MADRID
El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska ha citado, a instancias del fiscal Juan Moral, a ocho miembros de la Mesa Nacional de Batasuna para que acudan a declarar a Madrid los días 30 y 31 en relación a una comparecencia registrada el 24 de marzo en el hotel Tres Reyes de Iruñea en la que estuvo presente la nueva dirección de la formación abertzale. Esa comparecencia fue convocada para exponer la posición de Batasuna ante el anuncio de alto el fuego por parte de ETA apenas dos días antes, y a la misma asistió una amplia representación de medios de comunicación, tanto vascos como españoles y de otros países europeos.Así, Grande-Marlaska ha citado para el día 30 a los mahaikides Juan Kruz Aldasoro, Pernando Barrena, Joseba Per- mach y Joseba Alvarez, mientras que ha llamado para el día siguiente a Arnaldo Otegi, Jon Gorrotxategi, Karmelo Landa y Rufi Etxebarria.
Según el escrito elaborado por el fiscal Moral, los imputados habrían incurrido en «una reiteración delictiva» al contravenir el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 [el propio Grande-Marlaska] del pasado 17 de enero que suspendió cualquier actividad de Batasuna dentro de la causa que investiga «la financiación de ETAa través de las herriko tabernas controladas por la organización abertzale».
En su informe, el representante del Ministerio Público recuerda que el auto de suspensión de actividades de Batasuna impide «a las personas que forman dicha organización la posibilidad de realizar acto alguno en su nombre».
El fiscal considera que la comparecencia de Iruñea fue en realidad «la presentación de la Mesa Nacional», lo que, a juicio de Moral, «viene a ser una vulneración de la resolución y la continuación de la actividad delictiva que dio no sólo lugar al procesamiento, sino también a la suspensión de actividades de dichas entidades». Sin embargo, en la rueda de prensa en ningún momento se hizo mención a la conformación de una nueva dirección; el objetivo fue otro, hacer pública una declaración de la formación abertzale relativa a la nueva situación.
Moral agrega que los efectos de la suspensión de actividades de Batasuna sólo pueden alcanzar a «aquellos que, por estar inmersos en la causa penal, tienen acreditado ser conocedores de la obligación derivada, de su participación criminal y de la imposibilidad de efectuar dichos actos».
Por tanto, el fiscal de la Audiencia Nacionalconsidera que estaobligación no tiene efecto para «el resto de personas que participaron en la presentación de la Mesa Nacional de Batasuna, dado que no existe constancia de que sean conocedores formalmente del alcance de las resoluciones dictadas» por el tribunal especial.
Fianzas de miles de euros
En mayo de 2005, Grande-Marlaska procesó a Arnaldo Otegi por un delito de «integración en organización terrorista» y le impuso una fianza de 400.000 euros para eludir la prisión. A esta cantidad se sumaron otros 250.000 euros que Otegi tuvo que depositar a finales de marzo, tras volver a declarar ante el juez, que le acusó de «haber reincidido en el delito como inductor de 108 actos violentos» cometidos durante la jornada de huelga del 8 de marzo. En su informe, el fiscal Moral usa las tesis del juez Garzón para insistir de nuevo en que «los imputados utilizan la red de herriko tabernas como instrumento al servicio de ETA-Batasuna». Para ello, dice que se de- signa un órgano de carácter unipersonal, el coordinador nacional de herrikos, un cargo subordinado a Batasuna que asume la dirección ejecutiva de toda la red;y otro, de carácter colegiado (la denominada Comisión Nacional de Herrikos) compuesta por cinco personas con cargosde responsabilidad en la organización ilegalizada, algunas de las cuales forman parte de la Mesa Nacional».
Mientras tanto, el grupo parlamentario del PPen Gasteiz registró ayer una pregunta al consejero de Educación, Tontxu Campos, en la que pide explicaciones por la charla que Arnaldo Otegi dará hoy al mediodía en el campus de Leioa junto a Marije Fullaondo. Su parlamentario Santiago Abascal consideró que «es un despropósito ceder espacio de la universidad a quien exalta, jalea y justifica los asesinatos de ETA».
Ainara LERTXUNDIDONOSTIA
Gestos serios, de intensa preocupación. Así comparecieron ayer por la tarde en Donostia Jon Gorrotxategi, Joseba Alvarez, Karmelo Landa, Joseba Permach, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Rufi Etxebarria y Juan Kruz Aldasoro tras conocer que el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska los ha citado para los días 30 y 31 de mayo.
