GASTEIZ
Los trabajadores de la empresa Fundiciones Ocáriz acuden desde el pasado 28 de agosto a la fábrica, situada en Agurain, en la que ya no encuentran nada que hacer ni material con el que trabajar. Ademas, llevan dos meses sin cobrar su sueldo. La empresa ha cesado su actividad, aunque no ha cerrado la factoría.La dirección pretende llegar a un acuerdo económico con cada uno de los trabajadores para lo que ofreció un número de teléfono de una oficina de abogados con la que ponerse en contacto para negociar la indemnización.
El comité se ha reunido con estos abogados y ha constatado que «sólo han tanteado cuánto estamos dispuestos a aceptar», por lo que ha rechazado esta alternativa y exige «una oferta válida». Su presidente, Jon Apaolaza, criticó que la empresa no haya planteado una solución global a la plantilla ni ofertas de recolocación, por lo que demandó una propuesta «más decente».
Mientras tanto, los trabajadores continúan acudiendo a la fábrica, de donde ya ha desaparecido parte del mobiliario y no queda aluminio para fundir.
El comité acudirá hoy a la Inspección de Trabajo a denunciar que algunas de las dependencias, como las oficinas, ya no son accesibles porque las puertas se encuentras cerradas con llave. Además, el viernes informarán a la Delegación de Trabajo de la situación.
Según el comité, varios encargados ya han negociado su indemnización, por lo que la actual plantilla de Fundiciones Ocáriz ha quedado reducida a una veintena de personas.
Reducción de plantilla
Esta cifra ha ido menguando en los últimos años, a través de despidos, expedientes, divisiones de la empresa y una conflictividad continuada. Así, se ha pasado de los 112 empleados de 2003 a 48 el año pasado y ahora a poco más de veinte.
Parte de la actividad de la empresa se segregó con la creación de otra, Akozem, separada incluso físicamente por un muro. Ya en 2003, la empresa presentó un expediente de regulación de empleo y sin haber acabado de negociarlo con la plantilla, despidió a siete trabajadores. Los conflictos continuaron con la negociación del convenio en la que la dirección volvió a amenazar con nuevos despidos para forzar una firma y cumplió su amenaza con cinco de ellos. Con ello se inició una huelga que duró mes y medio y dejó la pérdida de diez puestos de trabajo. Finalmente, se produjeron otros nueve despidos el pasado mes de noviembre, que afectaron a personas que llevaban hasta cuarenta años en la empresa. El comité denunció entonces que la Administración no había tenido en cuenta que la dirección ha segregado su actividad en varias empresas con lo que oculta su situación financiera. La empresa volvió a aplicar un expediente de regulación de empleo el año pasado y ya entonces el comité advirtió de que se iba a producir «un cierre inminente» fruto, en su opinión, de la mala gestión que ha provocado la caída de pedidos y pérdidas económicas.
Además, han sido reiteradas las acusaciones de «acoso» y «chantajes» en la forma de actuar de la dirección.
