A lo largo de los últimos años dos convicciones han ganado terreno en la sociedad vasca. Por un lado, se ha fortalecido el diagnóstico que entiende que los marcos políticos vigentes están agotados. Por otro, se ha extendido la convicción de que el derecho de autodeterminación es el instrumento fundamental para la resolución del conflicto político.

El debate político, sin embargo, está centrado en una cuestión que nos parece instrumental, como es la constitución de la mesa, o mesas, de diálogo multipartito. El diálogo y el acuerdo políticos entre fuerzas con visiones nacionales distintas pueden ser necesarios para avanzar en la normalización política, pero con la actual correlación de fuerzas del mundo abertzale creemos que el debate sobre la soberanía difícilmente puede dilucidarse satisfactoriamente en ese ámbito negociador. A esto se añade que el pacto patrocinado por PP y PSOE, que sostiene que la soberanía reside en el pueblo español, sigue plenamente vigente.

Si nuestro análisis es correcto, a las fuerzas abertzales se les presenta una alternativa: prolongar el modelo estatutista sujeto, en definitiva, a la soberanía del Estado; o impulsar un proceso autodeterminista que, partiendo de la suma de mayorías sociales y políticas, posibilite una confrontación democrática por el ámbito vasco de decisión. Esta segunda es nuestra hipótesis de trabajo: ni España renuncia a su pacto de estado secular según el cual «la soberanía nacional reside en el pueblo español (CE 1.2)», ni los soberanistas renunciamos a la creación y puesta en marcha de un frente por el derecho de autodeterminación.

Porque yendo al debate en los términos que se está planteando, afrontar las raíces políticas e históricas del conflicto desde un acuerdo de élites, requeriría por parte del Estado otro talante y otra cultura política. Ninguna de esas dos cosas, especialmente la segunda, se improvisa. Es más, el actual debate territorial muestra el rotundo fracaso de la transición política en el Estado en términos de maduración política y democrática: la idea de un Estado español uniforme y centra- lizado sigue siendo predominante en el discurso políticamente correcto.

En lo que a nosotros se refiere, por todo ello, necesitamos un recorrido previo en clave convergente entre quienes compartimos el mismo horizonte estratégico de construcción nacional. Desde el punto de vista del autogobierno, el Estado no puede imaginar ni admitir nada más que un cierto nivel de descentralización tutelada. No nos engañemos, el actual modelo de Estado es compartido en sus elementos básicos tanto por el PP como por el PSOE. El cepillado del Estatut no lo ha hecho el PSOE buscando complacer o rebajar la presión del PP. Lo ha hecho por propia convicción, por fidelidad a su propio modelo, a su propio consenso organizativo, ideológico y territorial. Y así se ha ganado el aplauso de las Juventudes Socialistas, dónde, y en Barakaldo.

Pero como señala Salvador Cardús, «Zapatero ha revelado el engaño. Precisamente se hacía un Estatut para evitar tener que estar pendientes de la generosidad del Gobierno español... pero la generosidad condescendiente de Zapatero es la gran prueba del fracaso de este Estatut... Guerra podía causar enojo con su provocación pero, desde el punto de vista político, el cepillo no revestía ninguna gravedad comparado con la promesa de generosidad de Zapatero» (‘‘La Vanguardia, 14 de junio’’).

Por eso, en ELA no acabamos de entender el empeño de algunos agentes por seguir creyendo en un PSOE federalista, plurinacional... Hace sólo tres semanas Rodolfo Ares, portavoz de la Ejecutiva del PSE-EE, no dejaba lugar a dudas: «lo que los nacionalistas llaman conflicto político es, en todo caso, una reivindicación de sólo una parte de la sociedad vasca. La normalidad se conseguirá cuando acabe el terrorismo, se consolide la libertad y se respeten las reglas de juego democráticas y los derechos humanos» (‘‘Deia’’, 20 de mayo).

Pensamos que el debate estratégico debe situarse en la consulta. No una consulta de ratificación de un eventual acuerdo otorgado por el Estado. Hablamos del ejercicio del derecho de decidir de los ciudadanos y ciudadanas vascas, en quienes se deposita «la última palabra respecto de la conformación de su futuro» (según reza la Declaración de Lizarra-Garazi).

