Soy una persona que admite la crítica porque ésta sirve para enriquecer las propias ideas. Pero no soy, en cambio, tan receptivo ante la tergiversación de datos, y menos cuando se sacan conclusiones no fundamentadas en los verdaderos datos. Y esto es lo que hace Karlos Martínez de Morentin, de Elkartzen, en el artículo publicado recientemente.

En primer lugar, quisiera decirle que no es casual que Euskadi no tenga aún una ley del suelo, después de 23 años desde que recibió la competencia en materia de suelo y vivienda. Los intereses económicos que hay en el mercado son de tal cuantía que en cada momento se han encontrado fórmulas para evitar que la ley llegara a aprobarse. De hecho, ninguno de los partidos que ha tenido responsabilidades de gobierno en esta materia había conseguido llegar si- quiera a aprobar un texto en el Consejo de Gobierno. Pues bien. Tuvo que ser Ezker Batua-Berdeak quien lograra ese objetivo a finales de la pasada legislatura, con el evidente y sonoro enfado de los sectores económicos y políticos opuestos a una regulación en clave progresista en materia de suelo. Y lo conseguimos porque supimos aprovechar las oportunidades que la política ofrece, y porque pusimos en la parte más alta de nuestras prioridades la solución a un problema como el de la vivienda que sufre una parte muy importante de la sociedad vasca. Un problema a cuya solución no contribuyó, sin embargo, la representación política de la izquierda abertzale en el Parlamento Vasco, cuando esa ley se votó el año pasado, y dejaron sus parlamentarios pasar una oportunidad histórica. Pero en Ezker Batua- Berdeak somos constantes y no hemos abandonado el intento. Y, ¿cuál es la razón? La razón es que miles y miles de personas nos alientan en nuestro trabajo, especialmente jóvenes, que necesitan algo más que unos sorteos transparentes y universales que den una respuesta a su problema de vivienda. Por esta razón, la ley vuelve a debatirse en el Parlamento. Y otra vez la representación parlamentaria de la izquierda abertzale ha decidido dar el portazo, a pesar de que la pro- puesta negociadora que trasladamos a Ezker Abertzalea fue completa y perfectamente asumible desde posiciones de izquierda. ¿Han vuelto a tener más peso motivos ajenos al contenido de la ley? No lo sabemos. Aunque, también es verdad, creemos que en esta ocasión sí estuvimos a punto de alcanzar un acuerdo. Lo cierto es, que, finalmente, tuvimos que negociar con el PSE. Una negociación de cuyo resultado estamos muy satisfechos, donde se siguen manteniendo los pilares del proyecto de ley, e incluso se mejoran con medidas como la reserva dotacional de suelo para apartamentos en alquiler.

Pero vayamos a otros asuntos que trata el artículo del señor Martínez de Morentin. Hablemos de la vivienda vacía. Aquí, en este apartado, detectamos el primer dato erróneo, ya que no son 144.000 las viviendas verdaderamente vacías que identifica el Instituto Nacional de Estadística español en el censo de 2001, sino 92.000. El resto corresponde a viviendas de segunda residencia. Pero es que ha de saber el señorMartínez de Morentin que el Eustat ya ha revisado a la baja esa cifra, dado que la metodología del INE incurre en errores que hacen poco fiables los datos, y que estudios que periódicamente realiza el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales sitúa en unas 30.000 viviendas vacías en secciones urbanas las que podrían ser objeto de una política de vivienda. A la vista de estos datos, estamos realmente satisfechos de haber conseguido movilizar 3.000 de esas viviendas vacías con el programa Bizigune y haber conseguido cubrir 3.000 necesidades de vivienda de personas que no pueden acceder al mercado libre. Y queremos ir a más en los próximos años. En todo caso, debo aclarar que en el programa Bizigune la renta que tienen que pagar los inquilinos en ningún caso supera el 30% de sus ingresos.

Nos hubiera gustado que al propietario que no pone su vivienda vacía a disposición de la sociedad se le penalizara. Hicimos en ese sentido los intentos para que las diputaciones forales establecieran un recargo en el IBI para esos casos. Lamentablemete, las mayorías conservadoras de las Juntas Generales impidieron esta fórmula. Esperamos que en otros momentos políticos existan otras mayorías que den la vuelta a esta situación. Sería de agradecer.

