La enloquecida carrera que se libra en los tribunales especiales para bloquear políticamente al independentismo vasco deja en segundo plano situaciones políticamente más relevantes para una nación emergente como Euskal Herria. La maratoniana jornada de viernes en tribunales acapara la crónica política y los medios de comunicación dedican generosos espacios a desbrozar la decisión adoptada por el juez Baltasar Garzón de suspender las actividades de EAE-ANV y EHAK.

Aunque el magistrado del tribunal especial sólo fue secundado por el Tribunal Supremo en dos de las medidas cautelares -las relativas a la prohibición a ANV de concurrir a las elecciones del 9 de marzo y a la suspensión de las percepciones económicas tanto a la formación ekintzale como a EHAK-, en el auto del Alto Tribunal referido al primer partido queda poco lugar a dudas sobre cuál será el resultado del proceso de ilegalización que se sigue contra ambas formaciones políticas vascas.

Viene a decir el tribunal que si ha optado por privar de derechos electorales a ANV y EHAK, sin que medie una sentencia firme, es porque resulta más fácil actuar contra esos partidos ahora que tratar de hacerlo cuando la situación sea «irreversible», es decir cuando dispongan de cargos elegidos por la ciudadanía vasca. El argumento, esgrimido hace hoy una semana en el editorial de «El País» y digerido de inmediato por la Fiscalía, termina por inspirar a los propios magistrados de la Sala del 61. Significativas coincidencias que vienen a ahondar en las poderosas dudas sobre la separación de poderes en el Estado español y que, de manera añadida, hacen patente una renuncia también compartida por esos poderes a las garantías que amparan la acción política en un Estado denominado democrático.

El fino traje garantista del Supremo

En todo caso, lo que aclara definitivamente la vocación del Tribunal Supremo y sitúa en el estricto ámbito de la querella política su decisión discordante con el «magistrado estrella» de la Audiencia Nacional, es el apartado del auto en el que se afirma que sería desproporcionado suspender ahora las actividades de EAE-ANV «pues el peligro que puede representar la permanencia en la vida pública durante unos meses de un partido inscrito en el Registro de Partidos Políticos en el año 1977 no puede anteponerse al que supone impedirle toda actividad mientras se tramita el procedimiento».

El traje garantista que se enfunda el Alto Tribunal español es bien ligero, dado que deja sentado que, con o sin suspensión, la vida pública de ANV se prolongaría como mucho «unos meses», exactamente durante el tiempo que necesite el Supremo para anunciar su decisión de ilegalizar a una formación con más de siete décadas de historia a sus espaldas.

Por si la vulneración de derechos civiles y políticos que implican las decisiones de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo -al dejar sin opción electoral a alrededor de 190.000 ciudadanas y ciudadanos vascos- no fueran suficientemente graves, ayer se conocía un nuevo auto judicial para tratar de impedir la movilización convocada por electos independentistas en contra del «estado de excepción» que se deriva de las actuaciones que pusiera en marcha el Gobierno de José María Aznar y que el ejecutivo del PSOE ha desarrollado, con especial intensidad, a partir de la ruptura del proceso de diálogo mantenido con la izquierda abertzale.

Pese a todo, la demanda de derechos se escuchará este mediodía en Bilbo, siempre que la Ertzaintza no opte por revivir aquella tarde de doloroso recuerdo del 14 de setiembre de 2002 en que la Policía que dirige el consejero Javier Balza arremetió incluso con tanques de agua contra una multitud sentada en Zabalburu.

Aquella protesta que tuvo por objeto denunciar la suspensión de Batasuna, decretada el 26 de agosto, y cumplida por la Ertzaintza mediante la clausura de sedes abertzales, está grabada en la retina de la sociedad vasca y cualquier actuación que emule aquel 14-S -la carga de la Policía autonómica, ayer, en Santutxu es todo menos un buen augurio- sólo podría ser interpretada como un ejercicio de reincidencia en la más absoluta falta de responsabilidad política e histórica.

Sin duda, la orden expresa que el juez Garzón da a la Ertzaintza tiene una intencionalidad añadida, pero es al Gobierno de Juan José Ibarretxe al que le corresponde decidir si el Gobierno del PSOE «le ha tomado la medida» -por utilizar una expresión de Joseba Egibar dirigida a la izquierda independentista- o si tras hacer el diagnóstico de que Madrid ha cruzado las «rayas rojas», el Gobierno que conforman PNV, EA e IU está dispuesto a trasladar un mensaje práctico de desobediencia a un Estado que se emplea con todos los instrumentos a su alcance para tratar de usurpar los derechos más elementales a la ciudadanía vasca.

Una mayoría social y política de este país apuesta por abrir un escenario democrático, un horizonte en el que desaparezcan todas las expresiones de violencia y se levanten los vetos impuestos a la libre decisión de la ciudadanía vasca. A los representantes políticos que afirman compartir esa visión democrática les corresponde adoptar decisiones acordes a los deseos de cambio político que están firmemente asentados en esta sociedad.

Como se expresaba al inicio de estas líneas, el ritmo desbordante de las prohibiciones puede dificultar el ejercicio siempre saludable de situar el momento político crucial que vive Euskal Herria en su contexto natural, en relación al proceso de transformación que vive Europa. Sin embargo, no está de más coger perspectiva y observar a Kosovo, que se presentará en unos días ante el mundo como una nación de pleno derecho. Un mensaje lanzado desde el Ayuntamiento de la capital, Pristina, puede servir de guía: «los kosovares actuamos como si fuéramos a proclamar mañana la independencia, trabajamos para ese día histórico por el que como pueblo y nación llevamos luchando desde hace más de cien años y por el que hemos hecho los más grandes sacrificios».