Persecución judicial a la izquierda abertzale
Balza califica como legal la marcha de Donostia después de ordenar grabarla
Después de que Interior de Lakua impusiera condiciones a los convocantes y de que la Ertzaintza la vigilara de cerca e incluso grabara a los manifestantes, Javier Balza salió ayer al paso de las críticas del PP para afirmar que la movilización del domingo en Donostia fue «correcta» y transcurrió «dentro de los términos legales». Además, señaló que la suspensión de Batasuna no afecta a los derechos civiles y políticos de sus dirigentes.
DONOSTIA
Ante las declaraciones de dirigentes del PP señalando que la manifestación del domingo en Donostia por los derechos civiles y políticos supuso un «fraude de ley», Javier Balza indicó que la marcha fue «correcta» y que se desarrolló «dentro de los términos legales». Paradójicamente, la movilización fue vigilada de cerca por la Ertzaintza, que desplegó un amplio dispositivo seis dotaciones precedieron a la marcha, otras dos se situaron ante el Palacio Kursaal y una más frente a la sede del PSE e incluso grabó a los manifestantes.El consejero de Interior de Lakua hizo esas declaraciones en una rueda de prensa en Donostia en la que incidió en que «llevamos muchas sentencias como para andar frivolizando de esta manera» sobre las manifestaciones y prohibiciones. Respecto a la participación en la movilización de varios dirigentes de Batasuna y concretamente de Arnaldo Otegi, Balza afirmó que éste último no sólo no tiene prohibida su participación en manifestaciones, sino que la Audiencia Nacional española, «en la etapa en la que estaba Baltasar Garzón en el Juzgado de Instrucción número 5», dictó un auto aclarando que la suspensión de la formación independentista «no afectaba a los derechos civiles y políticos, a los derechos individuales de los miembros o de los líderes de la ilegalizada Batasuna». El titular de Interior agregó que esta posición ha sido reiterada «en muchísimas sentencias» del Tribunal Supremo y del TSJPV. Por ello, consideró que la víspera en Donostia «no se vulneró nada». «La resolución que el Departamento de Interior dictó unas horas antes establecía los cauces y los parámetros para cumplir el auto de suspensión de la Audiencia Nacional y esos parámetros fueron cumplidos correctamente por los que organizaron y participaron en la ma- nifestación», concluyó. En esa nota, Lakua advirtió a los convocantes que en la marcha no podían participar «organizaciones declaradas ilegales», ni aparecer «anagramas o textos» relativos a ellas. También se refirió a la cuestión el diputado del PNV Josu Erkoreka, quien se mostró contrario a una eventual actuación de la Fiscalía, que ésta no ha planteado. Además, recordó el protagonismo de Otegi en un posible proceso de resolución.
PP: «Legalizar a Batasuna sería como legalizar al Ku-Klux-Klan»
GASTEIZ La presencia de Arnaldo Otegi en la movilización fue aprovechada ya el domingo por el PP para pedir una nueva actuación judicial contra el mahaikide. Ayer, incluso, el secretario general del PP de la CAV, Carmelo Barrio, afirmó que el próximo nuevo ministro espa- ñol de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «se está prefigurando ya como el ministro del precio político y tasa- dor de libertades». En una nota, Barrio expresó «inquietud» por que «veamos disposiciones del Gobierno y hechos que apuntan a que hay voluntad de ofrecer contrapartidas por el cese de la actividad criminal», y advirtió de que «legalizar a Batasuna sería tanto como legalizar al Ku Kux Klan». También se mostró contrario a una eventual relegalización Mariano Rajoy, quien indicó al Gobierno español que «el requisito para que Batasuna se presente a las elecciones es que ETA desaparezca». Sobre la manifestación de la víspera, dijo que su convocatoria resultó «un fraude de ley». Deseó que «no se vuelva a repetir» y destacó que «no se trata de que quien cumple la ley deje de cumplirla, sino de que Batasuna, que no cumple la ley, la cumpla». Además, se dirigió al Ejecutivo del PSOE para advertirle de que «el adversario y el enemigo es Otegi, no el PP». «¿Acordado con Marlaska?» Desde el mismo partido, el parlamentario en Gasteiz Carlos Urquijo presentó una iniciativa en la Cámara en la que pide a Balza que aclare los motivos por los que no se prohibió una marcha que «fue un fraude de ley». Para el dirigente del PP, la manifestación era «un sucedáneo» del acto de Batasuna ilegalizado por el juez Grande-Marlaska. «Era el plan B de la ilegal Batasuna», indica, y añade que «no es de recibo que, para su burla de la Justicia, contara de nuevo con la complicidad del Departamento de Interior». También pregunta si «la decisión de tolerarla se to-mó de común acuerdo» con el juez a través de un ertzaina «destacado en la Audiencia Nacional como enlace de la Policía Judicial».
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