El Senado francés aprobó, en otra votación nocturna, el nuevo contrato juvenil, contra cuya aprobación se anuncia una nueva jornada de movilización para el próximo día 7. El llamado CPE contó con el respaldo de 172 votos de la derecha gobernante y con la oposición de 142 senadores. Al haberse aprobado el artículo 3 bis del proyecto de ley en los términos en que lo hiciera la Asamblea Nacional, no será preciso recurrir a la refundición del proyecto de ley, lo que agilizará la entrada en vigor del nuevo modelo de contrato. Dominique de Villepin se mostró favorable desde el principio a no prolongar excesivamente el proceso de aprobación, y argumentó para ello la imperiosa necesidad de dar respuestas a los miles de jóvenes que no encuentran una salida laboral.

A la luz de los datos del desempleo, conocidos el pasado lunes, está claro que la estadística aprieta el zapato del jefe del Ejecutivo. Por vez primera en nueve meses, es decir desde que De Villepin asumió el cargo, el paro ha aumentado en el Estado francés, donde a finales de enero había, según las cifras aportadas por el Ministerio de Empleo, 2.326.900 personas buscando trabajo. Con un índice global del 9,6%, el desempleo se perfila como el principal escollo para un primer ministro que accedió al cargo con la prioridad expresa de combatirlo.

La cifra de desempleo se dispara en el caso de los menores de 26 años, sector a cuyo rescate se dirige, según la propaganda gubernamental, el nuevo contrato, y que a los ojos de los sindicatos y de las organizaciones estudiantiles de izquierda sólo aumentará el importante índice de precariedad que ya soporta el mercado laboral en el Estado francés. Actualmente, el índice de desempleo entre los más jóvenes es del 22,8% y nada apunta a que el mercado laboral sea capaz de ofrecer en el futuro mejores oportunidades a quienes deciden no seguir sus estudios y tratan de incorporarse a la vida laboral.

Resulta paradigmático lo ocurrido en las «zonas urbanas sensibles». Tras las revueltas en las banlieues, el Gobierno anunció un plan social. Desde entonces, 26.000 jóvenes se han inscrito en las listas del desempleo. Mano de obra, en su mayoría no especializada, que ha sido derivada a contratos de aprendizaje y de profesionalización, en definitiva a contratos de corta duración y baja retribución ya existentes en la legislación, y a los que ahora se suma un CPE que reduce a la mínima expresión los derechos de los trabajadores más jóvenes. -