El día 1 de enero se puso en marcha el nuevo servicio público de ingreso de personas dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia, aprobado en las Juntas Generales a iniciativa del Gobierno Foral (PNV-EA) y con el beneplácito del PSE.

Poco se ha hablado del tema en los medios de comunicación y, en general, ha pasado desapercibido. Ninguna de las asociaciones ciudadanas, de familiares, de afectados, de voluntarios, o de profesionales y sindicatos han podido expresar su opinión al no existir ante-proyecto, al haberse fraguado tras bambalinas. Igualmente han sido convidados de piedra los ayuntamientos y la administración de Justicia, instituciones a quienes afecta de manera importante la nueva normativa. Habría que preguntarse si existe un pacto de silencio entre quienes han apoyado esta iniciativa. ¿Por qué no han generado un debate social respecto a lo que supone? ¿Será que no les conviene electoralmente?

El nuevo sistema crea el servicio público de ingreso en residencias para personas mayores dependientes. La red de residencias está formada por los centros de titularidad foral: IFAS (con personal público) y Bideak (de gestión privada); por los convenidos con otras administraciones (residencias municipales); y por los centros privados con plazas concertadas. En los últimos años se ha ido cediendo la gestión y la administración de los servicios de provisión y producción públicos a la iniciativa privada. Pretenden convencernos además de que la responsabilidad pública consiste en financiar los servicios prestados por en- tidades particulares y con ánimo de lucro.

Citando un ejemplo, ilustramos lo dicho: con la derogación del decreto de ayudas económicas individuales para ingreso en centros residenciales y con la disculpa del reparto competencial entre Gobierno Vasco, ayuntamientos y diputaciones se pone en la cuerda floja la continuidad de la residencia para personas válidas de Txurdinaga (Bilbao) al no realizarse nuevos ingresos. Sin embargo, en ningún momento se plantea la transferencia de la misma al Ayuntamiento de la villa, con el fin de garantizar la existencia de una residencia pública para personas válidas.

La normativa aprobada genera grandes cambios en el acceso al servicio público. Las dos cuestiones más importantes a destacar son: que solamente pueden ingresar personas dependientes y que el sistema de cómputo de los recursos económicos es injusto.

De lo dicho se deriva que los cónyuges y parejas de hecho, si son válidos/as, no podrán estar en la residencia con quien han compartido su vida y, respecto al cálculo de los recursos económicos, se tiene en cuenta la renta y el patrimonio, introduciéndose la figura del reconocimiento de deuda.

Tengamos en cuenta también que el servicio no es universal: quienes superen 40.000 euros de capital mobiliario y/o 120.000 de inmobiliario no podrán acceder al mismo. Además, la vivienda habitual es objeto del reconocimiento de deuda. Esta figura que se presenta como novedosa y necesaria para la viabilidad del servicio público no es otra cosa que el abono del coste total de la plaza por la persona usuaria.

Las variaciones de capital mobiliario realizadas el último año tendrán que justificarse en su totalidad, generándose previsiblemente grandes dificultades para ello. Quien conoce la realidad de las familias de personas dependientes, en su mayoría demencias, sabe que el cuidado se realiza en el domicilio, por personas que no tienen contrato ni seguridad social, ni están de alta en actividades económicas y, por tanto, no habrá posibilidad de acreditar el gran desembolso económico que las familias realizan.

A todo lo anterior hay que añadir que la tramitación de la solicitud es compleja. Se asemeja a una carrera de fondo con muchos obstáculos donde un 20 o 25% de las personas se quedarán en el camino, ya que no tienen recursos personales para driblar los entresijos de la burocracia. Añadimos que los gastos económicos que se presentan son importantes: comisiones bancarias, gastos notariales, intereses de las entidades financieras.

Que nos contesten los responsables del proyecto cómo van a ayudar a una mujer con este perfil: viuda, con alzheimer, sin hijos/as universitarios/as, con vivienda habitual y una pensión de 466,98 euros, que está de alta en un centro hospitalario y sin pronóstico de recuperación.

La persona mayor dependiente atendida en su domicilio por su familia, cuando después de un proceso largo y costoso, decida acudir a los servicios sociales a solicitar un ingreso en una residencia, chocará con una normativa que parece perseguir más el control económico que ayudarles, y que valorará más el procedimiento administrativo puro y duro, que el ser un recurso social de apoyo.

También descubrirá: que si convive con ella un hijo/a mayor de 26 años, éste podrá quedarse sin vivienda; que para no descapitalizar al cónyuge que permanezca en el domicilio tendrá que hacer una separación de bienes; que precisará iniciar un procedimiento de incapacitación legal para obtener la autorización de ingreso y para suscribir el documento de reconocimiento de deuda; que sólo podrá ingresar en las residencias que forman parte de la red públicaŠ

En fin, habría que preguntar a los políticos que votaron la Norma Foral: ¿por qué una persona mayor, después de tomarse la dura decisión de un ingreso en residencia, no puede ingresar con su cónyuge? ¿Por qué después de trabajar toda su vida, pagar la Seguridad Social y los múltiples impuestos tiene además que abonar el 100% del coste residencial? -