La excusa esta vez fue la proposición del PP para «condenar los actos de intimidación» ocurridos el 4 de octubre contra su sede en Donostia. Pero el resultado fue una sucesión de acusaciones contra EH Bildu a pesar de que esta formación había presentado un texto en el que rechazaba «claramente» toda vulneración de derechos y hacía un llamamiento «a la convivencia basada en el respeto a los demás y en la democracia». Quien posibilitó el giro del objeto del debate fue el PNV, que dio marcha atrás de su posición inicial y volvió a elegir la compañía de PP, PSE y UPyD.

Cuando ocurrieron los hechos -«precinto» de la sede del PP con cinta adhesiva y carteles a los tres días de la redada contra Herrira- el PP intentó conseguir una declaración institucional. El PNV adujo que también había habido pintadas contra su partido y EH Bildu recordó que la Guardia Civil había entrado en al sede de EA. Se propuso un texto genérico, pero el PP quería que se nombrar su sede. Tampoco se dio el paso de que fuera una declaración de presidencia.

Ante la proposición no de ley del PP, el PNV convirtió aquel texto en su enmienda. Luego presentó otro como fórmula de consenso, que con algún matiz EH Bildu estaba dispuesta a apoyar. Pero los jeltzales optaron por el acuerdo con el unionismo; y por destacar el «precinto» de la sede del PP, sobre las pintadas al PNV o el asalto armado a la sede de EA.

El resultado fue un acuerdo que que por unos carteles habla de «terrorismo» y de «las reglas de juego democrático que nos hemos dado», y un debate en el que se pidió ilegalizar partidos.