La prescripción o el archivo planean sobre los procesos contra Berlusconi
Un día después de la sentencia del Constitucional, Silvio Berlusconi seguía con sus acusaciones a los jueces y al presidente de la República, Giorgio Napolitano. Aunque ha perdido la inmunidad, el jefe del Gobierno italiano no parece muy preocupado porque aun en el caso de que se reanuden los procesos en su contra, al menos uno prescribe en marzo y otro está a punto de ser archivado.
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El magnate de las comunicaciones y primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se ha visto implicado en numerosos enredos judiciales desde que inició su carrera política en 1993.
Propietario de un verdadero imperio industrial que incluye, entre otras empresas, tres importantes canales de televisión, un diario, un semanario, la mayor editorial del país y una sociedad de publicidad, deberá ser juzgado por dos casos que quedaron congelados tras la aprobación de la ley «Lodo Alfano», que le otorgaba inmunidad.
El mayor problema judicial que acecha al jefe de Gobierno es la acusación de corrupción del abogado británico David Mills, condenado en primera instancia a cuatro años y medio de prisión por dar falso testimonio a cambio de 580.000 euros.
Pese a que el Tribunal Constitucional le ha denegado la inmunidad, los plazos sonríen a Berlusconi, porque de reabrirse este proceso, el juicio debería empezar de cero con el nombramiento de nuevos jueces, al estar Mills condenado. Como el caso prescribe el próximo mes de marzo, es prácticamente imposible que haya una sentencia en firme para entonces.
Según el «Corriere della Sera», tampoco parece muy factible la reanudación del proceso pendiente por fraude fiscal y falsa contabilidad por la adquisición de los derechos televisivos de la cadena Mediaset. La acusación se refiere al desvío antes de 1999 de 187 millones de euros.
En las últimas audiencias, los abogados de Berlusconi han tratado de impedir a toda costa que se incluya un fraude fiscal cometido en 2003, como pide la acusación. Aunque el tribunal estimara esta demanda, el delito prescribiría en 2012, una fecha muy cercana teniendo en cuenta la lentitud de la justicia italiana, resaltó el rotativo.
En cuanto a los otros dos procesos que tiene pendientes, uno está en fase de investigación y otro a punto de ser archivado.
Sabedor de las escasas probabilidades de que estos juicios prosperen, Berlusconi reiteró ayer que seguirá al frente del Gobierno y mantuvo las acusaciones contra los magistrados, a quienes en tono descalificativo llamó «rojos», y contra el presidente de la República Giorgio Napolitano, que en su día ratificó la polémica norma aprobada por el Parlamento.
En declaraciones a Radio RAI, sostuvo que «hay dos procesos farsa, absurdos, risibles que enseñaré a los italianos incluso yendo a la televisión». «Menos mal que está Silvio -el título de la canción electoral-, porque de otra manera, el país acabaría en manos de la izquierda que tiene una organización en la magistratura que usa el poder judicial con fines políticos. Ha sido elegido por una mayoría de izquierdas que no tiene la mayoría en el país», incidió.
El líder opositor y ex magistrado Antonio di Pietro, de Italia de los Valores, ha emplazado a realizar «una gran manifestación para pedir en voz alta la dimisión de Berlusconi y para que vayamos a las urnas. Debe dimitir por razones técnicas».
El vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura, Nicola Mancino, defendió al Tribunal Constitucional y aseguró que «ha desempeñado su papel. Ahora, la sentencia debe ser respetada».
Pese a los intentos de la derecha por evitar el tema, el pleno del Parlamento de Estrasburgo celebró ayer un encendido debate sobre la libertad de prensa en Italia. El presidente del Partido Popular Europeo, Joseph Daul, condenó el uso del Parlamento como un foro de debate nacional y subrayó que Italia es un país democrático en el que se respeta la ley. En ese sentido, dijo que el debate no tenía nada que ver con la función del Parlamento y que esta institución no debería ser utilizada para resolver disputas internas.
En un tono similar, el polaco Ryszard Czarnecki (Ley y Justicia, ultraderecha) remarcó que son los italianos los que tienen que resolver sus problemas internos,
El eurodiputado italiano David-Maria Sassoli (Grupo Socialista) incidió en que «Italia es un gran país democrático, como ha demostrado el veredicto del Tribunal Constitucional». Sin embargo, señaló que el derecho a la información debe ser garantizado por igual en todos los países de la UE. Por eso, pidió una directiva con normas aplicables a todos los Estados miembros.
Para el líder del grupo de los liberales, Guy Verhofstadt, es innegable que hay un problema y pidió a la Comisión que garantice el pluralismo de los medios.
La eurodiputada holandesa Judith Sargentini, de los Verdes/ALE, calificó de «vergonzoso» el intento de retirar este debate del orden del día. Subrayó que la presión obliga a los periodistas italianos a aplicar la autocensura y la democracia en Italia es vulnerable.
El francés Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) criticó la influencia del primer ministro Silvio Berlusconi por ser «incompatible con la democracia moderna». GARA
