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Gara > Idatzia > Ekonomia 2006-05-25
LAB ve necesario ya «un plan estratégico que fije el marco vasco de relaciones»
La secretaria general adjunta de LAB, Ainhoa Etxaide, afirmó ayer en Bilbo, tras rechazar la reforma laboral y la de la Seguridad Social, que «toca ya que la mayoría sindical y social defina el plan estratégico para avanzar en la constitución del marco vasco de relaciones laborales». Dijo que ambas reformas «son un fraude».

BILBO

LAB denunció ayer en Bilbo que la reforma laboral y la de la Seguridad Social, que está preacordada, «son un fraude porque se sustentan en mentiras: la primera, no va a mejorar la calidad del empleo; y la segunda, está encaminada a finiquitar el sistema público de pensiones con el argumento de que es inviable a nivel económico», según manifestó Ainhoa Etxaide, secretaria general adjunta de la central sindical.

Este viernes los delegados de LAB de las diferentes comarcas y de las capitales de herrialde celebrarán asambleas en las que se realizará una análisis de las dos reformas. Después se concentrarán ante las oficinas del INEM y de la Seguridad Social para mostrar el rechazo sindical a los cambios normativos acordados en Madrid entre el Gobierno español, la patronal CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT.

Junto a Txutxi Ariznabarreta, secretario de Comunicación, y de Bea Martxueta, secretaria de Política Social, Etxaide criticó que las decisiones y negociaciones sobre ambas reformas se han adoptado en Madrid a espaldas de la realidad de los trabajadores vascos. Señaló que el Estado español «se guarda las decisiones estructurales sobre el modelo económico, social y laboral» y denunció que «no vemos desde LABninguna voluntad para avanzar en el camino de situar aquí esa capacidad de decisión».

Patronales e instituciones

En ese contexto, la dirigente sindical denunció con rotundidad que «las patronales y las instituciones en Euskal Herria están muy cómodas en este reparto de poderes, porque las decisiones se adoptan en Madrid en su beneficio. La CEOE hace el trabajo de conseguir medidas favorables a Confebask, que no ve ninguna necesidad de sentarse en una mesa con los sindicatos en Euskal Herria» y, a la vez, precisó que «las instituciones tienen la excusa perfecta para no abordar en serio y en términos estructurales el debate sobre el modelo social y laboral».

Para LAB, la respuesta de rechazo del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social a la reforma laboral «es insuficiente y no da la talla a los problemas de los trabajadores vascos. Es una nueva imposición que llega de Madrid».

Etxaide afirmó que los trabajadores necesitan respuestas que solucionen sus problemas e insistió que «toca ya que la mayoría sindical y social, la que en 1999 hizo la huelga general, defina el plan estratégico para avanzar en la constitución del marco vasco de relaciones laborales, que pasa también por definir una estrategia política e institucional».

En este caso, Etxaide adelantó que «es urgente» situar en Euskal Herria el debate sobre las medidas sociales y laborales en función«de nuestra realidad y necesidades», puesto que consideró que las actuaciones acordadas en Madrid «son un fraude y una imposición».

Para LAB, en la nueva reforma no se hace un análisis de lo que ha ocurrido en el mercado laboral, sino que se profundiza «en lo mismo» después de que en 1984 el Gobierno español, en manos del PSOE, abriera la puerta «a la extensión de la precariedad». Ainhoa Etxaide señaló que los términos de la reforma laboral son «un fraude de amplio calado social». Para la secretaria general adjunta del sindicato abertzale, es necesario articular un modelo que fomente «el empleo de calidad, que respete los derechos de los trabajadores, termine con la precariedad, garantice la igualdad de oportunidades y actúe contra los riesgos laborales».



«No es un problema matemático»
J. BASTERRA

BILBO

LAB considera que la reforma de la Seguridad Social es «un fraude que se sustenta en el Pacto de Toledo» que tiene por objetivo «finiquitar el sistema de Seguridad Social como lo hemos conocido, para avanzar en un modelo de privatización de las pensiones».

Para Etxaide, «es una gran mentira que el sistema público de protección social es inviable, porque cada vez hay más afiliados. Hay potencial para soportar un sistema digno, pero la política lo desestructura. No es un problema matemático, sino de voluntad política». En este sentido, Bea Martxueta, secretaria de Política Social, hizo un repaso de los temas más espinosos de la nueva reforma.

«El período mínimo para tener derecho a pensión será de quince años cotizados reales. Se eliminan las pagas extras y las fracciones inferiores a un año ya no se cuentan completas».

Con la incapacidad permanente «se eliminan supuestos» y se ofrece «un importe fijo» y, en cuanto al derecho de pensión para las parejas de hecho, «se fijan medidas restrictivas», y no se integran otros colectivos en el régimen general.


 
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