DONOSTIA
El juicio contra 25 vecinos de Tolosaldea acusados de «presionar» al alcalde, parte de la corporación y a dos abogados del Ayuntamiento de Gaztelu en 1999 continuó ayer en el Juzgado de lo Penal número 5 de Donostia con el testimonio de algunas de las personas que denunciaron haber sido acosadas, acusación que mantuvieron durante sus declaraciones.La víspera, los procesados negaron los hechos por los que se les acusa y subrayaron que el motivo de las movilizaciones que realizaron entre setiembre de 1999 y junio de 2000 era informar del despido de cinco trabajadoras municipales de la Casa de Cultura y del albergue de Gaztelu, que se encuentran entre los acusados.
El ex alcalde Juan Aranzabe, de la plataforma Gazteluko Herritarrak, afín al PNV, confirmó la existencia de «pasquines amenazantes» con su fotografía y su teléfono, así como la instalación de una tienda de campaña junto a su caserío.
Admitió que llamó a la Ertzaintza en varias ocasiones para desalojar a las trabajadoras despedidas del Salón de Plenos del Ayuntamiento y aludió a la «presión» que aquellos días había en el Consistorio, pero señaló no recordar haber escuchados amenazas del miembro de LAB José María Mujika en caso de que se suspendieran las negociaciones para solucionar el conflicto laboral.
La abogada y ex edil del PNV en Altzo, Pilar Zubiarrain, reiteró haber sido «acosada y amenazada» durante aquel conflicto y «también en estos seis años» transcurridos desde entonces, aunque admitió no haber presentado denuncias.
Aseguró haber mediado en el conflicto laboral como asesora del Ayuntamiento e indicó que en enero de 2000 su coche apareció lleno de pasquines y haber recibido llamadas telefónicas y reconoció no poder identi- ficar a quienes participaron en aquellos hechos, pero sí a quienes se concentraban ante su domicilio y de su despacho.
El concejal José María Goikoetxea declaró que «dos veces por semana» aproximadamente los acusados acudían a su casa, en Anoeta, con pancartas «amenazantes» y pasquines, y apuntó que las despedidas eran quienes hacían las pancartas, aunque dijo no saber cuál era el texto de las mismas. Relató que en Ayuntamiento se produjeron muchos encierros y que hubo que recurrir a la Ertzaintza para su desalojo.
La juez decretó la nulidad parcial de la acusación particular del abogado Ramón Begiristain por irregularidades en su presentación.
