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ACOSO JUDICIAL A LA IZQUIERDA ABERTZALE
El juicio contra Otegi acaba sin que el fiscal pueda esgrimir ninguna prueba en su contra
·los testigos ratificaron la version de la defensa, en contra de los argumentos de la fiscalia
El presidente de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional española, Alfonso Guevara, dejó visto para sentencia el juicio contra Arnaldo Otegi por su participación en el acto de recuerdo a José Miguel Beñaran Ordeñana en el 25 aniversario de su muerte. Un juicio que, a falta de pruebas contra el mahaikide, parecía estar destinado a «Argala», cuya reconocida trayectoria como militante e interlocutor abertzale fue recordada ante la Sala. Los testigos que acudieron a aquel acto, tanto los del fiscal como los de la defensa, ratificaron la versión de ésta, dejando sin argumentos a la Fiscalía.
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MADRID
El 22 de diciembre de 2003, coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte en Angelu, a manos de los servicios parapoliciales del Estado español, de José Miguel Beñaran Ordeñana, Argala, sus familiares y amigos organizaron un acto de recuerdo en la plaza que lleva su nombre en Arrigorriaga. El mismo acto que desde aquel fatídico día de 1978 hasta hoy han celebrado año tras año, pero con una caracterización algo especial por el cuarto de siglo transcurrido.A tal fin, invitaron personalmente a personas que tuvieron relación con el histórico militante independentista, así como a gente referencial de la izquierda abertzale, para que participaran en el recordatorio. Entre los invitados estaba Arnaldo Otegi, que días antes había presentado en la casa de Telesforo Monzón la propuesta de Bergara y que había sido convidado a dar cuenta de ella a los cientos de personas que se congregaron en Arrigorriaga. No en vano, aquella propuesta política, realizada con las miras puestas en las elecciones al Congreso español que se iban a celebrar pocos meses después y que propugnaba la presentación de una candidatura conjunta por parte de las fuerzas vascas que defendieran el derecho autodeterminación de Euskal Herria para después abrir una vía de negociación con el Estado español, tenía una formulación parecida a la que el propio Argala defendió en 1977 en las reuniones de Txiberta. Así lo hizo el mahaikide, e intervino en el acto al igual que otra media docena de militantes abertzales como Periko Solabarria, José Luis Elkoro o Txomin Ziluaga, entre otros. Un acto en el que, como todos los años, se depositaron claveles rojos ante el retrato de Argala, en el que se cantaron bertsos y se bailó un aurresku. Por todo ello, el fiscal solicita para Otegi quince meses de prisión y siete años de inhabilitación. Sólo contra él, y sólo por ese acto, a pesar de que antes y después se ha seguido celebrando año tras año y con las mismas características.
«Enaltecimiento»
Jesús Santos, que sustituye a Eduardo Fungairiño al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, acusa al portavoz abertzale de un delito de «enaltecimiento del terrorismo» por aquella intervención. Lo hace a pesar de que tanto los testigos presentados por él como los de la defensa pusieron en solfa sus argumentos ante la Sala.Todos ellos, entre los que se encontraban periodistas que cubrieron el acto, representantes abertzales que participaron en el mismo como Pablo Gorostiaga, Txutxi Ariznabarreta y Arantza Zulueta, la ex edil de Arrigorriaga Iratxe Aierdi y el propio hermano de Argala, Pablo, ratificaron lo manifestado antes por Otegi: que aquel fue «un acto en recuerdo de una persona asesinada 25 años antes por los servicios secretos del Estado español», y que la intervención del mahaikide se limitó a la presentación de la propuesta de Bergara y a su contextualización política. Frente a ello, el fiscal sostiene que fue un homenaje a Argala y, por lo tanto, un acto de «exhaltación» de ETA. Para sostener su argumentación, llamó a declarar a dos policías españoles, adscritos de la brigada de información de Bilbo, que llevaron a la Sala un retrato cuidadosamente sesgado del militante vasco y que reconocieron desconocer casi de forma absoluta la labor política y negociadora de Beñaran.
