El siglo XX es una prueba directa. Entre 1901 y 2001, sin contar el período de la Guerra Civil y algunos años en los que faltan datos, se produjeron en el Estado español un total de 56,8 millones de accidentes de trabajo con baja y 85.001 muertos por las malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone una media anual de 944 accidentes mortales al año. En los últimos diecisiete años en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa se han producido 1.058.180 accidentes de trabajo oficiales con baja laboral, a los que habría que sumar los que tuvieron los trabajadores autónomos y otros que no entran en las estadísticas de los organismos dependientes de la Administración Pública.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que la población ocupada vasca no supera 1,2 millones de trabajadores y los asalariados se sitúan en el entorno de los 850.000 personas, lo que quiere decir que una parte muy importante de la población laboral ha sufrido en apenas diecisiete años una baja derivada de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

En ese período de tiempo, en Euskal Herria fallecieron, al menos, 2.495 trabajadores a causa del trabajo, es decir 147 trabajadores al año de media, y otros 16.151 resultaron heridos graves, de los cuales las dos terceras partes no han podido volver al puesto que dejaron antes del accidente porque están incapacitados en mayor o menor medida.

Un estudio estadístico de la Fundación BBVAampara esos datos y confirma que los últimos cien años fueron, también en el mercado laboral, un drama para los trabajadores que, al final, son quienes soportan las peores condiciones de trabajo y seguridad laboral, dado que los empresarios de antes y los de ahora se preocupan más por más beneficios económicos que por garantizar un lugar de trabajo en condiciones de seguridad y salud adecuadas, como indica la legislación en materia preventiva. Existen, al menos, tres características destacadas del siglo de la siniestralidad laboral: un subregistro de accidentes de trabajo; el importante número de mujeres afectadas por accidentes de trabajo, teniendo en cuenta su presencia reducida en el mercado laboral hasta la última parte del siglo pasado; y que la elevada precariedad, la falta de formación y las largas jornadas de trabajadores incidieron en el pasado de la misma manera que lo hacen en la actualidad, ya que son protagonistas del aumento de los accidentes de trabajo.

Subregistro de accidentes

El apartado de «Trabajo y Relaciones Laborales» de la Historia Estadística española está realizado por Jordi Maluquer de Motes y Montserrat Llonch, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambos reconocen que la reglamentación de la Ley de Accidentes de 1900 (Real Decreto de 28 de julio) introdujo el sistema de notificación del accidente de trabajo, ya que «el empresario debía dar parte a la autoridad gubernativa del accidente acaecido». En ese caso, «la información recogida por los gobernadores civiles provinciales se remitía al Instituto de Reformas Sociales (IRS)que se encargaba de la elaboración estadística», indica el estudio.

El IRScriticaba la dificultad en la recepción de información estadística completa. «Según los datos de ese instituto en 1905, los datos recibidos de accidentes mostraban un subregistro respecto a otras fuentes del 30%, sin tener en cuenta el nivel de cobertura real de la protección de accidentes laborales». Más adelante «mejoró» el control estadístico con dos decretos de 1922 y 1932 en los que se obligó a los empresarios «a asegurar a sus obreros ante la eventualidad de incapacidad permanente o muerte y se amplió este derecho entre los trabajadores agrarios». En la actualidad, por ejemplo, los agentes sociales se quejan de que en los datos oficiales no se encuentran todos los accidentados, una veces porque son autónomos o inmigrantes, y, en otras ocasiones, porque realizan acuerdos individuales con los trabajadores lesionados para evitar que las estadísticas de siniestralidad les perjudiquen.

Trabajadoras afectadas

Otro dato destacado del análisis del siglo de siniestralidad es el importante número de trabajadoras afectadas, teniendo en cuenta su menor presencia en el mercado laboral hasta la última parte del pasado siglo. Según los datos estadísticos, entre 1907 y 2000, 3,6 millones de mujeres se vieron afectadas por accidentes de trabajo.

