La sentencia del Tribunal Supremo en relación al «caso Jarrai-Haika-Segi» ha sido objeto de numerosas valoraciones, la mayoría de ellas para señalar las intenciones que acompañan a una decisión que, desde su origen y hasta la condena firme a 23 jóvenes vascos, se ha visto contaminada por el objetivo de criminalizar el trabajo netamente político de organizaciones vinculadas al independentismo vasco. Con la sentencia que llevaba primero a la detención de estos jóvenes y luego a su dispersión por cárceles del Estado se asiste de manera añadida a un peligroso hito jurídico al desdibujarse los contornos mismos del Estado de Derecho, dando paso a lo que Iñigo Iruin denominó ayer el «derecho penal sin límites».

Abogados que han asistido a los encausados en el sumario 18/98 y letrados que han seguido de cerca las sesiones, antes en la Casa de Campo y ahora en la sede de la Audiencia Nacional, aportaron ayer una lectura pormenorizada de las implicaciones de la sentencia contra las organizaciones juveniles y no ocultaron su temor a las consecuencias que pueda tener en otros procesos judiciales. En este sentido, cabe destacar, por su gravedad, la constatación por parte de los juristas presentes en la rueda de prensa de la plataforma 18/98+ de que el TS ha optado por extender más si cabe la interpretación del «delito de terrorismo», hasta el punto de que en base a ella se alcanza a grupos cada vez más amplios de ciudadanos. La interpretación en clave sociológica de dicho delito, el hecho de hacer desaparecer la línea de separación entre «banda armada» y «organización terrorista» -que posibilita que un sabotaje y un atentado con explosivos se sitúen en el mismo plano- y la subjetividad que implica el valerse de criterios finalistas y de complementariedad para salvar el escollo de que alguien que no pone bombas pueda ser condenado igual que si lo hiciera fueron algunos de los elementos destacados en la comparecencia. Gráficamente, quien fuera presidente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, August Gil Matamala, estimaba que se ha inventado el «terrorismo desarmado» y pronto, quizás, el «terrorismo pacífico». La falta de garantías es un hecho para los procesados, pero amenaza a todos. Por ello es más necesario que nunca un compromiso activo, de las instituciones y de la ciudadanía, por los derechos civiles y políticos.