BILBO

Los portavoces del organismo antirrepresivo Julen Larrinaga, Juan Mari Olano, Jon Enparantza, Alaitz Bidaurrizaga y Joxean Agirre comparecieron en rueda de prensa en Bilbo para presentar un informe que recoge «datos represivos» desde el pasado 22 de marzo, fecha en la que ETA anunció el alto el fuego permanente. En él se constata que «la situación de no- democracia en Euskal Herria no ha cambiado para nada, sino que en algunos conceptos se ha incrementado incluso».

Concretamente, el dossier refleja datos referentes a varios ámbitos represivos, tales como los controles policiales, los arrestos e incomunicaciones, los accidentes de allegados de presos polí- ticos vascos o los juicios llevados a cabo en estas semanas contra ciudadanos vascos.

Tras informar detalladamente de todo ello ante la prensa, Julen Larrinaga extrajo como conclusión que «la permanencia y la continuidad de esta situación excesiva tiene que encender la alarma roja en Euskal Herria».

Volvió a apuntar además a la «inexistencia de Estado de Derecho», a la «situación de militarización» y a la «negación de la existencia de represaliados políticos» como los principales problemas que padece todavía Euskal Herria.

Ante tales situaciones, recordó que Askatasuna aboga claramente por otros tantos procesos resolutivos: «el de la res- titución democrática en Euskal Herria, el de la desmilitarización, así como el del reconocimiento del carácter político de los represaliados». A su vez, incidió en que todo ello debe plasmarse en la agenda política, y ser impulsado también por la ciudadanía vasca.

También Juan Mari Olano intervino en la comparecencia para calificar los datos del informe de «tremendos, a la vez que constatables». El portavoz indicó que la última decisión de la organización armada, además del trabajo y la lucha llevada hasta esa fecha por parte de los ciudadanos vascos, fue la que motivó que tras el 22 de marzo se abriera «un escenario político esperanzador» de cara a construir un proceso democrático. Pero lamentó acto seguido que los estados español y francés no hayan dejado de imponer su voluntad a los vascos.

Acto seguido, Olano resaltó que no toda la responsabilidad recae en los mandatarios de Madrid y de París, denunciando así la postura del PNV, y más en concreto la de Josu Jon Imaz, presidente del EBB. Censuró que últimamente los jeltzales «pasan más tiempo en Madrid que en Euskal Herria», y alertó de que esa formación puede «tener la tentación» de volver a hacer, como en 1979, «un pacto en nombre de todos los ciudadanos vascos con el Estado» atendiendo a «intereses exclusivamente partidistas». En este contexto, también criticó la actitud de la Ertzaintza, citando como ejemplo que actúa de «chivato» para la Audiencia Nacional española, en alusión al informe que recientemente trasladó al juez Fernando Grande-Marlaska sobre 40 herriko tabernas.

Olano reiteró que «es necesario acabar con la política represiva» y toda la maquinaria que mantienen vigente los estados para que se pueda emprender un proceso democrático.

Movilizaciones el 2 de junio

«Crear las condiciones democráticas no sólo está en manos de los agentes, sino que también cada hombre y mujer debe asumir esa responsabilidad», puntualizó además.

Sigue la vista del 18/98 y se vetan actos y asambleas
Dentro de la negación de derechos civiles y políticos de los ciudadanos destacaron cómo el juicio por el sumario 18/98 cumple la semana que viene seis meses desde su inicio. Indicaron que catorce actos políticos (asambleas de Batasuna, ongi etorris a presos...) han sido prohibidos, tanto por la Audiencia Nacional como por Interior de Lakua; la herriko taberna de Zamudio ha sido clausurada, y seis personas han sido citadas a declarar por convocar movilizaciones contra la política carcelaria.

Dieciocho juicios en dos meses por hacer pancartas o pintadas
Criticaron también que en nada ha variado «la situación de militarización evidente» y de «persecución policial» que sufre este país. A este respecto, por ejemplo, mencionaron las identificaciones a ciudadanos, explicando cómo las mismas suelen derivar en juicio. Así, estos dos últimos meses se han realizado un total de dieciocho vistas orales ­con petición de multas o ingreso en prisión en algunos casos­ por hechos tales como hacer propaganda, pintadas o portar una pancarta.

