Iñaki URIBARRI | ESK

CCOO y UGT van a firmar la sexta reforma laboral la próxima semana. Es la opción que mejor les salva la cara después de haber pasado un año negociando con la patronal CEOE y el Gobierno español, al margen de cualquier proceso de información y participación de la gente trabajadora y excluyendo de sus perspectivas la posibilidad de la movilización para mejorar su relación de fuerzas cara al pacto.

Poco importa que el contenido del acuerdo tenga poca enjundia para tan largo proceso y tanta parafernalia como se ha montado con esta reforma laboral. La firma era obligada, porque abre la puerta a nuevos pactos que irán cayendo en breve (la reforma de la Seguridad Social será el próximo).

Por otro lado, si con el primer Gobierno de José María Aznar se vivió una luna de miel que tuvo su punto álgido en la reforma laboral pactada en 1997, no sería lógico negársela al Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

Nos venderán lo que firmen poniendo por delante, exagerando lo positivo y quitando importancia a lo negativo. Ocultarán lo que reivindicaban en el documento que presentaron en abril del año pasado, ya que les descalificaría por la firma que van a hacer. Y, sobre todo, se olvidarán del balance de la reforma que pactaron en el 97.

Resulta evidente el fracaso de las políticas destinadas a reducir la temporalidad, articuladas a través de un sistema de bonificación a los empresarios.

En el periodo comprendido entre 1997 y 2006 (previsiones de gasto para este año), el 60% (17.323 millones de euros, casi 3 billones de pesetas) del presupuesto del INEM se gastó en este tipo de fomento de empleo.

Un auténtico e innecesario regalo al capital para crear empleo precario, en una larga coyuntura de auge cíclico que, en cualquier caso, les hubiera exigido aumentar las plantillas.

Ese fracaso no se constata solo cuando se mira la temporalidad. Se ha degradado tanto el empleo que su reflejo en los salarios, por ejemplo, es brutal. Los salarios medios en el Estado español por hora trabajada equivalen al 64,1% de la Unión Europa de los Quince.

Las bases medias de cotización de las contrataciones que se han realizado en los últimos años, son un 37,4% inferiores a las bases medias de las contrataciones preexistentes. Dos millones de personas tienen salarios que no superan los 600 euros mensuales.

Un análisis honesto de esta nueva reforma laboral, debe contar con la perspectiva temporal obligada de las dos últimas décadas (la primera reforma la padecimos en 1984 y después nos han caído las de 1992, 1994, 1997 y 2001). El veredicto de esta historia reciente es inapelable: pierde la gente trabajadora y ganan los empresarios.

Las pérdidas se pueden observar desde todos los ángulos. Afectan a la calidad del empleo y a los derechos laborales y afectan, también, a la debilidad de las fuerzas para enfrentarse a una patronal cada vez más envalentonada, reivindicativa e insaciable.

Frenar el deterioro cosechado en estos años y empezar a revertirlo no es posible mediante pactos con los empresarios y el Gobierno. Las medidas radicales que se necesitarían implementar (en el terreno de los cambios legislativos y en el de los cambios administrativos) jamás serán aceptadas por éstos. La lógica del pacto exige partir de una filosofía común.

El documento de los expertos, con el que se inauguró esta reforma (enero 2005), lo deja meridianamente claro: hay que buscar medidas que hagan compatible la seguridad que reclaman los trabajadores y trabajadoras y la flexibilidad que demandan los empresarios y empresarias.

Quizás si partiéramos de cero cabría buscar ese punto medio, pero la realidad es que la flexibilidad campa a sus anchas y la seguridad del empleo se encuentra en preocupante retirada. ¿Por qué habrían de aceptar los empresarios un pacto en el que perdieran lo conseguido hasta ahora?

Los frutos de esta reforma serán tan amargos como los de las anteriores. Seguramente en el corto plazo disminuirá la temporalidad, pero será a costa de la extensión del contrato de fomento de la contratación indefinida, que está llamado a acabar con el contrato fijo histórico (45 días de indemnización, con tope de 42 mensualidades).

Quieren que nos acostumbremos a llamar indefinido a un contrato que no lo es, que dura mientras duran las subvenciones a los empresarios. Aspiran a que nos olvidemos de lo que teníamos y asumamos la nueva realidad del empleo que impone el neoliberalismo: degradado en cuanto a derechos y confuso en la realidad, entre su carácter temporal e indefinido. -