Los máximos responsables de los servicios secretos británicos comparecieron ayer, en una audiencia pública televisada sin precedentes, ante la Comisión parlamentaria de Inteligencia, que buscaba determinar si sus actividades de espionaje, revelado por el exanalista de la NSA estadounidense Edward Snowden, violan los derechos civiles. Negaron las informaciones filtradas por Snowden sobre los programas de espionaje de EEUU y Gran Bretaña, aunque implícitamente -y con muchos matices- reconocieron sus actividades al afirmar que «ciertos métodos» deben seguir siendo secretos. Lo que sí hicieron fue arremeter contra el extécnico estadounidense ahora refugiado en Rusia, a quien acusaron de haber «puesto en riesgo» sus operaciones con unas revelaciones que «han hecho daño».

Iain Lobban, director general del centro de escuchas del Gobierno británico GCHQ -equivalente a la estadounidense NSA-, incidió en que las revelaciones de Snowden que vincularon a este centro con el programa de espionaje clandestino PRISM de EEUU han llevado a los «terroristas» a cambiar su modus operandi. Dijo que se han «detectado conversaciones» de grupos de Oriente Medio, Afganistán y el sureste asiático sobre la necesidad de cambiar sus sistemas operativos.

«Las filtraciones de Snowden han sido muy perjudiciales, han puesto en peligro nuestras operaciones», denunció John Sawers, responsable del Servicio Secreto exterior (MI6). «Nuestros adversarios y nuestros enemigos se frotan las manos de alegría. Al Qaeda se deleita», agregó.

Lobban y Sawers insistieron en que todas sus actividades son «legales», mientras que Andrew Parker, director del servicio de espionaje interno (MI5), sostuvo que en ningún caso «socavan la libertad ni la democracia».

«En secreto»

Lobban, que habló de la labor «proporcionada» de su agencia, aseguró que el centro de escuchas «no quebranta la ley» y negó que se dedicara al espionaje «masivo» de conversaciones telefónicas o correos electrónicos, al considerar que eso sería «desproporcionado» e «ilegal». Pero defendió que algunos de sus métodos deben «permanecer en secreto», aunque rechazó que eso signifique «siniestro».

De la misma forma, Sawers sostuvo que los servicios secretos se limitan a «ceñirse al marco legal» y negó tajantemente el empleo de la tortura y que hubieran colaborado en la entrega de sospechosos para que fueran torturados en terceros países.

Explicó que las mayores amenazas a las que se enfrenta Gran Bretaña son Al Qaeda y sus múltiples ramificaciones, los ataques cibernéticos y la adquisición de armas nucleares por parte de «estados enemigos», en referencia a Irán y Corea del Norte.

Indicó que el mundo actual es «muy volátil» y «rápidamente cambiante», por lo que las agencias secretas deben dotarse de los recursos necesarios.

Eso sí, negó enérgicamente que empleen la tortura.

Por su parte, Parker se refirió al «capítulo moderno del terrorismo» inaugurado por el 11S. Defendió la democracia, la intimidad y la libertad y manifestó que los servicios secretos no ocultan cosas para «evitar situaciones embarazosas o para desinformar», sino para no ser descubiertos por quienes están siendo investigados, al tiempo que insis- tió en la «proporcionalidad» de sus operaciones.

Los presupuestos de las tres agencias representan el 6% del presupuesto del Ministerio británico de Defensa, explicó.

Entre las revelaciones más significativas sobre el GCHQ figura que esta agencia está parcialmente financiada por EEUU, que ha concedido hasta 100 millones de libras en los últimos tres años, y la referida al vasto programa británico de escuchas llamado «Tempora», que dispondría de un presupuesto de mil millones de libras para vigilar las comunicaciones en el mundo entero.