Como viene siendo habitual, había una gran expectación mediática por conocer la valoración de Batasuna. Arnaldo Otegi fue claro y directo: «Estamos ante una situación de extrema gravedad y así no se construye un proceso de solución».
El jueves, en la misma sala en la que ayer comparecieron los dirigentes de Batasuna, el propio Otegi y Joseba Alvarez habían exigido ya al Estado español que «ponga fin a la dinámica represiva y a esta carrera de autos contra la izquierda abertzale». «Si realmente se quiere avanzar en el proceso tienen que terminar todas las actuaciones judiciales», advirtieron añadiendo que «quienes justifican y amparan actos represivos están planteando una dinámica de sabotaje que busca la destrucción de esta oportunidad»
Apenas 24 horas más tarde, ayer tarde volvieron a convocar una rueda de prensa para alertar de «la gravedad» del momento y reiterar que «la izquierda abertzale por sí sola no puede construir un proceso de resolución».
«No más discursitos»
«El delito cometido por los aquí presentes, incluso no por todos, fue convocar a la prensa en un hotel para hacer llegar a la opinión pública vasca e internacional la valoración de la Mesa Nacional sobre el alto el fuego de ETA. Esto es algo muy subversivo», comentó Otegi.
Acto seguido, dejó claro que estas nuevas citaciones son «un episodio más en una rueda inacabable» y que no se trata de una «pugna jurídica» entre la Audiencia Nacional «heredera del Tribunal de Orden Público» y Batasuna. «Esto es una pugna entre quienes estamos trabajando con responsabilidad por construir una solución democrática para este país y quienes la quieren sabotear, destruir y abortar. Sencillamente, eso es lo que está en juego y hay fuerzas poderosas que van en esa dirección», resaltó. La formación independentista reiteró que el único objetivo de la Audiencia Nacional es «mantener una represión estructural, intensa y continua contra la izquierda abertzale y el proceso en Euskal Herria».
Una vez más, reclamó el fin de «las actuaciones represivas» porque «así no se construye ningún proceso de solución. Así lo único que se construye es crispación y confrontación».
«Si todos estamos de acuerdo en que hay buscar una solución democrática en torno a una mesa de diálogo, lo que no puede ser es que una fuerza política que es imprescindible sea golpeada permanentemente por estructuras judiciales del Estado español», concluyó Otegi.
Dirigiéndose al Gobierno de Zapatero, remarcó que «es su tarea y responsabilidad impedir que estas cosas sucedan». Subrayó también que «no permitiremos más discursitos sobre el Estado de Derecho, porque bastante paciencia hemos demostrado en estos meses».
«Aquí no está en juego el Estado de Derecho sino la construcción de una solución democrática», insistió. «Hemos dado pruebas fehacientes de paciencia infinita y de responsabilidad política total, pero sólo sobre esa base no se va a cons- truir un proceso», añadió Otegi.
Llamamiento a la reflexión
«Y si alguien piensa o sigue pensando que el mantenimiento de una estrategia de voluntad de superar el conflicto político es compatible con la represión se equivoca plenamente», afirmó el portavoz abertzale.
Por ese camino, agregó Otegi, «únicamente se construyen justificaciones para más conflictos. y eso es lo que realmente no desea la izquierda abertzale».
Batasuna concluyó recalcando «la existencia de una posibilidad real de resolución y la necesidad de consolidar el diálogo multipartito».
Eso sí, reiteró que «un proceso de solución no se construye exigiendo responsabilidades sólo a una de las partes» y emplazó a los agentes políticos, sindicales y sociales del país y, en general, a la ciudadanía a reflexionar sobre este mensaje.
ANV, por su parte, destacó que «no podemos estar todas las semanas con ataque policiales y judiciales no sólo contra la izquierda abertzale sino contra el proceso de pacificación y normalización». Exigió al PSOE la inmediata derogación de la Ley de Partidos Políticos y la suspensión «de estos ataques represivos que no tienen ninguna lógica».
Junto a ello, esta formación añadió que «el PSOE todavía tiene que hacer un gran trabajo en el seno de los aparatos del Estado para posibilitar que lleguemos a una situación de paz y normalización política».
