El 27 de junio de 2002 el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar aprobó la Ley Orgánica de Partidos Políticos, un eufemismo legislativo con el que se intentaba ocultar su claro carácter antidemocrático, ya que, lejos de «facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política», lo que se pretendía ­y ninguno de sus promotores lo ocultó entonces­ era proceder a la ilegalización de una formación política que representa a un amplio colectivo de ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria. Esta ley fue fabricada ad hoc en el marco del Pacto PP-PSOE, un foro «no institucional» cuyo acta de nacimiento fue suscrita por el hoy presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su calidad de secretario general del PSOE.

A partir de entonces es más evidente que en Euskal Herria está vigente el estado de excepción, ya que una ley excepcional impide a la ciudadanía vasca desarrollar libremente la vida política, prohíbe la participación electoral en igualdad de condiciones a una opción política, persigue policial y judicialmente a sus representantes, prohíbe sus actos...

Sin duda, la situación política ha cambiado mucho en Euskal Herria. Pero tampoco hay duda de que el Estado español ha cambiado muy poco, o nada, sus actuaciones respecto al conflicto político. Las manifestaciones de Rodríguez Zapatero, anunciando una próxima iniciativa de gran calado, no pueden ocultar el valor de los hechos. Desde que ETA hiciera pública su declaración de alto el fuego permanente para impulsar un proceso democrático, el 22 de marzo, se han registrado más de veinte detenciones ­cuatro bajo incomunicación, dos de ellas con denuncias de torturas; y los últimos arrestos, ayer a cargo de la Ertzaintza­, siete extradiciones, continúan los controles de las FSE... y ayer, con el impulso de la propia Fiscalía, la Audiencia Nacional española arremetió de nuevo contra la Mesa Nacional de Batasuna. Ese parece ser el «tutelaje» que el Gobierno español pretende mantener sobre un proceso que, precisamente por ese tipo de actuaciones, tendrá que sortear, con el riesgo que ello supone, más obstáculos de los previstos.

El Estado español debe desactivar ese «tutelaje» cuanto antes ­ya sea aboliendo leyes o desactivando sus consecuencias­, y los agentes vascos no pueden perder el tiempo mirando hacia La Moncloa, sino que deben activar una respuesta contundente a los ataques que está sufriendo el proceso. -