El 25 de octubre, el juicio por el sumario 18/98 vivió uno de sus momentos más tensos. Mikel Egibar intentó hacer uso de su derecho a preguntar a testigos o peritos, amparado en la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. La presidenta Angela Murillo le ordenó silencio. Lejos de quedarse callados, los procesados llamaron «torturadores» a los peritos de la Guardia Civil. En esta entrevista concedida a GARA, recuerda esos momentos y analiza la actitud de la Audiencia Nacional con respecto a las denuncias de tortura que, en más de una ocasión, han resonado en la Casa de Campo.

­Mientras Murillo le ordenaba callar, los procesados comenzaron a llamar «torturadores» a los guardias civiles que declaraban en calidad de peritos. ¿Qué les llevó a adoptar esa actitud?

Nuestra actuación ha estado motivada y condicionada por la actitud que el tribunal ha mostrado en los dos meses que ha durado el peritaje de la Guardia Civil. Si hiciéramos un ejercicio de abstracción, si a lo largo de estos meses se hubiera sustraido la presencia y uso de la tortura, automáticamente la tesis de que «todo es ETA» se hubiese caído por su propio peso. La tortura es la pieza angular de este juicio. La defensa y mantenimiento de esta tesis ampara la tortura.

Desgraciadamente, tras esta fase pericial el uso de esta práctica ha quedado aún más afianzado y legitimado en el Estado español. El fiscal y los jueces de la Audiencia Nacional se han encargado de que así sea. Es algo bastante contradictorio con el momento político actual.

­¿Qué mensaje hubiera querido trasladar a la Sala en caso de que la presidenta del tribunal, Angela Murillo, le hubiera permitido hacer uso de la palabra?

Aunque fue una frase puesta en mi boca, fue un grito colectivo. Colectivo de todos los que estamos en este juicio, pero también de todos los que hemos sido torturados y que, por des- gracia, la denuncia ha quedado anulada o relegada a la nada. Cuando finalizó esta fase pericial y amparándome en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que otorga a los procesados el derecho a intervenir haciendo preguntas a los testigos o peritos, me levanté y solicité la palabra manteniendo todas las formas.

El tribunal no se esperaba un hecho de este tamaño y respondió por instinto, y en este tribunaln el instinto es sinónimo de represión. Por ello reclamó la presencia policial y ordenó que me sentara y callara. No obstante, mi pregunta llegó hasta oídos de los peritos de la Guardia Civil y, en concreto, al perito que reconocí como uno de los agentes que participó en los interrogatorios y torturas que padecí. A él directamente le pregunté si confirmaba lo que du- rante este juicio he repetido más de una vez; que él participó en mi interrogatorio.

­Murillo también se opuso a que hubiera un careo entre Nekane Txapartegi y usted, por un lado, y los peritos de la Guardia Civil, por otro. ¿Cómo lo valora?

La tortura es una práctica estructural. No se trata de una simple vulneración de derechos humanos entre dos personas, se hace desde una estructura político-social hacia un colectivo. En esta estructura están involucrados el Gobierno y el Parlamento español, la Audiencia Nacional, el fiscal, el médico forense, los medios de comunicación... Cuando una de estas instituciones se ve interpelada a luchar contra la tortura, de manera automática adopta una postura hermética y de defensa de la estructura que representa. Es lo que ocurrió cuando nuestra defensa solicitó un careo entre el torturador y los torturados. La Audiencia Nacional se cerró en banda y se negó a reconocer la tortura. Para un torturado lo más importante no es estar considerado como víctima sino que se reconozca su existencia, porque este hecho implica reconocer la existencia de la tortura. Y ése es el primer paso para poner fin a esta práctica. Era imposible que el tribunal aceptase el careo porque con ello estaría reconociendo que hay un torturado o torturada y que en el Estado español existe la tortura. De todas formas, en ningún momento pensamos que la Audiencia Nacional fuera a adoptar una nueva actitud de cara a lo que siempre ha utilizado como base de sus acusaciones.

­Durante semanas, el comandante de la Guardia Civil que usted identificó como la persona que al terminar el interrogatorio le quitó la capucha se ha sentado a escasos metros. ¿Cómo se ha sentido al tenerle de nuevo tan cerca, aunque ahora como «experto» perito?

Estoy seguro de que ese comandante participó en los interrogatorios y torturas, y casi con toda seguridad el resto de los peritos presentes en la sala también participaron en las torturas. Una sesión de tortura no se lleva a cabo por la acción de un policía descerebrado, sino que es algo muy estructural, metódico y con un exhaustivo seguimiento. Algunos guardias civiles actúan como aprendices, otros como expertos, y las fases se van alternando: sesión de tortura, otra de presión sicológica, adiestramiento para que aprendas la declaración... y así sucesivamente.

Estar sentado a pocos metros de estos torturadores te lleva a una situación en la que dices «hasta aquí hemos llegado». Aunque estaban frente a mí tenía la suficiente fuerza para decirles, mirándoles a la cara, que habían sido mis torturadores. Cuando una persona llega a este punto quiere decir que ha sabido relegar todo el mal causado por la tortura y que ese daño lo ha reconvertido en fuerza.

­¿Cómo se siente cuando se usan para la acusación las declaraciones hechas en dependencias policiales?

Ante todo, me gustaría remarcar el gran valor humano de los que estamos en esta causa. En todo momento sientes la solidaridad del resto de los compañeros que están ahí para ayudarte cuando el fantasma de la tortura pasa nuevamente por tu lado. Las declaraciones policiales van ligadas a un recuerdo intenso, duro y violento, y cuando salen a relucir en el transcurso del juicio los compañeros siempre te echan una mano. Quisiera destacar también la gran diferencia existente entre las declaraciones policiales y judiciales. Incluso los propios peritos han recalcado este hecho.

­¿Qué valoración le merecen las declaraciones de los peritos de la Guardia Civil?

Este juicio está dando para todo, desde el drama hasta la broma. Cuando en boca de un guardia civil torturador tenemos que oír que Peio Mariñelarena «murió por drogadicción en las cárceles francesas» [el preso vasco falleció por enfermedad]... Esa es la parte dramática, tener que oír este tipo de mentiras y manipulaciones. En la categoría de broma metería, por ejemplo, vincular a Kimuak con la tesis de que «todo es ETA». En repetidas ocasiones, los peritos han dicho que «el adiestramiento de los futuros etarras proviene de este movimiento de ocio». Es como si Euskal Herria viviera dentro de distintas burbujas que no están enraizadas en la realidad política, social y cultural de este país. Les falta, por tanto, el elemento fundamental, que todo ciudadano vasco está profundamente enraizado en la sociedad, y más aún aquél que se preocupa y toma el compromiso de defender este pueblo.

­En esta primera fase pericial se ha escuchado de todo; discursos políticos, confusiones, errores de traducción... ¿Esperaba que fuera así?

La prepotencia de «la Benemérita» siempre tiene el respaldo del resto de los estamentos. Pero ni ellos mismos se esperaban llegar a este nivel de ridículo. Mientras las preguntas corrían a cargo de la Fiscalía, se cuidaron en guardar las formas, que desaparecieron en cuanto el interrogatorio pasó a las defensas. Entonces salieron a relucir los rasgos típicos de la Guardia Civil torturadora. En más de una ocasión, mostró su prepotencia perdiendo las formas tanto con abogados como con el tribunal. -