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El PSC contradice su programa y amaga con oponerse al derecho a decidir

Beñat ZALDUA | BARCELONA

La polémica suscitada por la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán a lo largo de la última semana tendrá, al final, la virtud de clarificar el panorama político sobre el derecho a decidir. Tras la reunión mantenida el lunes, CiU y ERC presentaron ayer una nueva propuesta de Declaración, en la que desaparece la mención al Estado propio y en la que se mantiene la referencia a Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano».

Con esta rectificación, nacionalistas y republicanos pretenden sumar el apoyo del PSC, que se había quejado porque el primer borrador mezclaba la soberanía con el Estado propio. Pues bien, ni sin la mención al Estado propio parece viable el apoyo de los socialistas. Ayer, su portavoz parlamentario, Maurici Lucena, lamentó la referencia a la soberanía política y jurídica e insistió en que la Ley es para ellos una «línea roja». Una ley en forma de Constitución, que señala que la soberanía «reside en el pueblo español». La exministra de Defensa, Carme Chacón, fue más tajante y aseguró que el PSC votará en contra.

Pese a que todavía hay tiempo para negociar y la negativa del PSC no está confirmada, todo indica que los socialistas se quedarán al margen de la mayoría parlamentaria que apruebe la Declaración. Cómo pretenden defender el derecho a decidir -recogido en su programa electoral-, sin considerar a Catalunya como sujeto político y jurídico soberano es algo que solo ellos saben.

Por su parte, ICV-EUiA y la CUP vieron con buenos ojos los cambios del nuevo borrador, así como el carácter de negociable que le han otorgado CiU y ERC. Ecosocialistas e independentistas se mostraron dispuestos al diálogo para llegar a un acuerdo, por lo que cabe pensar que la declaración puede acabar aprobándose el 23 de enero con los 87 votos de estas cuatro formaciones.

Novedades en el frente judicial

El Tribunal Constitucional admitió ayer los recursos del PP contra varias medidas del Govern y decidió suspender cautelarmente el euro por receta, las tasas judiciales autonómicas y el impuesto sobre depósitos banca- rios. En sentido inverso, el Govern anunció que interpondrá un recurso en el TC contra la reforma educativa que impulsa el ministro español José Ignacio Wert, al estimar que invade las competencias de la Generalitat.

Dentro también de la crónica judicial, la Audiencia Nacional tomará declaración a la exnovia de uno de los hijos de Jordi Pujol, en el marco de las investigaciones sobre las supuestas cuentas bancarias de la familia Pujol en Suiza.

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