Los controles ascienden al menos a 180, algo «inédito»
En lo que a la presencia policial en las calles y carreteras de Euskal Herria se refiere, el organismo antirre- presivo incidió en que ha habido un incremento notable. A modo de ejemplo, han contabilizado un total de 180 controles en las carreteras ­la mayoría de los mismos efectuados por la Guardia Civil­, aunque calculan que la cifra podría superar fácilmente los 200. «Es una cifra inédita, en tanto que triplica o cuadruplica las cifras que manejábamos desde hace tiempo», puntualizaron.

Cerca de un millón de euros depositados solamente en fianzas
A la hora de hacer balance de las medidas represivas de los estados español y francés contra la ciudadanía vasca, el informe presentado ayer tampoco olvida lo relacionado con los gastos económicos. En concreto, denunciaron que calculan que cerca de un millón de euros han sido depositados desde marzo en fianzas impuestas por los tribunales. Tal y como censuraron ayer los portavoces, la citada cifra no es más que una evidencia de «una clara extorsión económica».

Ni una repatriación y cinco accidentes más camino a prisión
La situación en las prisiones españolas y francesas tampoco ha variado «ni un ápice» en lo que respecta al Colectivo de Presos Políticos Vascos. Muestra de ello es que se han realizado 26 traslados por cambios de destino, pero en ninguno de los casos se ha traído a los presos a Euskal Herria. La dispersión, por su parte, ha causado cinco accidentes de tráfico de familiares y allegados. Prosiguen también las medidas de castigo como el aislamiento o las restricciones de comunicaciones.

La «doctrina Parot», aplicada contra tres prisioneros más
La denominada «doctrina Parot», puesta en marcha para mantener a los presos políticos en la cárcel tras cumplir las condenas impuestas, ha sido aplicada a otros tres prisioneros desde el 22 de marzo: Iñaki Gaztañaga ­aplazando su liberación hasta 2018­, Txomin Troitiño ­encarcelado así hasta 2017­ y Joseba Artola, que tampoco podrá abandonar la cárcel hasta 2016. De este modo, en los tres casos deberán cumplir sendas condenas íntegras de un total de 30 años de prisión.

Siete ciudadanos vascos han sido ya extraditados
Askatasuna denunció siete casos en los que otros tantos ciudadanos vascos han sido extraditados al Estado español. Aclararon que el informe hecho público ayer sólo recoge los datos que se conocían hasta el miércoles, constatando un solo caso, por lo que ahora deberá ser modificado tras enviar las autoridades mexicanas a Madrid Jon Artola, Ernesto Alberdi, Axun Gorrotxategi, Asier Arronategi, Félix García y Joseba Urkijo. Ayer, además, se dio luz verde a la entrega de Xabier Lareki.

Dos denuncias de torturas y cuatro incomunicaciones
Según Askatasuna, en la mañan de ayer eran ya 16 los ciudadanos arrestados en estos dos últimos meses por cuestiones políticas. Cuatro de ellos padecieron la incomunicación, de la que han derivado, además, dos denuncias de torturas ­Ibon Meñika y Sandra Barrenetxea­. Otros 16 arrestos se han llevado a cabo por motivos como participar en movilizaciones populares. «Ante cualquier problema, aquí no se cita a la gente a los tribunales; se le detiene y se le lleva a comisaría», censuró.

Censuran que el PNV otorga un «cheque en blanco» a Madrid
Juan Mari Olano advirtió ayer de que determinadas posturas políticas pueden «pudrir» el proceso. Criticó así con dureza la conducta del PNV, a quien reprochó que ofrece «un cheque en blanco» a Zapatero para que éste «lleve como quiera» el proceso de Euskal Herria, lo que tildó de «muy grave». Indicó que el presidente español intenta «ganar tiempo» y «coger el control del proceso desde Madrid». No obstante, el portavoz de Askatasuna insistió en que son los ciudadanos vascos «los actores principales y únicos», a la vez que el «epicentro del proceso sólo debe estar en Euskal Herria. ¿A qué tiene miedo Imaz, a los vascos?». -