El diario “La Razón”, en su edición del pasado 19 de enero, informaba sobre los motivos de una decisión tomada por un juez de la Audiencia Nacional: «Šordenó el procesamiento del etarra José Ignacio de Juana Chaos por dos artículos publicados en el diario GARA. La medida, tras no pocas vicisitudes, consiguió su objetivo (evitar la excarcelación) en julio del pasado año, cuando sólo faltaban 26 días para que el terrorista saliera a la calle». Y de estos entresijos, seguro que el rotativo madrileño está bien informado.

Leo unas declaraciones realizadas por el ministro de Justicia el pasado 8 de febrero, anunciando que construirá lo que haga falta para que los prisioneros no salgamos de la cárcel (técnicamente lo denomina «nuevas imputaciones»), al tiempo que reconoce haberlo hecho con anterioridad «por continuidad de vinculación con la banda armada o por amenazas proferidas desde la cárcel, como ya hicimos con Ignacio de Juana Chaos». Desde luego, el señor ministro parecería obsesionado con este asunto si no fuera porque todo lo hace por el bien de la Justicia. Aquella figurita que tiene los ojos tapados, una balanza en una mano y una espada en la otra, y que habitualmente colocan en un ana- quel oscuro y polvoriento.

Hojeo otro periódico atrasado. Aquí nos los dan cuando los censores lo consideran oportuno. Me sobresalto cuando leo al señor fiscal general del Estado refiriéndose, una vez más, a Parot y a De Juana. ¡Cómo me aburren ya Parot y De Juana!, me digo. «No se van a producir esas excarcelaciones», asegura. No dice que nunca peroŠ para mí que va en serio y es para siempre. Empiezo a creer que tanto afán justiciero esconde alguna intencionalidad y no sólo la de cargar de cadenas a unos cuantos prisioneros. Porque dos años de declaraciones ininterrumpidas como las citadas, acompañadas de un despliegue mediático desmedido, serían un esfuerzo desproporcionado únicamente por razones de venganza.

Tomo el “María Moliner” y busco el significado de la palabra prevaricar: «Faltar un empleado público a la justicia en las resoluciones propias de su cargo, conscientemente o por ignorancia inexcusable». Y después de leerlo, me embarga la duda de si dictar resoluciones judiciales con el objetivo a priori de encarcelar a una persona (sin importar el motivo o la existencia de delito) se podrá encuadrar en la anterior definición. No lo sé. Deberé consultar a un jurista. Pero parece improbable que lo que están haciendo sea prevaricar. Debe de ser legal. Porque la prevaricación es un delito en el que no podrían caer, todos a una: magistrados, fiscales, ministrosŠ Y por el caso de un único prisionero no cometerían el error de evidenciar de manera tan cruda las carencias de su Estado de Derecho.

Durante el año y medio transcurrido desde que terminé de cumplir la condena el 24 de octubre de 2004, he escuchado, en mi entorno, algunas explicaciones equivocadas a lo que está sucediendo. Argumentos, sin duda, desde la buena inten- ción, la inocencia o la incredulidad ante tal cúmulo de irregularidades. «Después de un tiempo te soltarán. Con dos o tres años más se darán por satisfechos. Si no hubieras escrito esos artículosŠ Es que como tienes tantos años de condenaŠ A ti te tienen un cariño especialŠ».

Sin embargo, las anteriores razones son erróneas. Ojalá, dentro de lo malo, fuera un castigo individualizado sin más implicaciones. Pero las consecuencias de «mi caso» o de otros similares serán extensivas y muy graves, incluso más allá de la izquierda abertzale. Y afectarán al recorte de libertades en todo el Estado, aunque los apliquen selectivamente según intereses.

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo explicó muy bien en una reciente charla pública en Iruñea: «A veces nos parece que la ley tiene que cambiar: entonces, se abre esa opción con una sentencia y se hace que decida el Supremo vía recurso». El mismo juez, en una entrevista realizada por Tele 5 el pasado día 21, contaba que en los pasillos de la Audiencia Nacional hay, permanentemente, de trece a quince periodistas autorizados. ¡Qué curioso que un tribunal de justicia cuente con tan importante y continuo despliegue de medios informativos!

