IRUÑEA
Representantes de los socios del parque de instalaciones de Osasuna volvieron a reclamar a la junta directiva que preside Patxi Izco la celebración de una reunión «donde se reconozcan nuestros derechos y se establezca una solución al problema planteado», señaló Juan Ramón López.
En este sentido, criticaron que «no hayan sido capaces de recibirnos», a pesar de los «reiterados» intentos por parte de los delegados de los socios de las piscinas, hacia quienes, a su juicio, se está manteniendo una actitud de «desprecio».
Respecto a las alternativas planteadas por la directiva rojilla reubicación en otros clubes deportivos y oferta de terrenos en Tajonar, mostraron su descuerdo con ellas, «porque no se puede hablar de soluciones cuando ni siquiera se nos han planteado».
López se reafirmó además en la idea de que las tres mil personas que hacen uso del parque de instalaciones son «propietarios y socios». Para justificarlo, presentó una escritura en la que se recogía el crédito de diez millones de pesetas al que tuvieron que hacer frente los socios en 1971 para construir las instalaciones.
«Analizando la actual situación desde el sentido común, sólo la podemos calificar como un intento flagrante de estafa a tres mil personas en nombre de una institución que justamente trata de inculcar los valores de honestidad y deportividad en la sociedad navarra», aseguró.
Por ello, no descartaron que se adopte algún tipo de iniciativa materializada en la interposición de una demanda judicial sin especificar ni plazo ni contenido, si bien anunciaron que están a la espera de la recepción de un informe pericial que evaluará el precio de los terrenos e instalaciones del parque.
El representante de los socios del parque de instalaciones recordó la posición de la mayoría de los grupos políticos municipales en el Ayuntamiento de Iruñea UPN, PSN, Aralar, IUN y CDN «en la que exigen a la directiva alcanzar un acuerdo con los socios de las piscinas antes de aprobar su proyecto».
Por otro lado, denunciaron las «medidas de coacción y presión» de la junta directiva rojilla, cuyo último capítulo ha sido, desde su punto de vista, el cierre del bar. «Aunque es cierto que a los arrendatarios les expiró el periodo de la concesión, Osasuna debía haber previsto esta contingencia, ya que el reglamento obliga al club a ofertar dicho servicio», especificó López.
Según señaló, alrededor de un centenar de socios se ve afectado diariamente por dicho cierre, por lo que se están planteando pedir explicaciones al club y acudir a los tribunales para exigir responsabilidades.
