Durante su comparecencia ayer ante el Pleno del Parlamento de Gasteiz para defender la propuesta, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, destacó el capítulo en el que se prevé el aumento de la partida presupuestaria para cooperación, en un plazo de seis años, hasta contar con el 0,7% del presupuesto total de gasto del Ejecutivo. «Ello, sin perjuicio de que la totalidad de la ayuda oficial al desarrollo vasca, contando el conjunto de administraciones, deberá avanzar hacia el 0,7% del PIB», añadió.

La consolidación, por ley, del 0,7% del presupuesto total de gasto del Gobierno de Lakua, y no del presupuesto operativo como ocurría hasta ahora, «no agota», matizó el consejero, «todas las responsabilidades» del Ejecutivo.

Madrazo aludió también a la «Agencia Vasca de Cooperación», que se constituirá «como organismo público encargado de ejecutar la política de cooperación» por motivo «del crecimiento y las nuevas necesidades generadas en cooperación en los últimos años, que hacen insuficiente la estructura de gestión actual». Se establece un mandato al Gobierno para elaborar un proyecto de ley creador y regulador de este órgano, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, «la vía más adecuada» y que, según explicó Madrazo, se ha utilizado ya en Catalunya y Andalucía.

El texto recoge también el fortalecimiento del Consejo de Cooperación, con la ampliación de sus funciones, «haciendo que la orientación de la cooperación pública y las decisiones más importantes en este ámbito sean participativas y contrastadas», y la creación de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo.

La nueva norma reconoce, asimismo, el «papel fundamental» de las ONGD vascas y otras entidades sin ánimo de lucro, a la hora de «canalizar la solidaridad pública» y, en este contexto, sitúa el registro de agentes de cooperación para el desarrollo, para «contribuir a una mejor acreditación de entidades perceptoras de fondos públicos». También establece el reconocimiento jurídico de las personas que, como cooperantes, «dedican sus esfuerzos a la solidaridad con los pueblos, en vertientes solidarias y profesionales».

Tripartito, EHAK y Aralar

En cuanto a los apoyos, el texto fue aprobado con los votos del tripartito, EHAK y Aralar. Destacó Madrazo que la Ley aprobada ha sido «fruto del diálogo y de la expresión de pluralidad de la sociedad vasca» y resaltó que se ha tenido en cuenta la reflexión de los diferentes grupos, ya que de las 120 enmiendas parciales admitidas a trámite, 43 se han asumido o transaccionado.

Las enmiendas a la totalidad de PSE y PP fueron rechazadas. Para Natalia Rojo (PSE), la ley no tiene contenido y «cada vez que se habla de política social, el Gobierno entra en crisis y las desavenencias de los socios salen a la luz». Tildó la norma de «conservadora» y criticó que el 0,7% para cooperación al desarrollo «se prorrogue hasta 2012».

El parlamentario del PP Antón Damborenea aseguró que el Gobierno «no ha hecho ninguna propuesta para llegar a un acuerdo en los temas fundamentales» de una ley «vacua e inútil» y criticó que el objetivo de crear la Agencia Vasca de Cooperación «no sea inmediato».

Julián Martínez, de EHAK, afirmó que «tal vez no sea la ley que le gustaría hacer a Ezker Abertzalea, pero tiene sus aspectos positivos y es un paso adelante». Sostuvo que si el Gobiero mantuviera «el mismo talante en otros proyectos, como el TAV, la democracia ganaría mucho».

Por su parte, la parlamentaria del PNV Gema González de Txabarri negó que los grupos que integran el Ejecutivo de Lakua hayan mantenido diferencias en la eleboración del texto. «Utilizar este argumento -replicó- resta credibilidad al PSE», formación cuya actitud calificó de «lamentable».

La parlamentaria de EB Kontxi Bilbao dijo, a quienes reprochan a los impulsores de la ley que ésta carezca de compromisos, que plantear el objetivo del 0,7% de las cuentas de la CAV para 2012, así como duplicar el actual, sí lo son. Justificó, la creación de la citada agencia de ccooperación para dentro de medio año en la idea de que «tampoco existe una demanda inmediata».

Precisamente, Nekane Alzelai, de Eusko Alkartasuna, negó que esta ley diga «no» a la agencia, ni tampoco al 0,7% del presupuesto ni a la cooperación interinstitucional.