Salhaketa advierte de las «mafias» de funcionarios que gobiernan las cárceles
Salhaketa ha exigido a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que actué con contundencia ante las «mafias de funcionarios» que existen en algunas prisiones del Estado español y que «no funcionan por los criterios» de la dirección del centro. Cree que la mayoría de las muertes en prisión «podrían evitarse».
GASTEIZ
César Manzanos, en nombre de la asociación de apoyo a presos Salhaketa, alertó ayer de que existen prisiones que no funcionan ni por los criterios que establece la propia dirección del centro, ni por los de la Dirección General de Prisiones, sino que «hay auténticas mafias que tienen nombres y apellidos de algunos funcionarios que son los que están mandando». Tras remarcar que no se refiere a todos los funcionarios, manifestó que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias «tendría que actuar con contundencia» y «depurar responsabilidades».Manzanos recordó que son 17 las personas fallecidas en prisión por motivos no naturales en los últimos 15 meses. Este balance suma las muertes de reclusos en prisiones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y de personas presas con residencia administrativa en dichos territorios que han aparecido muertas en centros penitenciarios del Estado español. Una docena de ellas se produjeron en Langraiz. A entender de César Manzanos, los suicidios en prisión «siempre son inducidos». Así, señaló que el 10% de las personas encarceladas en dicho centro presenta patologías graves y el 40% está recibiendo medicación psiquiátrica. Calificó la situación de «inaceptable», ya que, a su entender, la mayoría de dichas muertes «podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la legalidad vigente».
Responsabilidades
Así, reclamó medidas concretas. Al Ministerio Fiscal español le exigió que «no se inhiba e investigue de oficio» las muertes sucedidas con el fin de esclarecer las circunstancias que las motivaron y depurar responsabilidades políticas, administrativas y penales al respecto. Asimismo, siendo consciente de que exigir el cierre cautelar de Langraiz o Martutene puede perjudicar a las personas encarceladas, consideró «imprescindible» el cierre de las dependencias que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.Exigió, además, la «inmediata» reforma de la legislación penal y penitenciaria que «alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos»; la reducción del número de personas presas hasta la capacidad óptima de cada prisión; y la excarcelación de aquellas que estén gravemente enfermas. Apostó, además, por el final de la incomunicación y el aislamiento. Respecto a F.M.O, preso bilbaino aparecido muerto el pasado miércoles en Langraiz y que había denunciado al ex subdirector de Seguridad del centro, Mariano Merino, Manzanos explicó que tiene intención de contactar con la fiscalía, la juez que instruye el caso contra Merino, el Ararteko, Iñigo Lamarka, y el Parlamento de Gasteiz. Dijo haber hablado también con la familia del fallecido.
Insta al Parlamento de Gasteiz a que actúe
M.B.
GASTEIZ Salhaketa considera que la resolución adoptada el pasado 23 de febrero por el Parlamento de Gasteiz en torno al sistema de macrocárceles «no puede quedar en papel mojado». El texto, firmado por los grupos que componen el tripartito y Aralar, apuesta por una «verdaderapolítica de ejecución penal y penitenciaria más progresista y humana» con el objetivo de la reinserción de los presos. En este sentido, Salhaketa insta a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a que renuncie a la construcción de este tipo de prisiones en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, «como la planteada en Zubieta», y que priorice la puesta en marcha de centros sociales en cada uno de los territorios. Estas peticiones han sido respaldadas por Ezker Abertzalea. A este respecto, César Manzanos reiteró que el actual sistema penal «no es eficaz, no protege a las víctimas ni garantiza los derechos de los presuntos infractores». Aseguró que se está produciendo la «aplicación de cadena perpetúa» así como «una aplicación camuflada extrajudicial de la pena de muerte».
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