El martes asistió al juicio por el sumario 18/98. La sesión comenzó hora y media más tarde y ustedes fueron expulsados de la sala antes de que se iniciara. ¿Qué le pareció la actitud del tribunal?

Cuando hay mucha gente en la sala, a veces resulta difícil para los jueces y ocurre que la desalojan. Eso pasa a veces, es normal. Lo más importante no es si el juez sonríe o es amable; lo que yo quiero de un juez es justicia. Ése es el problema que tienen acá: que han decidido reprimir a un movimiento y, para no hacerlo con asesinatos, que no resulta «aceptable», la Policía inventa cosas y los jueces permiten que un policía llegue a la corte y diga «me parece que eso es así». Lo que ocurre es que una opinión personal no puede ser una prueba para una corte, y eso es lo que pasa en este caso. Me parece una novela de ficción, va más allá de lo kafkiano. Eso es lo peor: permitir a la Policía que pueda juzgar, que es lo que están haciendo. Un juez debe analizar las pruebas y formarse una opinión; si es de la opinión de que la prueba demuestra la culpabilidad, debe condenar. Pero acá han delegado en la Policía el poder de los jueces: la Policía analiza la prueba y entrega a la corte una declaración de culpabilidad, que la ratifica. Es una aberración.

¿Qué le transmitieron ese día los abogados de la defensa?

Están un poco «acostumbrados» a estas cosas, pero no saben qué hacer. Uno aprende una profesión, en la que hay unos criterios o reglas del juego, y trata de jugar dentro de esas reglas defendiendo a sus clientes. Pero de un día para otro, tiran las reglas a la basura. Ya no hay reglas. El propósito del juicio no es determinar la culpa, es culpar. La Policía ya ha determinado la culpabilidad, y el papel de la Audiencia Nacional es ratificar las decisiones tomadas por la Policía. Eso se llama estado policial. Yo he viajado a la Chile de Pinochet, he asistido en Zimbavwe a un juicio contra Tsvangirai, he estado en muchos países, he visto muchos juicios... Y puedo decir que el juez del caso de Tsvangirai podría dar cursos a los magistrados españoles.

No está dejando muy bien al sistema jurídico español...

Me parece que no es un sistema jurídico. Es un insulto a los juristas llamarlo así. 

El martes, el fiscal argumentó, con objeto de imputar a varios encausados, que eran personas «referenciales» de la izquierda abertzale. ¿Qué le pareció?

Les parece malo ser independentista y de izquierdas, por eso quieren hacerles desaparecer. Es un ataque a la democracia. Yo vine para ofrecer mi apoyo solidario, pero también para escribir un informe que presentaré en Canadá, donde se está debatiendo sobre la derogación de algunas cláusulas de la ley antiterrorista y creo que esta experiencia de abuso de poderes puede ser instructivo; en Estado Unidos, donde tengo contacto con organizaciones de abogados; y en el congreso de la Asociación Americana de Juristas que celebraremos en mayo en La Paz.

Este sumario y otros ligados a él, al margen de los costes personales de los imputados, han supuesto la clausura de medios de comunicación, la ilegalización de organismos políticos, el cierre de empresas, el requisamiento de locales... ¿Qué valoración le merece?

Me viene a la cabeza la palabra dictadura, porque están criminalizando cuestiones que no son criminales, sólo lo hacen por las ideas.

M. J.