El futuro de las pensiones fue uno de los temas clave de la sesión de control del Congreso de los Diputados celebrada ayer. Y es que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tuvo que responder a la interpelación de Izquierda Plural -formada por IU-ICV y CHA- sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC de noviembre. La ministra eludió responder a la cuestión y no aclaró cuál será la actuación del Ejecutivo al respecto.

Báñez insistió en dos temas: la herencia recibida por el Gobierno anterior y la subida de las pensiones en un 1% anunciada recientemente por el equipo de Rajoy. Sin embargo, sobre la cuestión planteada apenas dio explicaciones.

«Lo más importante es garantizar las pensiones y dar tranquilidad a los pensionistas», sostuvo. «Hemos recibido las pensiones en déficit y las dejamos en superávit. Hemos recibido las pensiones congeladas y las subimos desde el primer momento», esa fue la explicación de la ministra sobre las medidas adoptadas. Recalcó que el PP ha revalorizado las pensiones un 1% en 2012 y apuntó que volverá a hacerlo en 2013, pero su revisión conforme al IPC sigue siendo una incógnita.

Tras escuchar la intervención de Báñez, el portavoz de Empleo de IU-ICV, Joan Coscubiela, reclamó una respuesta «clara» y recordó al Ejecutivo que la revisión de las pensiones no es una cuestión «graciable» sino un «derecho que garantiza la ley», por lo que criticó las «evasivas, eufemismos y frases ininteligibles» que empleó el Ejecutivo para «no comprometerse con el mantenimiento del poder adquisitivo» de las pensiones.

Incompatible con el déficit

Quien sí se refirió a la revalorización de las pensiones fue el subiderector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ignacio Conde-Ruiz, quien apuntó que el objetivo del déficit para 2012 (6,3%) será inalcanzable si las pensiones se revisan con el IPC de noviembre, ya que supondría un gasto de 3.500 millones adicionales.

En su opinión, hacerlo sería «paradójico», puesto que la subida del gasto de la actualización contrarrestaría el aumento de ingresos procedente de la subida del IVA.

Por ello, abogó por reducir el gasto público «lo máximo posible» y sostuvo que reducir el gasto en pensiones es «el último recurso» del Gobierno.