En el análisis se pone de manifiesto que durante la década de los años cincuenta la accidentabilidad en el Estado español «no sólo creció aceleradamente en términos absolutos, sino que el índice de incidencia ­la proporción de accidentes en relación con la población asalariada expresada en miles­ se duplicó entre 1950 y 1960, al pasar de 59,7 al 126,4 bajas laborales por cada mil trabajadores y se mantuvo elevada durante la primera mitad de los años setenta, 124,5 accidentes por cada mil trabajadores». En este caso, Maluquer de Motes y Llonch reconocen que la trayectoria negativa de los accidentes de trabajo obedeció principalmente a los cambios en la estructura productiva. «La culminación de la industrialización supuso un aumento de empleos en el sector industrial, el de mayor incidencia de la siniestralidad. A su vez, entre 1955 y 1965, el intenso proceso de mecanización de la producción fue paralelo a una débil formación de los trabajadores, lo que explica que el 27% del total de los accidentes correspondiese a obreros jóvenes menores de 25 años».

En el estudio de la Fundación BBVA se reconoce «la evolución creciente desde la década de los años veinte hasta mediados de los años cincuenta». La información estadística confirma que entre 1922 y 1955, el número de accidentes con baja laboral pasó de 73.926 a 522.350, lo que indica una tasa de crecimiento anual acumulado del 6,1%. Más tarde, con la expansión económica en plena dictadura franquista «la siniestralidad laboral entre 1955 y 1974 registró una expansión sin precedentes».

En este caso, el estudio destaca que la pauta en la siniestralidad laboral en el siglo pasado fue «una elevada aceleración del número de accidentes en las etapas de crecimiento económico, en especial durante las fases iniciales».

Jordi Maluquer de Motes y Montserrat Llonch aportan un dato esclarecedor en este aspecto: el número de riesgos laborales se duplicó durante la década de los años cincuenta, ya que se pasó de un promedio anual de 477.224 accidentes entre 1951 y 1955 a 920.086 entre 1956 y 1959. «En el período de 1961 a 1974 la media quinquenal superó levemente el millón de siniestros», constatan los autores del estudio. En el análisis de la incidencia de los accidentes de trabajo entre 1977 a 2000 se constata que se ha reducido en general del 90% al 75,9%.

En 1985 se produjo el nivel más bajo de la incidencia de la siniestralidad en jornada de trabajo de los últimos veinticinco años del siglo pasado. En cuanto a los accidentes mortales por cada cien mil trabajadores expuestos, en 1977 fueron 23,5 y en 2000 se redujo hasta los 12,8 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores.

Entre estos datos destaca, de todas formas, que tras la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995, aunque entró en vigor febrero de 1996, la incidencia de la siniestralidad apenas ha variado en cuanto a los accidentes mortales y, en cambio, ha aumentado en la incidencia de las bajas por accidente.

Industria, mas accidentes

En el trabajo se analiza la mortalidad laboral por sectores de actividad desde 1951 a 2000. En ese plazo, se registraron tres de cada cuatro accidentes mortales desde 1901 a 2001.

En esos cincuenta años, en el sector de la Agricultura fallecieron 8.182 trabajadores, un 13,6%; en el sector industrial la mortalidad alcanzó a los 20.468 trabajadores, el 34,15%; mientras que en el sector de la Construcción fallecieron 15.579 trabajadores, un 26%, y otros 15.706 trabajadores, del Sector Servicios.

Entre sus conclusiones, el informe sobre la siniestralidad indica que «los trabajadores más jóvenes sufren mayor riesgo de accidentes, aunque la incidencia de la mortalidad es menor». También recuerda que la siniestralidad laboral sigue concentrándose en determinadas ocupaciones, «siendo su repercusión mayor entre los peones y especialistas de la Construcción y la Industria del Metal».

Los datos muestran que el problema de la siniestralidad laboral tiene unas consecuencias muy alarmantes entre la población ocupada, pero también provoca que no se trabajen una serie de jornadas, lo que supone una elevación del coste laboral en las empresas.

Hace unos pocos días, las empresas constructoras de Bizkaia señalaron que cada accidente grave tiene un coste para el empresario de 20.700 euros. Según el estudio del BBVA, entre 1983 hasta 2005, en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa se dejaron de trabajar 36,2 jornadas de trabajo a causa de los accidentes y de las enfermedades profesionales. -

BILBO