Las querellas de las víctimas del franquismo llegan a Argentina
Dos familiares de víctimas y desaparecidas durante la dictadura presentaron ayer, junto a una decena de organizaciones de derechos humanos españolas y argentinas, una querella por genocidio y otra por crímenes de lesa humanidad contra el régimen franquista ante los tribunales de Buenos Aires. Instaron a investigar estos delitos para identificar y, en su caso, juzgar a sus responsables.
Ruben PASCUAL
Un total de diez asociaciones y dos particulares presentaron ayer una querella ante la Justicia argentina contra el genocidio cometido contra miles de personas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista, amparándose en el principio de jurisdicción universal, como ya adelantó GARA en su edición de ayer. Entre las organizaciones demandantes, se encuentran, entre otras, la Asociación para la Recuperación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo o el Servicio de Paz y Justicia, presidido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
La denuncia fue presentada en la Cámara Federal de Buenos Aires y quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, confirmaron a Efe portavoces de los querellantes.
Los demandantes argumentan que los crímenes cometidos por el régimen franquista constitutivos de un delito de genocidio y/o de lesa humanidad, «nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española». «Hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad», afirman.
«Cientos de miles»
En el texto, al que tuvo acceso este diario, se detallan -como «circunstancias extensibles a cientos de miles de personas»- los casos de las familias Rivas y Holgado García que «fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionados por la Falange Española, que denominaba `paseos' los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, y cuyos cadáveres eran dejados al costado por los caminos».
Todas estas circunstancias, aseguran los demandantes, constituyeron «un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes».
En la querella, los demandantes apelan al «ejercicio de la jurisdicción argentina respecto de crímenes que ofenden y lesionan la humanidad permanecen impunes». Por ello, y en referencia a la española Ley de Amnistía de 1977 recuerdan que este tipo de normas no son admitidas por el Derecho Internacional y en Argentina se han declarado «insanablemente nulas».
Asimismo, solicitan que sea admitida la querella y se instruyan actuaciones para proceder a la investigación de los hechos, la identificación de sus responsables, la imputación y detención aquellos que estén vivos.
Para ello, reclaman al Gobierno español que recabe «los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado español que desarrollaron sus funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias pluralistas desde 1936, y certificación de los que hayan fallecido».
Piden la misma información referente «a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores Generales de Seguridad y dirigentes de la Falange Española» del mismo periodo -entre los que destaca el presidente fundador del PP y el que fuera ministro de Francisco Franco, Manuel Fraga-, así como sobre el número de personas desaparecidas y asesinadas y sobre niños sustraídos a sus familias.
También piden datos sobre las fosas comunes localizadas y una lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que siguen activas.
Además, requieren mediante exhorto por vía diplomática, al juzgado de Baltasar Garzón para que remita testimonio completo de las diligencias previas y el sumario de la investigación que inició.
Teniendo en cuenta que la Ley española de Amnistía «incluye solamente los delitos de intencionalidad imputados a la resistencia al régimen fascista», recuerdan que «los crímenes internacionales de genocidio o los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura española [...] no pueden ser calificados como delitos de intencionalidad política».
«Consentimiento»
Por ello, solicitan la aplicación del principio de jurisdicción universal citando el discurso del ex fiscal supremo de EEUU Robert H. Jackson en el discurso de apertura del juicio contra los crímenes del nazismo: «El trato que un gobierno da a su propio pueblo, normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o la comunidad internacional de estados. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento».
La ultraderechista Falange Española convocó ayer una manifestación para el 24 de abril bajo el lema «Orgullosos de nuestra historia falangista», ante los «ataques de titiriteros, fiscales y jueces de pacotilla».
El autodenominado sindicato ultraderechista Manos Limpias denunció ayer, ante el juzgado de instrucción de Madrid, al rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, y al ex Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, por el acto que se celebro en apoyo al juez Baltasar Garzón.
A Berzosa le acusan de prevaricación y malversación de caudales públicos y a Jiménez Villarejo de injurias y calumnias. El juzgado de instrucción de Madrid llevará el caso a reparto y se conocerá en los próximos días a qué juez le corresponde, informó Europa Press.
En el acto, organizado por CCOO y UGT en el que ambos querellados intervinieron, Villarejo acusó al Tribunal Supremo español de ser «instrumento del fascismo» y apuntó que los jueces que procesarán a Garzón de haber estado en el Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo y de haber sido «cómplices de torturas».
A este respecto, el diputado del PP Miguel Arias Cañete, afirmó que el mismo Villarejo también juró en su día los principios del Movimiento, «aunque probablemente ya no se acuerde».
Entretanto, a medida que tanto el caso de la inculpación de Garzón como el de los crímenes del franquismo van adquiriendo una mayor proyección internacional -que también tuvo un gran reflejo en la prensa internacional-, en el Estado español, un grupo de víctimas del franquismo o allegados de éstas iniciaron un encierro en la Escuela de Relaciones Laborales de Madrid, en la que también participan personalidades de la cultura. GARA
El Frente Amplio (FA), partido del presidente de Uruguay, José Mujica, acordó a principios de esta semana la creación de una comisión para analizar las diferentes opciones de cara a retirar del sistema judicial la llamada Ley de Caducidad, que estableció la amnistía para todos los delitos durante la dictadura (1973-1985).
Por otro lado, el presidente Mujica dejó de lado -la tarde del martes, madrugada de ayer en Euskal Herria- el plan que pretendía conceder el arresto domiciliario a presos mayores de 70 años. Esta medida, destinada a descongestionar el sistema penitenciario de Uruguay, levantó ampollas en el seno de sectores del FA, que acusaban a Mujica de no hacer distinciones entre los crímenes cometidos por los presos beneficiados.
El mandatario anunció su decisión de renunciar a ese plan, en cuya aplicación había insistido en varias ocasiones, durante una reunión que mantuvo ayer con los legisladores de su partido, a quienes convocó para debatir la relación de las Fuerzas Armadas uruguayas.
El diputado del FA Aníbal Pereyra afirmó que, durante la reunión, Mujica -ex guerrillero tupamaro que pasó quince años encarcelado-, destacó que no se trata de «abdicar de las posiciones del pasado», sino que «es el futuro el que obliga a solucionar esos conflictos para generar un nuevo papel para las Fuerzas Armadas».
Del mismo modo, Pereyra destacó a Efe que el encuentro fue positivo y que al final el presidente señaló que la idea de poner en arresto domiciliario a ex represores -medida que le valió las loas de la oposición- era una «filosofía personal y que no tenía ninguna intención de imponer su voluntad personal a los diputados de su partido». GARA
En una comparecencia Rivas denunció el «silencio cómplice» actual y aseguró que «el camino de la concordia y la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido».
