El pasado d�a 1 de mayo fue el escogido por el actual Gobierno boliviano para firmar el decreto presidencial que nacionaliza todo el sector de los hidrocarburos en ese pa�s americano. Es necesario recordar que �sta era una demanda mayoritaria de la sociedad boliviana.

En refer�ndum realizado en 2004 as� fue aprobada por m�s del 90% de los y las votantes y �sta fue una de las promesas principales del programa electoral del Movimiento Al Socialismo, y que supuso la elecci�n presidencial de Evo Morales por un porcentaje superior al 53%. Esto nos permite ubicarnos en la legitimidad democr�tica y soberana de la decisi�n, legitimidad tan demandada en otras circunstancias por muchos de los que hoy han elevado su voz en cr�tica abierta a la decisi�n de nacionalizaci�n.

Es importante se�alar tambi�n que en una sociedad de democracia representativa como la que se defiende tantas veces por el sistema establecido, los gobernantes, se dice, no son sino representantes de sus electores y su fin no es sino cumplir las demandas de �stos, las cuales se han recogido claramente en el programa electoral. Por lo tanto, los actuales gobernantes bolivianos no est�n haciendo sino cumplir honrada y honestamente con el programa electoral que les llev� a ganar las �ltimas elecciones democr�ticas, celebradas en diciembre de 2005. Un dato m�s en este sentido es que por primera vez en Bolivia una victoria lo fue por m�s de la mitad de los y las votantes. Esto no es sino un reflejo m�s del gran respaldo social a puntos como el mencionado que, junto con el compromiso de convocatoria de una pr�xima Asamblea Constituyente para la refundaci�n del pa�s, fueron las promesas centrales de la campa�a de Evo Morales y las organizaciones campesinas, ind�genas, etc... que respaldaron su candidatura. Hoy, a cien d�as de gobierno, ambas promesas est�n cumplidas, dado que la Asamblea Constituyente empe- zar� sus sesiones el 6 de agosto, d�a de la independencia de Bolivia, y precisamente el d�a 1 de mayo se ha iniciado la campa�a para la elecci�n de aqu�llos y aqu�llas que tomar�n parte en la misma.

Lo verdaderamente llamativo e ilustrativo de la mayor�a de reacciones de la Europa democr�tica es la cr�tica y malestar por el anuncio de la medida, la cual estaba suficientemente anunciada. �Qu� esperaban, que no se produjera? �Que el actual gobierno boliviano incumpliera la principal promesa electoral realizada, defraudando a la sociedad que mayoritariamente lo eligi�? �Hubieran considerado que eso era expresi�n de un sistema democr�tico?

Pero, en esta proliferaci�n de reacciones, otro concepto que se usa a modo de confusi�n y se manipula es el de naci�n. En estos d�as se da un c�mulo importante de declaraciones pol�ticas y de editoriales period�sticas que salen en defensa ac�rrima de las empresas petroleras, como Repsol-YPF, British Gas y otras, que nos llevan a establecer un paralelismo claro entre naci�n y transnacional. Pareciera que la defensa de la primera no puede darse si no es por la defensa de la segunda. La actual sociedad neoliberal en la que vivimos continuamente nos presenta los intereses de las grandes empresas como iguales a los intereses de la sociedad. Y una no puede darse sin la otra; los intereses econ�micos no son sino los intereses patrios, sean de Volkswagen o de Repsol.

En este entramado, la preocupaci�n �nica no es por la situaci�n de la poblaci�n de uno de los pa�ses m�s pobres de Am�rica, sino de las transnacionales all� asentadas y su posible p�rdida de beneficios o valor accionarial. Nadie habla de esa situaci�n, donde mucho tiene que ver precisamente la hist�rica actuaci�n de esas empresas, junto con la venta a las mis- mas de los recursos naturales de pa�ses como Bolivia por parte de las anteriores �lites pol�ticas. Por cierto, sin traer absolutamente ning�n cambio ni mejora para esas poblaciones, los enormes beneficios no han hecho sino incrementar sus cuentas de resultados. Incluso se hacen apelaciones a que esta nueva situaci�n crear� inseguridades evidentes para la inversi�n extranjera, yendo en detrimento de las posibilidades de desarrollo de esos pa�ses. �Qu� desarrollo ha producido a Bolivia el actual sistema de liberalizaci�n de mercados y venta a las transnacionales de la pr�ctica totalidad de sus riquezas y recursos? Creo que la respuesta es evidente, dado que Bolivia continuaba hasta fechas muy recientes cayendo en los �ndices de desarrollo humano y la democracia, entendida como cumplimiento de las demandas sociales, era pr�cticamente inexistente, respondiendo en cambio m�s a los inte-reses y presiones de las transnacionales y grandes instituciones econ�micas internacionales.

Bolivia en esta situaci�n no ha hecho sino uso de su derecho leg�timo a ejercer su soberan�a sobre los recursos naturales en beneficio de su poblaci�n. Pero se cuestiona, a veces entre l�neas, a veces abiertamente, esa opci�n que no pondr�amos en tela de juicio si estuvi�ramos hablando de cualquier pa�s europeo. �O acaso s� discutir�amos sobre el derecho de cualquiera de �stos a la propiedad y, por tanto, a definir su uso y explotaci�n sobre cualquier recurso que est� en su territorio? Como se�ala el decreto de nacionalizaci�n, entre otros, Bolivia hace uso con esta acci�n del art�culo 1.2. del Pacto Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en vigor en el Estado espa�ol desde el 27 de julio de 1977. Este art�culo dice que ��todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperaci�n econ�mica internacional basada en el principio de beneficio rec�proco��.

Toda esta nueva situaci�n por la decisi�n de nacionalizaci�n de los hidrocarburos no pone sino, una vez m�s, en la mesa la doble vara de medir: una para nosotros y otra para ellos. Lo que, a su vez, sigue siendo una muestra de prepotencia y dominio, dado que se entiende que, para mantener nuestro bienestar, a los dem�s no cabe sino el papel de proveedores de materias en funci�n de lo que definan las transnacionales. Por eso, se nos dice abiertamente, y se nos trata de convencer sin posibilidad de disentir, que los intereses de las transnacionales no son sino los intereses de la naci�n. No estoy de acuerdo. -