BEIRUT
El Gobierno libanés, mayoritariamente pro-occidental, lanzó ayer un abierto desafío a la oposición y ratificó el proyecto de ley que deja en manos del Consejo de Seguridad de la ONU la investigación de la muerte en atentado el 14 de marzo del pasado año del primer ministro, Rafic Hariri.
Debilitado por la reciente dimisión de seis ministros cinco musulmanes chiítas y un cristiano pro-sirio, el Ejecutivo del musulmán sunita Fuad Siniora, avalado por el anti-sirio Movimiento 14 de Marzo coalición entre sunitas, drusos y parte de las formaciones cristianas maronitas muestra con esta decisión su determinación de tratar de capitalizar políticamente la muerte en atentado el pasado martes del ministro de Industria, el cristiano maronita y falangista Pierre Gemayel.
El mismo martes a última hora y en plena conmoción mundial tras el atentado, el Consejo de Seguridad aprobaba por unanimidad la creación de ese tribunal internacional.
El Gabinete libanés que contó con la presencia de 17 de los 24 ministros procedió a la ratificación de este proyecto.
En una nota conjunta, los movimientos chiítas Hizbula y Amal al que pertenecen cinco de los seis ministros que no participan en las reuniones del Gobierno, aseguraron que «estamos dispuestos a aceptar la creación del tribunal internacional pero sólo si se aprueba en el marco constitucional, porque lo que no podemos es cooperar con aquéllos que violan el principio de participación».
Las formaciones chiítas recordaron que cualquier proyecto de este tipo debe contar con el aval de todas las comunidades del país, en virtud del Pacto Nacional que, para poner fin a la guerra civil libanesa, instituyó una arquitectura institucional en la que sunitas, chiítas y cristianos se reparten respectivamente la jefatura del Gobierno, la presidencia del Parlamento y la presidencia del país.
«Si la otra parte continúa violando los principios del Pacto Nacional, nosotros nos comprometemos ante los libaneses a tomar las medidas oportunas para reestablecer el respeto a la ley y a la democracia», advirtieron los chiítas, que oficialmente suman un tercio de la población realmente su proporción es todavía mayor.
Hizbula, que insiste en la necesidad de un Gobierno de unidad nacional que evite agresiones como la más reciente de Israel contra Líbano, volvió a amenazar con sacar a sus seguidores a la calle para denunciar la deriva pro-occidental del Ejecutivo de Siniora.
El también chiíta pero líder de Amal y presidente del Parlamento, Nabih Berri, coincidió en denunciar la reunión de ayer del Gabinete como «anticonstitucional». La misma opinión comparte el presidente del país, el cristiano pro-sirio Emile Lahud.
Algo de verdad habrá en ello cuando el Ejecutivo de Siniora trató ayer por todos los medios de que los ministros rebeldes volvieran al Ejecutivo. Prometió incluso retrasar durante varios días la cuestión del tribunal internacional.
No lo consiguió y decidió apretar el paso. De esta manera, dio a su vez luz verde a un proyecto para que sea el Consejo Constitucional, la más alta instancia para delitos de «terrorismo», la que juzgue el caso Gemayel.
Pero más allá de cortinas de humo y de órdagos, la ratificación del tribunal internacional que juzgará a Siria prácticamente condenada de antemano por la muerte de Hariri no supone sino un primer paso.
Y es que precisa la ratificación por parte del Parlamento Berri tiene la potestad de presentarlo o no y del presidente libanés, Lahud. Saltarse esos trámites dejaría en papel mojado el Pacto Nacional libanés.
DAMASCO
El Gobierno sirio calificó de «precipitada» la luz verde por parte del Consejo de Seguridad de la ONU para crear un tribunal internacional sobre el caso Hariri.
En un escrito enviado al secretario general, Kofi Annan, el embajador sirio ante la ONU, Bachar Jaafari, recuerda que «no sólo Siria sino otros países coinciden en que el tribunal no debería ser creado hasta que concluya la investigación».
El diputado y director del Centro de Estudios Islámicos de Damasco, Mohamed Habache, recordó que «es deber de la ONU dar asistencia jurídica a los países que la reclaman, pero nunca imponer la voluntad de un país (Líbano) a otro país (...) El Consejo de Seguridad debería consultar a los países concernidos antes de imponerles instancias jurídicas que violan su soberanía», insistió.
Habache recordó que el mismo día en que aprobó crear el tribunal «murieron 260 iraquíes sin que el Consejo se reuniera y sin que ni siquiera emitiera una declaración destacando la necesidad de abrir una investigación sobre esos crímenes (...) Tienen distintas varas de medir», añadió.
