Al criticar la sentencia, el comité de empresa anunció que agotará todas las vías legales a su alcance para defender sus derechos laborales y los puestos de trabajo. Además, convocó una marcha para el 12 de noviembre y, cuando ésta acabe, presentará a la empresa una propuesta «de solución definitiva».

En un comunicado, el comité se refirió a la resolución judicial en la que el TS considera procedentes, «por causas económicas objetivas», un total de 91 despidos realizados por la firma del grupo Celsa Atlantic, pero estima nulos otros 83 por «vulnerar la libertad sindical y el derecho de huelga». La sentencia revoca la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de condenar a la empresa a admitir a los 174 despedidos por vulneración de derecho a la huelga y a la libertad sindical.

Para la representación de los trabajadores, el TS «otorga, en bandeja de plata, a la patronal un cheque en blanco para la aplicación de las diferentes reformas laborales».

Asimismo, criticó que «se invente un hecho no probado para, en base a ello, trazar la sentencia a gusto de Laminaciones Arregi», y recordó que, «de los 13 magistrados que componen la Sala, solo siete la avalan». «Casi la mitad de ellos, seis, no solo se oponen a ella, sino que realizan un voto particular especialmente duro con los otros siete, e insisten en que la Sala se ha inventado un hecho para avalar esta injusta sentencia», destacaron.

Por ello, convocaron una marcha para el día 12 en Gasteiz con el lema «En defensa de nuestros puestos de trabajo, los de todos», que irá desde la Plaza del 3 de Marzo hasta la empresa. Asimismo, anunciaron que reclamarán en los Juzgados de la capital alavesa la nulidad de los despidos «y, si fuera, necesario», recurrirán, de nuevo, al TSJPV.

«Estudiaremos también la presentación de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, porque creemos que la sentencia ataca gravemente nuestros derechos», puntualizaron.

Satisfacción empresarial

Por su parte, la dirección de Celsa Atlantic Flat Products valoró de forma «positiva» el fallo del Supremo e insistió en que sus plantas de Gasteiz y Urbina no son «viables».

Celsa declaró que actuó «de acuerdo a derecho», y mantuvo que la decisión de aplicar medidas de reestructuración «estaba justificada por una situación económica negativa y la falta de competitividad, que no solo afectaba a los centros de Urbina y Laracha (A Coruña), sino a la integridad de Celsa Atlantic».