Grande-Marlaska clausura por dos años la herriko taberna de Zamudio
·Argumenta que «da cobertura» a ETA pese a que tiene intervenidas sus cuentas
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha ordenado el cierre de la herriko Julemendi de Zamudio atendiendo a la petición de AVT y Dignidad y Justicia y pasando por encima del criterio del fiscal. La vincula con el caso de los bonos de ETA y asegura que «sigue dándole cobertura».
ZAMUDIO
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordó ayer la clausura por dos años de la herriko taberna de Zamudio, a la que vincula con la distribución de los supuestos «bonos de financiación del entramado terrorista». En un auto dictado ayer, y al que GARA tuvo acceso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 apela a la «necesidad actual de proceder» al cierre de Julemendi Kultur Elkartea, al estimar que «una vez intervenida su actividad económica, se ha podido comprobar que continúa dando cobertura e infraestructura a los fines criminales imputados».Es decir, Grande-Marlaska sostiene que, pese a que la actividad económica de este local se encuentra intervenida desde 2002, las herriko tabernas se encuentran «gestionadas directamente por la ilegalizada Batasuna, cumpliendo funciones diversas, principalmente de fi- nanciación, logística y propaganda del entorno ETA-KAS-Ekin (MLNV)».
Declaraciones y registro El auto precisa que la medida cautelar dictada se basa tanto en las declaraciones policiales de Ibon Meñika que denunció torturas y que no ratificó judicialmente lo dicho en los calabozos como en el resultado del registro de los locales de Julemendi Kultur Elkartea, donde al parecer la Guardia Civil se habría aprehendido de bonos de financiación de la también ilegalizada agrupación electoral Herritarren Zerrenda, así como de la plataforma 18/98+.
Según las investigaciones citadas en el auto de 22 páginas, el joven Meñika a quién dicen haberle incautado 90 «bonos de financiación de ETA» en el momento de su arresto realizaba «turnos de militancia» en la herriko de Zamudio durante los fines de semana y se reunía allí con «responsables del entorno abertzale de distintas zonas de Bizkaia».Además, Grande-Marlaska ha solicitado al Gobierno de Lakua que habilite a la Ertzaintza para dar cobertura a la Guardia Civil durante la ejecución de la clausura, una medida que había sido reclamada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia. El fiscal Juan Moral, adscrito a la causa que se sigue contra la presunta financiación de la organización armada vasca a través de las herriko tabernas, no solicitó la adopción de ninguna medida contra el local de Zamudio. Y la defensa se opuso a la clausura. Sin embargo, la decisión del magistrado español deliberada tras tomar declaración la semana pasada a siete miembros de la junta directiva de esta herriko y celebrar una comparecencia de las previstas en el artículo 129 del Código Penal para la adopción de las medidas cautelares va más allá del caso concreto del local de Zamudio. Y es que, según recoge el auto, ha solicitado a su compañero Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 que fue quien ordenó el ingreso en prisión de Meñika que le informe de «cualesquiera otras ‘herriko tabernas’ que puedan ser utilizadas por el entramado ETA-KAS-Ekin-Batasuna».
«Vulneración de derechos» La letrada Jone Goirizelaia realizó una «más que contundente denuncia» del auto de Grande-Marlaska, al recordar que el cierre del local también conlleva la vulneración de derechos de las personas que trabajan en el mismo, así como de todos sus socios.
Tras una pancarta que rezaba el lema «Errepresioa ez da bidea. Konponbide demokratikoa Euskal Herriarentzat», Goirizelaia compareció acompañada por decenas de vecinos ante la misma herriko. Allí denunció que en los últimos días se han venido sucediendo una serie de actuaciones en este país, entre los que destacó los controles de la Guardia Civil, los arrestos, incomunicaciones y torturas, y, «sin dato de ninguna clase que tenga que ver una relación directa con actividades delictivas», se encarcela a los ciudadanos en prisiones alejadas de Euskal Herria.Censuró que, en el día a día, los ciudadanos vascos ven cómo se vulneran sus derechos, y criticó que todo ello se enmarca en la «estrategia represiva que se sigue manteniendo por parte del Estado espa- ñol», responsabilizando así directamente al Gobierno del PSOE. A su juicio, dicha estrategia «no tiene nada que ver con la situación política nueva que todos dicen que se está dando en EuskalHerria». A este respecto, indicó que «sólo la izquierda abertzale» está trabajando en pro del proceso resolutivo, «mientras que el resto de las fuerzas, incluido el PSOE, lo único que hacen es poner trabas y obstáculos. Pero ningún proceso puede ponerse en marcha con la voluntad sólo de una de las partes», apostilló la letrada.
Expectación mediática, pero sólo ayer
El auto del magistrado ordenando la clausura del local provocó una gran expectación mediática desde primera hora del día algunos hicieron guardia hasta la noche. Numerosos periodistas aguardaban la llegada de la GuardiaCivil a la «herriko», pese a que a última hora de ayer ésta permanecía aún abierta. Los zamudiotarras congregados allí no permitieron que las cámaras les grabaran mientras vaciaban el local. Y es que, según recordaron, ninguna de las protestas ni comparecencias de los vecinos denunciando el arresto y posterior encarcelamiento de Meñika, así como el precinto durante varios días de la «herriko» logró tener apenas repercusión en esos mismos medios los días anteriores. -
El Ayuntamiento mira hacia otro lado
ZAMUDIO Vecinos de Zamudio acudieron ayer tarde al pleno que se celebraba en el Ayuntamiento con el fin de que en el mismo se tratara una moción en denuncia por el arresto y encarcelamiento de su convecino Ibon Meñika y por el cierre de la herriko. Pese a que el texto fue presentado la semana pasada, el mismo no estaba incluido en el orden del día, lo que motivó que uno de los miembros de la junta directiva de la herriko que tuvo que comparecer en la Audiencia Nacional preguntara a la alcaldesa jeltzale Sorkunde Ayarza si tenían intención de abordar el tema en la sesión. A la sala contigua Ayarza les indicó que no, y los vecinos siguieron denunciando los hechos. Finalmente, y ante la negativa de estos a abandonar la sala, la corporación municipal optó por celebrar el pleno en una sala contigua. Mientras tanto, a la espera de que culminara la sesión, los congregados permanecieron en el lugar mostrando carteles y pancartas, y profiriendo gritos en denuncia por el cierre de Julemendi y en favor de una solución democrática. Una vez acabado el pleno, los ediles les informaron a los congregados que habían llamado a la Ertzaintza, pese a lo que no cesaron en su protesta. Los agentes no llegaron a entrar en la Casa Consistorial. Posteriormente, cerca de 80 ciudadanos se movilizaron de nuevo en la localidad vizcaina para mostrar su repulsa ante los hechos, e informaron que tienen intención de proseguir con las protestas. Ante la «herriko» En este contexto, una nueva movilización similar tendrá lugar en la jornada de hoy, a las 20.00, ante Julemendi Kultur Elkartea, cuya clausura ha ordenado Grande-Marlaska. Para mañana, a su vez, está prevista una compare- cencia ante los medios de comunicación. Se celebrará en ese mismo lugar.
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