Roberto Sáiz falleció, según la información aportada por instituciones penitenciarias, en la enfermería de la prisión de Aranjuez, a la que fue trasladado después de que su compañero de celda, otro preso político vasco, alertara de que el portugalujo se encontraba indispuesto.

Delegado de LAB en el Hospital de Basurto, Sáiz fue detenido en setiembre de 2003, y tras permanecer cinco días incomunicado en dependencias de la Ertzaintza, denunció haber sufrido torturas ante un juez de la Audiencia Nacional.

La muerte de Sáiz se conoció pasado el mediodía, cuando compañeros de sindicato del fallecido, junto al resto de agentes que suscriben el compromiso de Ibaeta, mostraban en las calles su rechazo a la política de dispersión que se llevó, el lunes, la vida de un joven de la localidad portuaria que había cumplido ya diez años en prisión. Angulo estaba desde 2001 a 600 kilómetros de Euskal Herria, alejado como Sáiz de su país, y murió sin tener junto a él a ningún otro preso político.

Dos muertes que golpean en el escenario vasco en un periodo que apunta a un horizonte de esperanza aunque, aquí y ahora, ante la enorme dimensión de esta doble tragedia humana, ese escenario pueda tomar, para amplios sectores ciudadanos, la forma nada deseable de un túnel sin salida.

La denuncia de la dispersión ­a la que se sumaba el Gobierno de Lakua a través de su portavoz, Miren Azkarate­ unía ayer en la pancarta a representantes de la mayoría sindical, en una imagen de compromiso que aporta a la construcción de un nuevo escenario. Sin embargo, en las mismas calles de Gasteiz en que se denunciaba la barbarie policial que causó la muerte de cinco obreros en 1976, la Ertzaintza la emprendía a golpes, por la mañana contra quienes marchaban en contra de la dispersión, y por la noche contra los miles de asistentes al homenaje sindical a las víctimas obreras.

La actitud del Departamento de Interior de Lakua es del todo inaceptable. Primero, por haber atentado contra el derecho de una familia y del entorno social al que pertenece de despedir a su allegado muerto según sus deseos. Segundo, por haber contribuido innecesariamente a elevar la tensión mediante prohibiciones y hostigamiento a actos de solidaridad con las víctimas de la dispersión, ­y hasta con las del 3 de marzo­, lo que en el presente contexto político advierte de la persistencia de unos peajes y unos tics que más pronto que tarde quedarán en el pasado, pero nunca en el olvido.

Resulta contradictorio que Lakua secunde el clamor contra la dispersión y que su Policía castigue sólo por intentar manifestarse a los sectores más activos en la denuncia de la vulneración de derechos. El síndrome de la obediencia ciega a los dictados de Madrid queda como triste argumento a la hora de interpretar el proceder del Departamento de Javier Balza, lo que no es precisamente la mejor contribución a una solución democrática.

El pueblo vasco camina hacia el logro de una paz justa y duradera, pero circunstancias como las vividas los últimos días hacen más penoso ese tránsito. Es el caso de los zarpazos de una política penitenciaria que ha teñido de duelo a dos familias vascas en una misma semana, pero también de los pasos que anuncia la Audiencia Nacional para extender las consecuencias de la nueva doctrina en materia de redenciones ideada por el Supremo para imponer la cadena perpetua a los presos vascos. Ayer mismo trascendía la orden de paralizar la excarcelación de dos de ellos, Gaztañaga y Troitiño.

No sirve escudarse en las presiones del PP o invocar la obediencia debida a unas leyes de excepxión. Es tiempo de altura política, y ni el PSOE ni ningún otro agente que apueste por la solución, puede eludir su cuota de responsabilidad para impedir que las cárceles sean un túnel sin salida. -