solo por la represión directa o por dinámicas de ilegalización, sino también por la constatación de que todos sus movimientos y comunicaciones son monitorizados por los servicios de información españoles, y eso es simplemente inaceptable.

A este respecto, el hecho de que este caso se haya destapado en plena polémica sobre la actividad de la NSA hace inexcusable la actitud de quienes claman contra la intromisión estadounidense y aplauden o simplemente toleran de forma acrítica las maniobras del CNI, la Guardia Civil y la Policía en Euskal Herria. El Estado español debe dejar de espiar a militantes políticos, y mientras mantenga estas prácticas debe ser censurado por aquellos agentes que dicen apostar por un nuevo tiempo, también por quienes tienen la oportunidad de reunirse con el responsable de sus servicios secretos.