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Los clubes denuncian la gestión de la Junta Directiva de la Hípica de Loiola

Los clubes Listorreta, Lazkaomendi y Jaizubia, miembros hasta hace poco de la Asamblea de la Hípica de Loiola en Donostia, han denunciado la gestión de la Junta Directiva, órganos ambos que han sido intervenidos por la Diputación. Los exmiembros de la Junta son los mismos socios de Hipikalia -amigos de Bárbara Dührkop-, que explota las instalaciones hípicas y por la que la exministra Carme Chacón ha sido acusada de presunta prevaricación.

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Oihane LARRETXEA |

El Juzgado número dos de Madrid investiga a Carme Chacón, exministra de Defensa, tras una denuncia por prevaricación, acusada de haber adjudicado «a dedo» la gestión de la Hípica de Loiola de Donostia a la empresa Hipikalia, conformada por Alberto Catalán, Jesús Ferreiro y José María Rayo, tres socios de Bárbara Dührkop, ex europarlamentaria y exconcejala del PSOE en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana. La denunciante es la empresa Akullarte, que a pesar de haber ofrecido por la gestión de la hípica donostiarra 180.000 euros por cinco años, vio cómo se la adjudicaban a Hipikalia, con una oferta tres veces inferior. Es más, Akullarte cuenta con un capital social cercano al millón de euros, mientras que Hipikalia fue fundada con un patrimonio de 500 euros.

Este extremo no es sino la punta del iceberg, porque las desavenencias en torno a la gestión y el control de las instalaciones se remontan al año 2008, cuando el Ministerio de Defensa decidió desprenderse de las hípicas que tenía repartidas en el Estado español.

Para entonces, hacía dos años que Dührkop había enviado desde Bruselas una carta a José Bono -entonces titular de la cartera de Defensa- para, apelando a «la pasión que compartimos por los caballos», transmitirle el interés que tenía por llevar el control de la hípica a través de EkiEaso, su asociación «para la defensa de los socios y usuarios de la Real Sociedad Hípica de San Sebastián», fundada poco antes de la carta emitida a Bono. Precisamente, Catalán, Ferreiro y Rayo eran sus socios en EkiEaso.

El Ministerio ya dirigido por Chacón estudió en 2008 la situación, pero decidió adjudicar la gestión a la Federación Guipuzcoana de Hípica porque se trataba de una entidad sin ánimo de lucro. A su presidencia accedieron, en octubre de 2007, Alberto Catalán, como presidente; José María Rayo, como vicepresidente; y el exmilitar Jesús Ferreiro, como secretario. Es decir, a pesar de que en esta ocasión Defensa declinó adjudicarlo «a dedo», delegó esa responsabilidad en las mismas personas que formaban EkiEaso a través de la Junta de la Federación.

No obstante, la empresa Akullarte no es la única que ha visto irregularidades en torno a la hípica de Loiola. También Jaizubia, Listorreta y Lazkaomendi, tres de los cuatro clubes que conforman la Asamblea de la Federación -el cuarto es EkiEaso-, y que además en los últimos dos años han denunciado en reiteradas ocasiones ante la Diputación de Gipuzkoa la gestión interesada de la Junta Directiva para beneficio propio.

Iñaki Bedoya, en representación de los tres clubes, ha declarado a GARA que cuando esta Junta se puso al frente se empezó a generar «mucho dinero», pasando de un presupuesto anual de 18.000 euros a casi 600.000. A pesar del considerable aumento, asegura que «el resto de los clubes seguíamos recibiendo la misma cantidad por parte de la Federación. Les dijimos que eso no podía ser, que si la Federación tenía ingresos tenía que repercutir en todos los usuarios», cuenta.

Ante las irregularidades en las cuentas, la Asamblea solicitó una auditoría, pero esta no salió adelante porque Catalán dejó sin efecto el doble voto del que disponía Jaizubia y que era clave para obtener la mayoría que diera luz verde a la auditoría.

Fue en este punto cuando los mismos hombres de la Junta formaron la asociación privada Hipikalia y viajaron hasta Madrid para reunirse con Mónica Melle, directora de Infraestructuras del Ministerio de Defensa. «Alegando que la Junta tenía un `problema contable', en alusión a la auditoría, pidieron al Ministerio que traspasara la gestión a Hipikalia, porque al tratarse de las mismas personas defendieron que sabían llevarlo. Además, les aseguraron que la Asamblea estaba de acuerdo con aquel cambio. El Ministerio, entiendo yo que saltándose todas las leyes, se lo concedió», relata.

La Asamblea tuvo conocimiento del relevo mediante un correo electrónico que les envió Carlos Alfonso, técnico de la Diputación, institución que hasta el momento, según Bedoya, no mostró voluntad para mediar en el asunto, a pesar de que la Federación recibía dinero público de las arcas forales por fomentar el deporte y para poder organizar concursos hípicos.

