La conocida como Ley Sarkozy, promulgada el pasado año en el Estado francés y basada en una serie de medidas fuertemente restrictivas de los derechos y libertades, está siendo fuertemente criticada en estas fechas con motivo del aniversario de las muertes de dos jóvenes, que dieron lugar a fuertes disturbios en los suburbios de gran número de ciudades del territorio francés. Estos hechos sirvieron de excusa al ministro del Interior galo para plasmar en una ley toda una serie de medidas que tienen como objetivo el denominado «terrorismo», es decir, los asuntos relacionados con grupos islamistas, corsos o bretones, además de, claro está, con la disidencia vasca.

El camino al que Sarkozy puso la guinda el año pasado, lo inició hace dos décadas Charles Pasqua, que creó la Sección 14, ahora convertida decididamente en herramienta principal del aparato judicial del Estado francés contra toda disidencia política. Pero fue el ministro del Interior Dominique Perben quien con las dos leyes que llevan su nombre aprobadas en 2002 y 2004, aumentó considerablemente el poder de los aparatos judicial y policial, al tiempo que el acuerdo de Carcassone entre los ministros del Interior galo y español, facilitaba las extradiciones y entregas de militantes de ETA y activaba los grupos policiales conjuntos. Con toda esta serie de medidas, los distintos gobiernos franceses han ido acotando los derechos hasta hacerlos prácticamente desaparecer, y el Estado francés se ha dotado de una legislación «chicle» que, esquivando lo estipulado en tratados y convenciones internacionales, es capaz de adaptarse a las necesidades coyunturales que tiene en su guerra contra las disidencias políticas que engloban bajo la denominación de «terrorismo».

En la actualidad, 149 ciudadanos vascos están dispersos en cárceles del Estado francés y, por lo tanto, están siendo sometidos a esa arbitrariedad judicial establecida por sucesivas leyes. Una arbitrariedad que tiene un objetivo claro: castigar la disidencia política a través de la aplicación de medidas de excepcionalidad, y un claro modelo a imitar: la legislación de excepción y la política penitenciaria de las que el Estado español se ha ido dotando en su lucha contra el independentismo vasco. A pesar de todo ello, los mandatarios galos siguen negando su implicación en el conflicto político que vive Euskal Herria, siguen colocándose al margen de los problemas y las posibles soluciones. Pero los hechos son más elocuentes que sus palabras. -