En segundo lugar, el señor Martínez de Morentin hace una comparación entre los datos de nuevas viviendas del nuevo Plan General de Donostia con la demanda de toda Euskadi. Si la comparación la hiciera con la demanda europea supongo que el Plan de Donostia aparecería aún más minúsculo, pero entiendo que nadie estará pensando en cubrir en Donostia la demanda de vivienda de toda Euskadi. Al menos, nosotros no. En todo caso, nos resulta escandaloso el afán de la izquierda abertzale por minimizar una medida, como la cesión gratuita de suelo para apartamentos en alquiler, que va a aportar un 10% más de vivienda social en las futuras actuaciones. Si a esta actuación le añadimos lo que ya viene haciendo el Gobierno y un par de ayuntamientos en materia de alquiler, nos podemos encontrar con que la oferta total de vivienda pública en alquiler puede ascender a entre un 25% y un 30% del total de viviendas vacías. Creemos sinceramente que es ésta una apuesta de la máxima envergadura, que por mucho que algunos se esfuercen en ocultarla, refleja rotundamente el carácter progresista de esta ley.

Tampoco es cierto que la nueva ley atienda prioritariamente a personas con rentas más altas. La mayor parte de las reservas de vivienda protegida se plantean como VPO, tanto social como de régimen general. Esto se aplica al 55% del suelo urbanizable y al 20% del suelo urbano. Es cierto que se incorpora un 20% más de vivienda tasada en el suelo urbanizable y un 10% más en suelo urbano, pero el resultado que ofrece la mezcla de esos porcentajes, incrementado en la dotación de sistema general para apartamentos, mejora con creces la situación actual. No reconocerlo así no es sólo no admitir la potencialidad de la Ley del Suelo, sino que demuestra a las claras una intencionalidad por descalificar de forma gratuita y además infundada.

En todo este debate no hay que perder de vista, porque así se pone ade- más en verdadero valor el acuerdo alcanzado alrededor del proyecto de ley, las presiones económicas que existen alrededor del mercado de suelo y vivienda, y los consiguientes intentos por aniquilar este proyecto de Ley. Un intento al que no son ajenas algunas instituciones, que quieren dinamitar el sistema de protección oficial existente en Euskadi. Este escenario representa bien a las claras un éxito sin precedentes de la izquierda.

Asimismo, los cambios en los sistemas de gestión que recoge la ley representan un significativo avance sobre la situación actual y suponen en la práctica dar una vuelta completa al control del urbanismo que hasta ahora detentaba la propiedad privada y a partir de ahora recuperará la ciudadanía, a través de los ayuntamientos. No es de recibo descalificar el sistema de agente urbanizador, asimilándolo a los sistemas de control privados, cuando es un sistema que gestiona el Ayuntamiento mediante concurso público y que, precisamente, fuerza a los propietarios privados de suelo a regirse por las orientaciones públicas. Otra lectura que se quiera hacer de esa figura es, sin duda, malintencionada.

Además, Elkartzen sabe perfectamente que la ley incorpora una serie de medidas de gran alcance en materia de participación social, que la hacen la más avanzada del Estado en esta materia.

Y un par de correcciones más. Ningún representante del sector de la construcción, y digo ninguno, ha asistido a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Parlamento. No, señor Martínez de Morentin, lo que afirma es simplemente falso. Igualmente no es cierto que hayamos trasladado el acuerdo con el PSE a los constructores, y a Eudel. Ese acuerdo, señor Martínez de Morentin, ha sido público porque ha estado colgado en la web del Parlamento desde el día siguiente a su firma, y desde el Departamento se lo hemos trasladado a todo tipo de organismos públicos y privados que nos solicitaron. Elkartzen también lo podía haber hecho, pero no lo solicitó.

Cuando se utiliza una concatenación tal de falsedades e imprecisiones, es fácil descalificar cualquier actuación o idea, pero creo que en la pugna política, y cuando alguien quiere ofrecer una visión sobre cualquier tema a la sociedad, y el de la vivienda es una de las grandes preocupaciones sociales, se deberían mantener unos mínimos de rigor que permitan a quienes leen artículos como el del señor Morentin, o el que hoy suscribo, disponer de herramientas válidas para posicionarse y tener opinión. Para suscitar el debate y no desvirtuarlo. Para que la opinión pública no sea manipulada con la opinión publicada. El resto es pura demagogia, que no encaja con los nuevos tiempos que queremos vivir en Euskadi.

Por todo ello, quisiera sugerir a Elkartzen y a otros grupos de la izquierda abertzale, que dirijan sus críticas a quienes están haciendo todo lo posible, aún hoy, para que esta ley no prospere. Que se contribuya con datos fehacientes a que la sociedad participe en tiempo real en lo debates. Que no traslademos la discusión a terrenos virtuales, confundiendo y distrayendo así los verdaderos objetivos: una Ley del Suelo social, de izquierdas, que favorezca a los más desfavorecidos, sin igual en todo el Estado. Ese es nuestro terreno común, el resto es jugar a desinformar con unos datos que algunos modifican sin sonrojo: eso no es serio. -