El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), que ya a mediados del pasado año publicó un detallado informe sobre la situación de la vivienda, ha analizado la política presupuestaria de las instituciones de la CAV en esa materia. Ayer, presentaron sus conclusiones en la Comisión de Mujer y Juventud del Parlamento, donde reclamaron una apuesta más decidida a favor del alquiler, rechazando que el universal derecho a la vivienda signifique derecho a tener una vivienda en propiedad.

El presidente de este organismo, Jabi Delgado, resumió ante los grupos parlamentarios las conclusiones de su estudio, alertando de que el derecho a la vivienda «es hoy más vulnerado que nunca» y que la situación, en lo que se refiere a la juventud, es prácticamente de «emergencia social». Delgado emplazó a las instituciones públicas a actuar para regular el mercado, «porque el mercado libre no se auto-regula», y negó que el derecho universal a una vivienda digna signifique ser propietario de esa vivienda, por lo que propuso la creación de un parque público de alquiler.

Igor Mera, que es técnico de vivienda del Consejo, advirtió de que en el periodo comprendido entre 2004 y 2007 los precios de la vivienda han subido un 27%, mientras que los salarios que cobran los jóvenes apenas se han incrementado un 10%. Además, aseguró que el esfuerzo público hecho para solucionar esta problemática no ha sido suficiente. Incluso, apuntó que en los presupuestos que Gasteiz ha elaborado para el presente año, la política de vivienda ha perdido peso relativo con respecto a 2007.

El Consejo de la Juventud denunció también la política fiscal vigente en los tres territorios de la CAV, que en su opinión tiene efectos nocivos, entre los que subrayaron que favorece la subida del precio de la vivienda, reduce la capacidad del gasto social y favorece la compra sobre el alquiler. En este sentido, y aunque no han podido recoger los datos de todos los ayuntamientos, dada su heterogeneidad, Mera criticó que hoy en día sólo Lakua y tres ayuntamientos construyen vivienda para alquiler. Mera explicó que EGK comparte prácticamente en su totalidad los planteamientos recientemente hechos por el relator especial de la ONU para la Vivienda.

Sociedades públicas

El informe y las conclusiones presentadas por lo dos portavoces del Consejo de la Juventud cosechó las críticas de algunos de los grupos, que lo calificaron de sesgado, entre otras cosas por no recoger datos como los relativos a los presupuestos de las sociedades públicas con las que trabaja el Departamento de Vivienda. Mera, sin embargo, defendió su decisión de no incluir en su análisis presupuestario a Visesa, Alokabide y Orubide, porque sólo han integrado las cantidades que suponen «esfuerzo público» y no consideran inversión pública todo el capital movilizado por éstas.

Todos los grupos se remitieron al próximo debate de la Ley de Vivienda para la CAV, de la que existe incluso algún borrador. Prácticamente todos estuvieron de acuerdo con el Consejo de la Juventud en los criterios que plantearon para elaborar una nueva política de vivienda.