El pasado día 1 de mayo fue el escogido por el actual Gobierno boliviano para firmar el decreto presidencial que nacionaliza todo el sector de los hidrocarburos en ese país americano. Es necesario recordar que ésta era una demanda mayoritaria de la sociedad boliviana.

En referéndum realizado en 2004 así fue aprobada por más del 90% de los y las votantes y ésta fue una de las promesas principales del programa electoral del Movimiento Al Socialismo, y que supuso la elección presidencial de Evo Morales por un porcentaje superior al 53%. Esto nos permite ubicarnos en la legitimidad democrática y soberana de la decisión, legitimidad tan demandada en otras circunstancias por muchos de los que hoy han elevado su voz en crítica abierta a la decisión de nacionalización.

Es importante señalar también que en una sociedad de democracia representativa como la que se defiende tantas veces por el sistema establecido, los gobernantes, se dice, no son sino representantes de sus electores y su fin no es sino cumplir las demandas de éstos, las cuales se han recogido claramente en el programa electoral. Por lo tanto, los actuales gobernantes bolivianos no están haciendo sino cumplir honrada y honestamente con el programa electoral que les llevó a ganar las últimas elecciones democráticas, celebradas en diciembre de 2005. Un dato más en este sentido es que por primera vez en Bolivia una victoria lo fue por más de la mitad de los y las votantes. Esto no es sino un reflejo más del gran respaldo social a puntos como el mencionado que, junto con el compromiso de convocatoria de una próxima Asamblea Constituyente para la refundación del país, fueron las promesas centrales de la campaña de Evo Morales y las organizaciones campesinas, indígenas, etc... que respaldaron su candidatura. Hoy, a cien días de gobierno, ambas promesas están cumplidas, dado que la Asamblea Constituyente empe- zará sus sesiones el 6 de agosto, día de la independencia de Bolivia, y precisamente el día 1 de mayo se ha iniciado la campaña para la elección de aquéllos y aquéllas que tomarán parte en la misma.

Lo verdaderamente llamativo e ilustrativo de la mayoría de reacciones de la Europa democrática es la crítica y malestar por el anuncio de la medida, la cual estaba suficientemente anunciada. ¿Qué esperaban, que no se produjera? ¿Que el actual gobierno boliviano incumpliera la principal promesa electoral realizada, defraudando a la sociedad que mayoritariamente lo eligió? ¿Hubieran considerado que eso era expresión de un sistema democrático?

Pero, en esta proliferación de reacciones, otro concepto que se usa a modo de confusión y se manipula es el de nación. En estos días se da un cúmulo importante de declaraciones políticas y de editoriales periodísticas que salen en defensa acérrima de las empresas petroleras, como Repsol-YPF, British Gas y otras, que nos llevan a establecer un paralelismo claro entre nación y transnacional. Pareciera que la defensa de la primera no puede darse si no es por la defensa de la segunda. La actual sociedad neoliberal en la que vivimos continuamente nos presenta los intereses de las grandes empresas como iguales a los intereses de la sociedad. Y una no puede darse sin la otra; los intereses económicos no son sino los intereses patrios, sean de Volkswagen o de Repsol.

En este entramado, la preocupación única no es por la situación de la población de uno de los países más pobres de América, sino de las transnacionales allí asentadas y su posible pérdida de beneficios o valor accionarial. Nadie habla de esa situación, donde mucho tiene que ver precisamente la histórica actuación de esas empresas, junto con la venta a las mis- mas de los recursos naturales de países como Bolivia por parte de las anteriores élites políticas. Por cierto, sin traer absolutamente ningún cambio ni mejora para esas poblaciones, los enormes beneficios no han hecho sino incrementar sus cuentas de resultados. Incluso se hacen apelaciones a que esta nueva situación creará inseguridades evidentes para la inversión extranjera, yendo en detrimento de las posibilidades de desarrollo de esos países. ¿Qué desarrollo ha producido a Bolivia el actual sistema de liberalización de mercados y venta a las transnacionales de la práctica totalidad de sus riquezas y recursos? Creo que la respuesta es evidente, dado que Bolivia continuaba hasta fechas muy recientes cayendo en los índices de desarrollo humano y la democracia, entendida como cumplimiento de las demandas sociales, era prácticamente inexistente, respondiendo en cambio más a los inte-reses y presiones de las transnacionales y grandes instituciones económicas internacionales.

Bolivia en esta situación no ha hecho sino uso de su derecho legítimo a ejercer su soberanía sobre los recursos naturales en beneficio de su población. Pero se cuestiona, a veces entre líneas, a veces abiertamente, esa opción que no pondríamos en tela de juicio si estuviéramos hablando de cualquier país europeo. ¿O acaso sí discutiríamos sobre el derecho de cualquiera de éstos a la propiedad y, por tanto, a definir su uso y explotación sobre cualquier recurso que esté en su territorio? Como señala el decreto de nacionalización, entre otros, Bolivia hace uso con esta acción del artículo 1.2. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en vigor en el Estado español desde el 27 de julio de 1977. Este artículo dice que «Štodos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíprocoŠ».

Toda esta nueva situación por la decisión de nacionalización de los hidrocarburos no pone sino, una vez más, en la mesa la doble vara de medir: una para nosotros y otra para ellos. Lo que, a su vez, sigue siendo una muestra de prepotencia y dominio, dado que se entiende que, para mantener nuestro bienestar, a los demás no cabe sino el papel de proveedores de materias en función de lo que definan las transnacionales. Por eso, se nos dice abiertamente, y se nos trata de convencer sin posibilidad de disentir, que los intereses de las transnacionales no son sino los intereses de la nación. No estoy de acuerdo. -