«Datos de amnistiados»
Esos policías son los supuestos autores de sendos informes policiales sobre la figura de Argala Goirizelaia rechazó sin éxito su declaración porque no constan sus nombres en los mismos. El primero es prácticamente una enumeración de las acciones armadas que se le atribuyen hasta su fallecimiento. Todas ellas de antes de febrero de 1978, fecha en la que se concedió una amnistía a todos los militantes políticos que lucharon contra el franquismo.Entre ellos, Argala, que en el momento de su muerte no estaba procesado ni acusado por ningún delito. «¿Conoce usted lo que significa ser amnistiado?», preguntó Goirizelaia al policía. «Que no tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos cometidos hasta entonces», acertó a contestar el testigo protegido. «¿La Policía no tiene la obligación de destruir los archivos de personas amnistiadas?», siguió preguntando la letrada. El policía, pillado en renuncio, sólo pudo contestar un «no sé, creo que no». Obviamente, ellos no lo hicieron en este caso. Ambos informes, que atribuyen al vecino de Arrigorriaga funciones de dirección en ETA hasta el momento de su muerte, están basados en supuestas declaraciones policiales de militantes de la organización armada detenidos tras la muerte de Argala, sin ratificación ante el juez, y no deberían tener validez probatoria. En cualquier caso, no se refieren a Arnaldo Otegi, sino
a la trayectoria de José Miguel Beñaran Ordeñana, de modo que en su alegato
final Goirizelaia acusó al fiscal de que, a falta de pruebas contra el
mahaikide, «parece que está tratando de juzgar a Argala».
«Me dijeron de Madrid»
De hecho, la única «prueba» que intentó esgrimir Santos que hiciera referencia directa a Otegi fue un artículo de “El Correo Español” sobre el acto de Arrigorriaga, que atribuía al dirigente abertzale haber dicho que «ETA apoyaría» la propuesta de Bergara. Quedó de manifiesto que se trata de una información sin firma ningún perio- dista de este medio declaró ayer que se limitaba a reflejar un teletipo de la agencia Efe.Los periodistas que sí declararon rechazaron que en el acto se dijera nada parecido a eso, e incluso uno de ellos, que por aquel entonces trabajaba para “El Mundo”, relató que, al tener conocimiento de ese teletipo, sus jefes le conminaron a que siguiera esa argumentación. «Desde Madrid se me pedía que fuera más allá explicó, y yo les dije que para eso utilizaran el teletipo. Que yo no lo haría porque lo que yo había visto era diferente». Tanto él como la periodista de GARA que declaró ratificaron la versión de la defensa. De hecho, en el breve escrito del fiscal no hay una sóla frase atribuida a Otegi que pueda sonar a «enaltecimiento del terrorismo». Goirizelaia le retó a que encontrara alguna.
«Según el fiscal, la Corporación debería estar acusada»
En su contundente alegato final, Jone Goirizelaia recordó que la Corporación de Arrigorriaga aprobó por unamimidad cambiar el nombre de la plaza del pueblo en 1979, que se llamaba Plaza de España, y denominarlo Argalaren Enparantza. «¿Cree que querían hacer apología del terrorismo o reconocer el trabajo político y social de su vecino?», preguntó al fiscal. «Según su tesis, toda la Corporación, desde entonces hasta ahora, debería estar acusada», agregó, utilizando después el mismo argumento para los guardias civiles que se cuadraron ante el féretro del militante vasco. La letrada recordó también que el acto de 2003 estaba comunicado y legalizado, y que la actuación de Otegi «se enmarca en el ejercicio de la libertad de expresión y de la participación política». -
Argala, «víctima del terrorismo»
Iñaki IRIONDO
A José Miguel Beñaran Ordeñana, Argala, lo mataron un 21 de diciembre de 1978 en Angelu. Hacia las nueve y media de la mañana se montó en su coche, un R-5 anaranjado, estacionado cerca de su domicilio, en una dirección conocida por muy pocas personas. Al iniciar la marcha hizo explosión un potente artefacto que, según determinó la policía, había sido colocado junto a la rueda izquierda delantera, donde más daño podía hacer al conductor. Argala murió en el acto. Tiempo después, neofascistas italianos arrepentidos reconocieron en el transcurso de unas investigaciones desarrolladas en Italia que los autores materiales del atentado fueron elementos de extrema derecha de aquel país, siguiendo órdenes de los servicios de información españoles. La Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, define a éstas como «las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana». Por lo tanto, técnicamente, y según la propia legalidad española, Argala debiera tener la consideración oficial de «víctima del terrorismo». Del terrorismo de Estado, cabría añadir. Y de un estado o estados, el español y el francés, que además nunca han depurado las responsabilidades por este tipo de actos, se podría apostillar por ser más precisos. A partir de ahí cabe hacer dos consideraciones. La primera es preguntarse si se puede juzgar a alguien por lo que dice en un acto de recuerdo a una «víctima del terrorismo». La respuesta es interesante porque tal vez convendría ir desempolvando la hemeroteca. La segunda pregunta es la de cuándo en lugar de este tipo de juicios absurdos se pondrá en marcha en Euskal Herria una Comisión de la Verdad que haga un repaso sosegado, justo y equitativo de las últimas décadas de nuestra historia. -
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