La huelga general que llevaron a cabo los sindicatos griegos fue una demostración de fuerza contra las medidas con las que el Gobierno heleno pretende cumplir las exigencias financieras marcadas por la Unión Europea. La huelga general fue secundada por un 80% de los empleados del sector público y privado, en protesta por estas medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno del PASOK.

El paro laboral de más de un millón de empleados paralizó el país durante gran parte del día, que estuvo además marcado por grandes protestas e intervenciones de la Policía contra manifestantes en algunos casos.

La convocatoria estaba apoyada por la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE) -confederación sindical del sector privado vinculada al gobernante PASOK-, la Unión de Funcionarios Civiles (ADEDY) -sindicato de funcionarios también vinculado al PASOK- y la organización sindical comunista (PAME), que convocó manifestaciones separadas de las centrales sindicales.

Las oficinas públicas, hospitales, universidades y gran parte del transporte público urbano no funcionaron, mientras que todos los servicios de trenes y aviones fueron suspendidos hasta las 6.00, hora local, de hoy.

El espacio aéreo permanecía cerrado, por lo que se cancelaron unos 400 vuelos previstos, y sólo se abrió para los casos de emergencia y para las operaciones de Estado. Los barcos con destino a las islas y a Italia también suspendieron sus itinerarios, al igual que los trenes de larga distancia, los de cercanías, el metro y los tranvías. En los hospitales públicos, los médicos sólo atendieron los casos de máxima urgencia. Los periodistas y los técnicos de la televisión participaron en la huelga, y las radios no emitieron informativos, lo que supuso un apagón informativo de 24 horas.

Sólo en el sector turístico y algunos supermercados y tiendas mostraron alguna actividad.

Anuncian más protestas

Los sindicatos se mostraron satisfechos ante la muy alta participación y anunciaron más protestas contra las medidas del Gobierno para las próximas semanas.

El objetivo es que el Ejecutivo «comprenda que no puede suprimir los derechos laborales», explicó Stathis Anestis, portavoz del sindicato GSEE, que aglutina a los trabajadores del sector privado. Dos grandes manifestaciones llenaron el centro de Atenas, con especial fuerza de los trabajadores comunistas, que no dan tregua al Gobierno del primer ministro griego, Giorgios Papandreu. También en Salónica se manifestaron miles de trabajadores.

En la capital, una pancarta de la Unión de Empleados Civiles (Adedy) rezaba «Decimos no a la austeridad y al desemple»». El paro en Grecia roza el 10% y puede subir al 20%, según reconoce el propio Ejecutivo. En otras se pudieron leer lemas como «No seremos nosotros quienes paguemos por la crisis de los ricos» o «El pueblo y sus necesidades son más importantes que los mercados».

Giorgos Peros, portavoz del sindicato PAME, afirmó que «el pueblo tiene ganas de seguir luchando por sus derechos y no habrá cohesión con el Gobierno sobre las políticas antipopulares». Los sindicatos estimaron la participación en las manifestaciones de Atenas en 40.000 personas, mientras la Policía la redujo a la mitad. En algunos momentos los agentes intervinieron lanzando gases lacrimógenos contra algunos manifestantes. La Policía afirmó que lanzaron cócteles molotov e intentaban aproximarse a grandes hoteles de la capital.

Desde la madrugada las autoridades habían cortado el acceso del tráfico al centro de Atenas, lo que causó problemas en la circulación en la ciudad en la que se concentra casi el 50% de la población. El autobús y una línea de metro funcionaron sólo para permitir a los atenienses acercarse a las manifestaciones previstas en el centro de la capital a mediodía.

«Son los ricos los que nos trajeron hasta el borde de la bancarrota y son ellos lo que tienen que pagar», comentaba Elefterios Fotopulos, trabajador de una imprenta, mientras esperaba en un barrio ateniense a que los autobuses volvieran a circular para poder asistir a una manifestación.

Recortes

La huelga se dirige contra las estrictas medidas de austeridad impuestas a Grecia por la Unión Europea (UE) por su desbordante endeudamiento.

Papandreu, elegido en octubre pasado, quiere recortar los sueldos de los funcionarios públicos, rebajar el gasto social en un 10%, retrasar la edad de jubilación hasta los 63 años, recortar las contrataciones, aumentar los precios de los combustibles, cerrar empresas públicas y aumentar algunos impuestos -que afectan sobre todo a partir de los salarios medios- para reducir el déficit público en 4 puntos porcentuales este año.

El primer ministro había expresado su comprensión por el malestar popular que ha llevado a la huelga general, aunque insistió en que el Estado griego simplemente «no tiene más dinero».

Pero los sindicatos aseguran que el Gobierno ahorra en los ámbitos equivocados. Exigen que el ahorro se reparta de forma más justa para que empleados y jubilados no sean los que paguen por los efectos de la crisis económica.

La deuda pública griega supera el 110% del Producto Interior Bruto (PIB) y Atenas debe refinanciar este año unos 53.000 millones de euros de su débito.

Una delegación de observadores de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo revisan desde el martes la puesta en práctica de las medidas acordadas con el Ejecutivo comunitario para superar la crisis o si por el contrario se requieren iniciativas adicionales.

Los estados de la UE han pedido a Grecia que prepare nuevas medidas para el 16 de marzo si existe el riesgo de incumplir este objetivo de déficit. Mientras, la agencia internacional de calificación de riesgo Fitch bajó ayer, por segunda vez desde principios de diciembre pasado, la calificación de los cuatro mayores bancos comerciales de Grecia.

Además, convencida de que las medidas que deberá adoptar el Gobierno heleno para reducir el déficit público «impactará negativamente en el sistema bancario de Grecia», así como en los hogares y por lo tanto en el mercado de préstamos, redujo también su «rating» sobre los bonos del Estado gestionado por tres importantes entidades financieras.

Rebaja en la deuda pública

Igualmente, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's amenazó con una rebaja «de uno o dos tramos» sobre la deuda pública griega a largo plazo. Aún mantiene la nota «BBB+», que implica una calidad «aceptable», pero advirtió de que el «rating» de Grecia continúa sometido a vigilancia negativa.

La calificadora de riesgos colocó en vigilancia negativa la nota de la deuda pública a largo plazo de Grecia el pasado 7 de diciembre, lo que el 16 de diciembre desembocó en un recorte de la calificación hasta su actual nivel, al mismo tiempo que situó la nota de deuda a corto plazo, situada en A-2, también bajo vigilancia negativa.

Pero las mismas medidas y recortes que han provocado la furia de sindicatos y trabajadores son las que tranquilizan a estas agencias.

Así, Standard & Poor's destacó que, desde que rebajó la nota de Grecia, el Gobierno haya actualizado su plan de de estabilidad y haya anunciado medidas adicionales para recortar el déficit público en cuatro puntos porcentuales este año y situarlo en el 8,7%, entre las que se incluye la congelación salarial en el sector público y las subidas de impuestos a los combustibles.

«Contemplamos el anuncio de medidas adicionales para reducir el déficit como un paso razonable para aliviar la carga del endeudamiento público», afirmó la agencia.

No obstante, el analista de S&P Marko Mrsnik advirtió de que «es posible una nueva rebaja de uno o dos tramos en el plazo de un mes» ya que los grandes desequilibrios presupues- tarios y externos de Grecia, junto al débil entorno económico exterior, sugieren que «las presiones deflacionistas pueden agravar las dificultades económicas del país».

Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Ben Bernanke, dijo ayer que el banco central estadounidense no tiene planes de ayudar a Grecia con la compra de sus bonos.