Pueden realizarse varias interpretaciones ­que no son excluyentes entre sí, sino probablemente complementarias­ del mensaje que el Gobierno español transmitió ayer a través de “El País” .

Una lectura del mensaje ­la más inocua para el avance del proceso­ es que se trate de una cuestión de pose mediática. Que el Gobierno español, habiendo entendido que el comunicado de ETA dejaba el balón en su tejado y ante las demandas de «mano dura», haya optado por lanzar un anuncio público e indirecto (no es una declaración oficial sino una filtración, que siempre compromete menos) de que no sólo acepta lo que ve como un envido sino que apuesta dos más. Se trataría de una maniobra poco eficaz porque haga lo que haga, por mucho bigote que enseñe, el PP y sus altavoces mediáticos nunca le van a conceder su «aceptación social».

Otra interpretación ­mucho más preocupante­ es que el Gobierno español pretenda poner a los presos (cuyos derechos conculca a diario y cuyas condiciones de vida ha endurecido notablemente en los últimos meses) y a sus familiares y allegados en contra de Batasuna, acusándola de ser quien está obstaculizando un cambio de la política penitenciaria. Se trataría en ese caso de un intento de chantaje inútil. Dabid Pla, excarcelado la pasada semana, dejaba claro que el Colectivo de Presos Políticos ha visto la jugada y tiene una deter- minación. «Buscan forzar que presionemos a la izquierda abertzale y no lo lograrán», declaraba Pla. Con esta maniobra, el Gobierno español no hace otra cosa que volver a evidenciar que utiliza ilegalmente a los presos como moneda de cambio.

La tercera lectura es que Rodríguez Zapatero busca un pretexto para tratar de justificar la situación de bloqueo en la que mantiene el proceso. Pero resulta un pretexto pueril, pues en Euskal Herria a nadie se le escapa que no hay relación lógica posible entre la política penitenciaria y la legalización de Batasuna. Eso es un cuento chino. Alguien en Madrid pretende pasarse de listo. Por otra parte, es evidente que la izquierda abertzale no rehuye la legalización de unas siglas, sino que demanda que ese paso pueda darse con garantías, en el contexto de un avance en el proceso de normalización democrática del país.

Primero se decía que con un alto el fuego todo sería posible. Luego se condicionó a «la verificación». Ahora «la llave del proceso es que Batasuna acepte la Ley de Partidos». Demasiadas condiciones y pocas muestras de voluntad de avanzar. -