L a moción de la CUP a favor de un referéndum unilateral en caso de que el Estado vete su celebración, aunque fue rechazada por el Parlamento catalán, cumplió en cierto modo su objetivo, ya que trataba de clarificar la verdadera disposición y el grado de compromiso de las diferentes fuerzas políticas con el ejercicio del derecho a decidir. Y la principal duda fue despejada por CIU, que pidió la retirada de la moción, argumentando que «no toca», y votó en contra, haciendo un flaco favor al proceso. Una postura incomprensible en quien asegura ser defensor de la realización de la voluntad de los catalanes, cuya expresión debería ser facilitada por medio del diálogo; lo que CIU hizo fue reconocer el derecho de veto a quien se niega a dialogar. Su voto contrario a la moción de la CUP, por tanto, no fue sino una invitación al Gobierno español a que vete la consulta catalana.

Seguramente CiU es consciente, o debería serlo, de que Catalunya no se encuentra en la fase en la que su presidente, entonces en la oposición, puso el proyecto de estatuto aprobado por el Parlament en manos del presidente del Gobierno español, y de que no es ese partido, ni ningún otro, el que lidera el proceso soberanista. Por eso, debería ser igualmente consciente de que sus malos resultados en las últimas elecciones podrían ser simplemente un aviso.