Ante la convocatoria de huelga de la amplia mayoría sindical conformada por STEE-EILAS, ELA, LAB y FETE-UGT al Departamento de Educación no se le ha ocurrido otra salida que decir que no entiende la razón de la misma. No lo entiende tras más de dos años de estéril negociación, 26 reuniones de mesa sectorial y varios requerimientos por la parte sindical dirigidos al propio consejero (el último el 16) sin haber recibido respuesta.Lo hemos explicado por activa y por pasiva pero no nos importa volver a repetírselo.
Durante los últimos años estamos asistiendo a un silencioso pero profundo cambio en la cotidianeidad de las escuelas e institutos. Las crecientes exigencias de la sociedad, las nuevas necesidades educativas provocadas por los cambios sociales del entorno han de ser necesariamente atendidas con más y mejores recursos, tanto humanos como materiales. Y resulta también imprescindible incrementar el reconocimiento social de los profesionales educativos, su adecuada preparación y su necesaria motivación personal y laboral. Pero casi nunca es así.
El hartazgo de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza pública con la desidia y la arrogancia prepotente que el Departamento de Educación y el Gobierno vasco en su conjunto muestran es patente. Sus condiciones laborales se han ido deteriorando progresivamente no sólo por el aumento de las necesidades a las que deben hacer frente con los mismos o, incluso, menores recursos, sino también por la propia política de recortes que la administración educativa vasca viene obstinadamente imponiendo.
El motivo de esta protesta radica en el conflicto abierto en torno a la negociación de los convenios colectivos de los diferentes sectores (profesorado, personal laboral y personal de limpieza y cocina) que desarrollan su trabajo en los centros educativos públicos. Desde el año 2003 se vienen manteniendo reuniones entre la administración y la parte sindical, sin que hasta la fecha se hayan podido materializar en el más mínimo acuerdo. Es más, ya a finales del curso pasado estos cuatro sindicatos nos levantamos de las respectivas mesas negociadoras y llevamos a cabo diversas acciones de protesta como medida de presión ante la actitud absolutamente cerrada del Departamento de Educación, que no sólo se niega a tratar cuestiones esenciales para la parte social, sino que, además, presenta unas propuestas totalmente regresivas y, por tanto, inaceptables.
Así, frente a las insistentes demandas de la amplia mayoría sindical conformada por STEE-EILAS, ELA, LAB y FETE-UGT sobre cuestiones irrenunciables (mantenimiento del compromiso de estabilidad del profesorado interino, reducciones de jornada para los/as mayores de 55 años, recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, reducción de las cargas de trabajo, disminución de las ratios, contratación de las nuevas figuras profesionales necesarias en los centros educativos, igualdad ante las jubilaciones, cobro del verano para los/as sustitutos/as laborales, equiparación del personal de cocina y limpieza con sus homólogos de la administración,...), la única respuesta de Educación es el no rotundo, cuando no la descarada imposición de decisiones unilaterales como las convocatorias de oposiciones sin ningún aval sindical, la desaparición de un compromiso de estabilidad para el profesorado interino que ha estado en vigor durante más de 20 años o el incremento de las ratios en algunas aulas y servicios, en lo que sólo puede entenderse como una provocación al conjunto de los/as trabajadores/as del sector. Varias de estas cuestiones quedaron recogidas en los acuerdos anteriores y han sido sistemáticamente incumplidas por la administración.
Durante años, los miles de trabajadores y trabajadoras han demostrado un grado de responsabilidad y compromiso con el sistema de enseñanza público muy superior al de sus gestores, garantizando la normalidad y calidad del mismo en circunstancias cada vez más complicadas.
Esa misma administración educativa, que debería reconocer adecuadamente la labor de sus propios profesionales, ha aprovechado esta circunstancia para recortar progresivamente sus derechos laborales. Pero todo tiene un límite y este ha sido sobrepasado. Todo el personal de los centros educativos públicos va a levantarse contra un Departamento de Educación que hace ojos ciegos a una realidad evidente y oídos sordos a unas reivindicaciones elementales. Sólo a él, por tanto, cabe exigirle las responsabilidades políticas y sociales sobre las perniciosas consecuencias de un conflicto sociolaboral en el sector de la enseñanza pública. -
