IRUÑEA
El actual proyecto de centro de esquí de Larra (los de 2000 y 2003 fueron desechados por sus afecciones medioambientales, recuerda Larra-Belagua) contempla la creación de dos áreas de esquí con la construcción de nuevas pistas y edificaciones asociadas en los parajes de La Contienda y El Ferial-Zanpori, distantes varios kilómetros entre sí y catalogados como Lugares de Interés Comunitario.Las modificaciones introducidas en el último proyecto no han sido sometidas al preceptivo trámite de exposición pública, y la asociación Larra-Belagua ha denunciado ante el TSJN las «irregularidades administrativas en la tramitación del expediente».
Además, califica de «irregular» la financiación del propio proyecto, sobre el que espera el pronunciamiento de la Cámara de Comptos, y recuerda que ha formulado una denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas por el «manifiesto incumplimiento» del Derecho Comunitario.
Tras señalar que también son «ilegales» las obras de construcción de edificaciones en El Ferial, porque «ni siquiera tienen la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental», esta asociación responde al portavoz del Gobierno, Alberto Catalán, que «no es de recibo justificar las irregularidades que se están cometiendo en el hecho de que el promotor es la Junta del Valle y este proyecto es impulsado desde los entes locales».
«Lo que nos piden añade es que asumamos la defensa del modelo de desarrollo de la derecha y que aportemos ideas pero asumiéndolo».
A este respecto, Larra-Belagua recuerda que las ideas que ha aportado para el desarrollo integral de la zona «han sido boicoteadas por la Junta del Valle y por el Gobierno, a pesar de ir en la línea de proponer un proyecto ajustado a la realidad y que contemple el aprovechamiento del recurso nieve en términos racionales».
Al margen de las acciones legales emprendidas, pide la «urgente intervención de oficio» de la Delegación del Gobierno español y de la Fiscalía y Audiencia Provincial para decretar «la inmediata paralización cautelar de las obras ilegales, la apertura de diligencias informativas y su remisión al Ministerio de Medio Ambiente». «Constituye una aberración y se adentra en el ámbito de la corrupción política liquidar un patrimonio natural y económico común en beneficio de intereses políticos personales de dirigentes locales y forales del CDN. Constituye una inmoralidad y un engaño iniciar unas obras ilegales en una legislatura que se agota y dejar al futuro Gobierno un conflicto jurídico sin resolver», concluye.
