A pesar de que aún no se ha anunciado la fecha exacta para la votación, la campaña sobre el referéndum ya está en marcha, con la mayoría de los partidos a favor del Tratado, siendo la excepción Sinn Féin, el Partido Socialista, miembros del Partido Verde -que oficialmente apoya el documento, pero ha dado permiso a sus miembros para que hagan campaña de acuerdo con su conciencia- y políticos independientes y miembros de la sociedad civil.

El texto no sólo supondrá un cambio profundo en la forma en la que la UE tomará e implementará sus decisiones, sino también en el efecto de éstas en las políticas internas de los estados miembros, y ha creado una clara insatisfacción en aquellos sectores de la política y la ciudadanía irlandesa que vislumbran en la hoja de ruta que el Tratado traza para la UE una amenaza para la soberanía y neutralidad de Irlanda, así como una pérdida en los niveles de participación y representación del Estado en la Comisión Europea.

Sin embargo, incluso antes de que se produzca la votación en Irlanda, la controversia está servida después de que el Parlamento Europeo rechazara una moción presentada por el grupo parlamentario de la Izquierda Unida Europea y los Verdes escandinavos -en el que se encuentra Sinn Féin- y que comprometería al Parlamento a respetar y aceptar el resultado del futuro referéndum. La moción fue rechazada por la mayoría de los parlamentarios (499 votos en contra frente a 129 a favor), incluyendo el voto del laborista irlandés Proinsias da Rosa.

Para aquellos opuestos a las reformas en las estructuras europeas, el resultado de la votación es sólo una muestra de lo que está por venir. «Sinn Féin ha advertido consistentemente de que existe un peligro real de que Irlanda pase a ser marginalizada e irrelevante si se aprueba el Tratado de Lisboa», apuntaba la eurodiputada republicana Mary Lou McDonald. «Esta votación presenta una radiografía de la actitud de dominación que ha contaminado las instituciones europeas: los derechos de los ciudadanos europeos son irrelevantes», añadía McDonald. La eurodiputada independiente Kathy Sinnot, resumía la preocupación de aquellos que se oponen al Tratado con una simple pregunta: «¿Por qué va a votar este país darle un control prácticamente total sobre nosotros a la Unión Europea si se nos respeta tan poco?».

Pérdida de poder

La campaña contra el Tratado aúna fuerzas tan diversas como a grupos de derecha cristiana, socialistas, comunistas y antiarmamentistas. Juntos pero no revueltos, todos estos grupos adivinan que este documento no es más que una compleja e ilegible versión de la rechazada Constitución europea -con la excepción de diez, el resto de los 250 artículos del Tratado conformaban la Constitución-, y entre líneas se encuentran la centralización y la pérdida de poder y soberanía para los estados europeos, especialmente para aquellos de menor población.

A partir de ahora, la unanimidad que se exigía para la mayoría de las decisiones de la Unión será sustituida por un voto de mayoría en el que la fuerza de los estados se basará en su población. Ello favorece a Alemania, Polonia, Estado francés..., mientras que estados más pequeños, como Holanda, Dinamarca o Irlanda, llevan claramente las de perder.

Asimismo, el Tratado propone una reducción en el número de comisarios que integran la Comisión Europea. En estos momentos, cada país elige un comisario europeo, con lo cual hay 27. La aprobación del Tratado reducirá su número a dos tercios del total de estados miembros, y serán elegidos en rotación, con lo cual, durante cinco años Irlanda no contaría con un comisario. Ello, unido al cambio en la modalidad del voto, se entiende como una pérdida de poder, representación y presencia en Europa.

A ello se suma lo que se percibe como falta de democracia en las instituciones europeas, ya que los tres organismos con mayor poder en las estructuras de la Unión -la Comisión, el Consejo y la Corte Europea de Justicia- no son elegidas por los ciudadanos. Sólo la institución de menor poder, el Parlamento, tiene un mandato basado en el voto de los ciudadanos. Y este Tratado proporciona incluso mayores poderes a la Comisión, incluyendo la dirección del política exterior de la UE.

Y éste es otro de los aspectos que más preocupan a los opositores al Tratado, que encuentran que el contenido del documento obliga a los estados a apoyar las agresiones o incursiones de los ejércitos de la Unión contra otros estados, lo cual infringe la neutralidad de Irlanda.

El debate no ha hecho más que empezar, y aún no ha llegado a la opinión pública irlandesa, más preocupada por lo que se anuncia como el principio de la recesión económica y la fractura social causado por el boom económico desmesurado. Los argumentos de los partidos que apoyan el Tratado son la descalificación de sus oponentes y la aceptación de las pérdidas a nivel europeo como un pago por los beneficios que la Unión ha facilitado a Irlanda.

Desde el punto de vista de la información, curiosamente el Gobierno ha decidido no distribuir el contenido del Tratado de Lisboa entre sus ciudadanos antes del referéndum. Podría ser que el Ejecutivo del primer ministro Bertie Ahern tema encontrarse con un resultado similar al de la primera consulta sobre el tratado de Niza, que fue rechazado por los irlandeses en el 2001 para ser aprobado un año después tras una furiosa campaña gubernamental. En este caso, Ahern tiene un interés personal en la aprobación de este documento, que creará el puesto de presidente del Consejo Europeo, un cargo al que el premier irlandés le tiene echado el ojo, más tras su anunciada dimisión en mayo.