La consulta debe ser, en consecuencia, punto de encuentro de las fuerzas autodeterministas y no un arma arrojadiza o materia de enfrentamiento. Todo ello exige un enorme trabajo para prepararla, acordar su tiempo, contenidos, ámbitos y procedimientos, pactar las líneas fundamentales del trabajo de socia- lización, establecer en definitiva una hoja de ruta consensuada... Simultáneamente es fundamental que cada agente político o social vaya ajustando con coherencia las cuestiones pendientes que puedan quedarle en lo ideológico, lo orgánico y lo programático, lo cual permitirá abordar esa tarea convergente en las mejores condiciones posibles.

Nosotros creemos que el soberanismo y el neoestatutismo son incompatibles. Y pensamos que el soberanismo y el neoliberalismo también son incompatibles. Cuando afirmamos esto queremos llamar la atención sobre la política de las administraciones vascas en varios capítulos: permisividad en el fraude fiscal, recortes sistemáticos del gasto social (educación, Osakidetza...), escasa atención a la problemática de la vivienda... Nuestra crítica a las instituciones vascas no se dirige solamente al modelo (en el que habría que incluir la privatización sistemática de los servicios públicos a través de subcontratas), sino también de talante, violando reglas de juego básicas como el respeto de las mayorías en la negociación colectiva, vulnerando derechos fundamentales como la huelga a través de decretos de servicios mínimos o con intervenciones de la Ertzaintza. Entendemos que no es posible pretender, con este modelo y este talante, ampliar consensos sociales en un horizonte soberanista. Un proceso soberanista exige políticas de integración y justicia social para dotarse de credibilidad y suscitar la ilusión de las clases populares. Hay que abandonar la tentación de conducir el proceso desde un diseño elitista, porque la única garantía del mismo es una sociedad ilusionada, motivada y movilizada.

Evidentemente, tenemos que buscar nuestro propio camino, con nuestras fases, buscando obviamente nuestros puntos fuertes. Hay ejemplos que estimulan, que no se pueden copiar, pero que sí ayudan, aunque sólo sea para demostrar que hay precedentes. Tenemos que dejar de ser un subsistema del Estado y de sus políticas: en una cuestión de posición y de praxis. En la nueva Europa que se está configurando nuestra prioridad debe ser seguir siendo Unión, sin ser España ni Francia.

Québec es un referente con su reiterado ensayo de consulta; Montenegro es otro ciertamente bien distinto que sirve, entre otras cosas, para demostrar que los procesos pueden y deben ser pacíficos y que las reglas de juego democráticas constituyen la única garantía. Finlandia es otro ejemplo. Más referente tal vez de lo que a primera vista nos pudiera parecer, porque, como señalan Castells y Himanen en su trabajo sobre el estado del bienestar y la sociedad de la información, «Finlandia se ha convertido en una de las economías más competitivas y en una de las sociedades más desarrolladas tecnológicamente, al tiempo que ha sido capaz de integrarse en las instituciones europeas y en la economía mundial apoyándose en su cultura, su idioma, y su identidad nacional».

Cito a Josep Maria Colomer para afirmar que una pequeña nación puede acceder a grandes mercados, a información y redes sin necesidad de tener fronteras, aduanas, ni ejércitos propios. Hoy la verdadera soberanía, o la única posible consiste en tener un lugar en la mesa de la UE, siendo a su vez parte de esos más de doscientos países adscritos a las Naciones Unidas, dentro de esos dos tercios de países que no alcanzan los diez millones de habitantes.

Somos conscientes del lastre que supone abordar esta fase sin un acuerdo suficiente en el mundo sindical. ELA y LAB. Entendemos que es primordial ampliar la unidad de acción. Creemos que esta unidad de acción no sólo fortalece a cada una de las organizaciones, sino que dota a la mayoría sindical de una centralidad y una potencia muy superior a la suma de cada una de las partes.

Es necesario abrir una nueva fase y reconstruir una praxis convergente que abarque la negociación colectiva, el modelo de sociedad y la lucha por la resolución democrática del conflicto vasco en el horizonte de una Euskal Herria soberana. Esta praxis conformaría, más allá de las diferencias ideológicas y culturas organizativas, una mayoría sindical capaz de desempeñar un papel propio y autónomo en el ámbito social y político. -