Si me pongo a pensar mal, se me ocurriría que un cóctel elaborado con un zumo de jueces con voluntad de forzar el cambio de las leyes que no gustan, más unos polvitos de periodistas que corretean por los pasillos de la Audiencia Nacional, más unas gotas de intereses políticos confesables y un buen chorro de los no tanto, más unos frutos secos como reclamos mediáticos que nadie se atreviera a defender, y todo bien agitado, daría una magnífica pócima con sabor a recorte de libertades. Ahí, como reclamos sin mayor importancia, nos meten a Parot, a otros compañeros y a mí. ¡No somos individualidades! Simplemen- te, útiles dimensionados artificialmente a los intereses represivos del Estado.

Con el «caso Parot» ya se ha completado uno de esos circuitos represivos: el de las redenciones. Primero, la Audiencia Nacional dicta una resolución que no se ajusta a la ley negando la refundición de condenas. Segundo, se desata una terrible campaña mediática con el reclamo del «asesino indefendible». Tercero, el asunto llega al Supremo vía recurso, tal y como indicaba el presidente de la Sala de lo penal en su conferencia. Cuarto, el Tribunal Supremo desautoriza a la Audiencia Nacional en lo referente a la refundición de condenas. Pero no tiene importancia. Porque la intencionalidad era que aquel tribunal pudiera pronunciarse. Y, sin que ninguna de las partes lo hubiera solicitado, lo hace anulando de facto las redenciones a los condenados por el Código Penal de 1973.

Estoy acostumbrado a enterarme por los medios de comunicación, con días y hasta semanas de antelación, de las resoluciones judiciales que todavía no se han dictado contra mí. Por esto, tampoco me sorprenden las dotes adivinatorias del señor fiscal general del Estado que declaró «posiblemente el pleno del Supremo, que se reúne el lunes, busque alguna fórmula de interpretación que pueda reducir el efecto negativo de las redenciones de condena». Y acertó una vez más, el día anterior sin que, todavía, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se hubiera reunido.

Y acertó, como había pronosticado, no para Parot, sino de manera extensiva. Objetivo que perseguían desde la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y las campañas mediáticas que lo acompañaron sobre el cumplimiento íntegro de las condenas. Lo que comenzó como el «caso Parot» se ha convertido en el caso de todos los presos del Estado español.

El «caso De Juana» tiene gravísimas implicaciones según la interpretación que pretende la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Primero, el Colectivo de EEPP no sería tal, sino un «frente de makos» dentro de un conglomerado de organizaciones delictivas, porque ya se sabe que el amigo del cuñado del vecino de la prima de un terrorista es otro terrorista. Llegándose al absurdo, en este caso, de que te continúen metiendo en la cárcel por estar en la cárcel con otros compañeros que también están en la cárcel por las mismas razones que tú. Está clarísimo, ¿no? Segundo: al haber estado condenado por lo mismo con anterioridad, y para que puedan volverte a condenar mientras cumples la condena, la Audiencia Nacional tiene que dictar una sentencia que, aunque no se ajuste a la ley, dé voz al Supremo, para que cambie su doctrina que «considera este delito de comisión permanente y sin límite de tiempo», de forma que, en el futuro, se pueda condenar dos veces o más por lo mismo. Tercero: pero como, además, ni siquiera hay delito, reinstauran el de opinión encubriéndolo como amenazas. No creo que sea necesario extenderme sobre las implicaciones de que se cree jurisprudencia en estas líneas represivas.

Los macroprocesos judiciales con los que se castiga a Euskal Herria en los últimos años tienen una enorme importancia. De la misma importancia, por los mismos motivos, son los emprendidos recientemente con el reclamo de algunos presos políticos. Porque, al final, la sentencia que dice el Supremo en un macro o en un microjuicio será una, pero las consecuencias afectarán a todos.

Ahora, como siempre, los diferentes procesos judiciales emprendidos contra la disidencia evidencian el conflicto político existente en nuestro país y lo legitiman. Ahora, más que nunca, el Estado demuestra el valor del preso político como rehén. ¡No hay casos individuales! El caso es el de la izquierda abertzale y el de todo aquel que luche por un marco de libertades. -