Como es bien sabido es este principio, el de la seguridad jurídica, uno de los valores más reconocibles en los sistemas de democracia formal burguesa. En realidad se trata de la seguridad que reclaman las distintas fracciones de la burguesía para no devorarse entre ellas en el fragor de la lucha de clases. Para el caso de la española, este principio ha sido constitucionalizado y así aparece recogido en el artículo 9.3 de la intocable.

Más o menos viene a señalar que el ciudadano, es un decir, debe poder reconocer en la actuación de los poderes públicos una adecuación a las normas, las cuales, además, deben ser claras, y la interpretación de las mismas constante y razonablemente previsible.

Pero jamás hubiera pensado que en realidad esa predecibilidad en la actuación, por ejemplo, de los jueces y tribunales, llegara al extremo de poder anticipar el resultado de sus operaciones jurídicas según quién fuera el juzgador y quién el justiciable. Pues bien, en el Estado español, tal cosa es perfectamente posible. La seguridad jurídica es plena.

Uno ya puede alardear en cafés y tertulias del resultado de tal o cual proceso judicial, con una precisión nanotecnológica. Así, si el juzgador es fulano, es decir, furibundo psoeísta o acérrimo pepero -no hay más- y presta servicios en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional y el justiciable es una entidad o ciudadano vasco, la condena es segura, y la diferencia radica en el correlativo tirón de orejas al Gobierno, en un caso, o en su más estricto seguimiento procesal, en el otro. Pura matemática sin riesgo a equívocos. El CGPJ es al efecto un formidable instrumento de precisión política, siempre acuerda algo por nueve a siete votos.

Hay jueces que, incluso, adelantándose a los deseos del Poder ejecutivo, alcanzan a detener y procesar al culpable antes de que éste delinca, bien porque ya está en el umbral del delito o bien porque se adivina que «está conspirando para colaborar en el consentimiento a ser colonizado en el futuro de la próxima tregua, según lo que diga ETA en el siguiente comunicado y el estado y desenlace de las negociaciones nunca reconocidas...». Qué derroche de anticipación criminológica la de estos magistrados.

Dicen las lenguas viperinas, por pura envidia, claro, que si algo de esto tendrá que ver con las elecciones en ciernes. ¡Por favor! Qué poco respeto para la independencia judicial. Cómo iba a suponer ese juez que el Gobierno tuviera interés alguno en la causa y que por ello le participara, a través de su policía, las «pruebas» oportunas en el momento oportuno, o sea, cuando lo aconsejara la jugada. Más aún, la prueba de que el magistrado no tiene interés alguno en complacer al Ejecutivo es que ni siquiera había pensado que alguien debiera estar imputado, al menos, en la causa para proceder a la suspensión de las actividades del partido político. Cachis..., pero bueno, menos mal que pasaban tres vascos por ahí y, ¡eeepa!, toma imputación al canto y asunto reconducido. Pues no son nadie estos magistrados instruyendo sumarios contra el vasco irredento.

Total que, en efecto, en la democracia española todas las ideas son defendibles, eso sí, en la intimidad y sin que se entere un superjuez de que te dejas «colonizar» o que has perdido tus señas marxistas-leninistas, según ilustres peritos judiciales, ¿politólogos miembros de la academia de ciencias de la Unión Soviética...? No hombre, no, según Paco y Gervasio, acreditados peritos-policía en «lo que haga falta y a mandar».

Y así es como uno se va tranquilo a dormir, sabiendo que su juez de la guarda cuida de que no caiga en el umbral del delito y que si le despiertan por la noche siempre, siempre, sabe que será el le... bueno, no siempre.