Así las cosas, los tres clubes -EkiEaso seguía apoyando a la Junta- se reunieron con Melle, quien se presentó con el general José Manuel Gordillo. «Les demostramos que no había sido una decisión consensuada por la Asamblea, que es el órgano de gobierno, y a ella [a Melle] no le quedó otra salida más que cumplir la ley, así que lo sacó a concurso», recuerda.

Defensa recibió entonces las dos ofertas: la de Akullarte y la de Hipikalia. Aunque en un primer momento se eligió a la primera -que triplicaba la oferta de la segunda-, el Ministerio finalmente se decantó por Hipikalia, después de que esta reclamara que Akullarte no cumplía todos los requisitos. «Parece evidente que Bárbara Dührkop llamó a Chacón», opina Bedoya.

Ayuda ante Diputación

Mientras tanto, las elecciones forales y municipales en Hego Euskal Herria en junio de 2011 trajeron un cambio en la Diputación. Bedoya admite que la actitud de sus representantes políticos comenzó a cambiar, aunque recuerda que los técnicos siguen siendo los mismos. «Pedimos que la Diputación intervenga porque da un dinero público que no sabemos adónde va y no están haciendo los concursos anuales que deben. De hecho, la última edición fue en 2009».

Según cuenta Bedoya en nombre de los clubes Listorreta, Jaizubia y Lazkaomendi, el técnico Carlos Alfonso se reunió con Catalán en noviembre del pasado año, tras lo cual «misteriosamente dimitió como presidente de la la Junta Directiva». Por consiguiente, Ferreiro y Rayo hicieron otro tanto. Sin embargo, los tres nombres siguen ligados a la hípica de Loiola porque Hipikalia es quien, a día de hoy, sigue explotando las instalaciones.

Apenas un mes después de aquella reunión, la Diputación de Gipuzkoa decidió intervenir en la Federación, designando al abogado Asier Laskibar Gartzia como presidente. A su vez, el departamento que dirige la diputada Ikerne Badiola nombró a personal técnico para desempeñar las funciones de la Asamblea.

Mientras el Juzgado número de dos de Madrid investiga a Carme Chacón y Mónica Melle, la Federación guipuzcoana de Hípica espera la convocatoria de Lakua, que es quien determinará la fecha de las elec- ciones para elegir a los nuevos representantes de la Asamblea y de la Junta. «Esperamos ir a unas elecciones limpias y que esto cambie, además de lograr la transparencia en las cuentas -dice esperanzado-. Lo importante es que, como hasta ahora, los clubes sigamos estando unidos».

injustificable

«¿Cómo se justifica dejar de ingresar en las arcas del Estado esta cantidad [180.000 euros] (...)? Resulta injustificable salvo por la necesidad de mejorar a una compañera de partido», dice el escrito de acusación.

antes del 20-N

La adjudicación definitiva de la Hípica de Loiola a Hipikalia fue firmada tres semanas antes de las elecciones estatales. Concretamente, Chacón y Melle lo concedieron el pasado 28 de octubre.

 

La despatrimonización de la Federación

Las irregularidades en las cuentas comenzaron, según Iñaki Bedoya, cuando Alberto Catalán, Jose María Rayo y Jesús Ferreiro se pusieron al frente de la Junta Directiva de la Federación Guipuzcoana de Hípica y el presupuesto anual pasó de 18.000 euros a 600.000.

Sostiene que recibían dos partidas importantes de la Diputación, una por fomentar el deporte en general y otra por promoverlo a nivel escolar. Aunque esa cantidad sí se repartía, asegura que constan 400.000 euros en gastos de personal, cuando el personal contratado era limitado. No obstante, descubrieron que Ferreiro y Catalán estaban cobrando gracias a unas dietas que se habían impuesto. «Es decir, se trataba de sueldos encubiertos», dice.

Asimismo, también han detectado una partida de 17.000 euros en becas a deportistas, aunque no saben quién ha recibido ese dinero. «Entendemos que la gestión es interesada», dice.

Con el aumento de los ingresos, la Junta mejoró las instalaciones «de una manera impresionante», hasta el punto de que, en lo que a instalaciones hípicas se refiere, la de Loiola es la mejor de Euskal Herria, en opinión de Bedoya.

Además de las obras, también compraron herramientas y diverso material que pertenece a la Federación. En nombre de los clubes de Listorreta, Jaizubia y Lazkaomendi, Bedoya denuncia que Hipikalia pretende quedarse con todo ello. «Catalán necesita que le autoricen las cuentas de 2010, porque en ellas hay unas cosas rarísimas imposibles de explicar, incluida la despatrimonización de la Federación». O.L.

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